Vox no apoyará la modificación de la ordenanza de terrazas si contraviene la ley de administraciones públicas

El grupo municipal de Vox no apoyaría en estos momentos la modificación de la ordenanza de terrazas porque, según entiende el concejal Ignacio Peña, la norma municipal contraviene la Ley de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

La causa que indica es que el texto establece la posibilidad de que los hosteleros presenten una declaración responsable previa alegando que la instalación de la terraza no genera afecciones al pavimento. Y como indica Peña, «me ofrece serias dudas», ya que el criterio es que cualquier autorización que afecte al dominio público requiere una autorización expresa.

Así, los concejales de Vox esperarán a conocer si se fundamenta de manera correcta en un informe el asunto de las declaraciones responsables para poder dar un apoyo a la ordenanza «ya que nos gustaría poder posicionarnos a favor de esta modificación».

La Comisión de Licencias se volverá a reunir de manera extraordinaria el próximo 3 de abril, como se ha consensuado entre los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, para resolver dudas y realizar aportaciones. Posteriormente, la votación para su aprobación inicial se produciría en otra reunión posterior, el 8 de abril, para encaminar la normativa municipal al Pleno de finales del próximo mes. Estos son los plazos que baraja el equipo de Gobierno, según indicaba la semana pasada el responsable del área de Licencias y vicealcalde, Juan Manuel Manso.

Por cierto, que los concejales de Vox mantienen su planteamiento de que el Ayuntamiento de Burgos es quien ha causado un problema a los hosteleros, por los retrasos en la concesión de las autorizaciones de terrazas, y es, por tanto, quien debe solucionarlo. Insisten en que una vía es dar cobertura legal a los hosteleros, en una disposición transitoria, para instalar su terraza hasta que tengan reconocida la autorización conforme a la nueva ordenanza.

Desde esta formación política, consideran que la modificación que pretende el Partido Popular tiene «más calado» de lo que se preveía de inicio, en cuanto que se modifican alrededor de medio centenar de artículos. Aseguró que el equipo de Gobierno está actuando «precipitadamente» y sin dar la palabra a entidades que tienen mucho que decir en relación con esta norma, que suele reunir buen número de alegaciones cada vez que se aprueba una renovación.

Peña llamó a la reflexión a los populares porque se corre el riesgo de que los cambios que se promueven no dejen satisfecho a ninguna de las partes por actuar con prisas. Además, recordó que la concesión de las autorizaciones sigue un ritmo todavía lento.