Los docentes exigen apoyo ante el auge de los conflictos en las aulas: "Solo hay ayuda psicológica o jurídica en los casos graves"

Las agresiones físicas, como la sufrida la semana pasada por una maestra del CEIP Padre Manjón de Burgos, son, según el colectivo profesional, apenas la punta del iceberg de la escalada de conflictividad a la que hacen frente los educadores en su día a día.

Así lo indicaban los integrantes de la junta de personal docente no universitario -órgano que representa a los funcionarios del sector en la provincia- tras la concentración simbólica con la que el CEIP Sierra de Atapuerca arrancaba, como decenas de colegios e institutos de la ciudad, la jornada lectiva del lunes.

La cita buscaba mostrar el rechazo frontal de toda la comunidad educativa al suceso registrado el 26 de junio, que se saldaba con una mujer detenida por la Policía Nacional tras protagonizar el grave altercado mencionado.

En nombre del profesorado burgalés, María José Santamaría, manifestaba su respaldo a la víctima y lamentaba que, si bien lo ocurrido no es habitual, existe una escalada de la conflictividad en las aulas ante la que los docentes están desprotegidos. Explicó que las agresiones psicológicas -como amenazas o el permanente cuestionamiento de cada decisión y calificación- son cada vez más frecuentes, mientras que los protocolos en vigor que proporcionan ayuda "solo se activan en casos graves como el reciente".

"En muchas ocasiones nos faltan recursos para gestionar de manera adecuada estas situaciones", explicaba, para denunciar que esta tensión deriva en un "incremento del estrés, los problemas de sueño, la depresión y la falta de motivación" de los profesionales del ramo.

Santamaría reclamaba en este sentido más apoyo por parte de la administración  y llamaba a los compañeros a dar traslado de estas circunstancias para que consten. "Ante las situaciones que pueden considerarse más leves, aunque están generando un gran daño en los docentes, no se inician protocolos y, por lo tanto, a veces sentimos que no tenemos tanta ayuda", subrayaba.

La portavoz de la junta de personal docente no universitario achacaba la tendencia actual a que "cada vez hay menos respeto a cualquier tipo de autoridad", en referencia al también creciente número de incidentes con sanitarios. Instaba así al conjunto de la sociedad a concienciarse sobre este problema y señalaba que "si continuamente se cuestiona el trabajo del profesorado, los menores reciben el mensaje de que ante cualquier desavenencia, que puede haberlas, los padres están de su lado y pueden hacer lo que quieran". "La tolerancia a todo tipo de agresiones tiene que ser cero", apostillaba.

Que sea un "punto de inflexión"

En la misma línea se expresaba el comunicado que resonaba en los centros educativos de la ciudad, en el que se clamaba que "ha llegado el momento de decir: ¡Basta ya!". Recordaba el texto consensuado que la Constitución Española, "en su artículo 15, recoge el derecho a la integridad física y moral, como también aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos". "En Castilla y León contamos, además, con la LEY 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del profesorado, reconociendo la consideración y respeto que deben estar siempre presentes en el ejercicio de las funciones y responsabilidades de todos los docentes. Todo ello con una misma finalidad, la de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de todo el alumnado", añadía.

Convencidos de que "el respeto, la colaboración, la empatía y el diálogo" han de ser los pilares sobre los que repose la educación para cualquier sociedad, el colectivo docente confiaba en que "esta triste noticia se convierta en un punto de inflexión que nos ayude a reflexionar y a erradicar de los centros educativos cualquier tipo de violencia verbal, física o psicológica porque, desafortunadamente, no es algo puntual o anecdótico".