López esperará al dictamen de Prepay para dejar Movilidad, pero Manso ya le pone fecha: antes del 1 de agosto

El cese del concejal del Partido Popular, José Antonio López, como máximo responsable del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Smyt) del Ayuntamiento de Burgos tras la comisión de investigación del caso Prepay aún no tiene fecha concreta de formalización. Según el propio edil, que prefiere no pronunciarse sobre lo ocurrido en relación a la deuda cercana al millón de euros por parte de la empresa, su salida se producirá en cuanto llegue el dictamen del secretario general. Por su parte, el vicealcalde, Juan Manuel Manso, se comprometió en su momento ante el resto de grupos políticos a que el plazo límite será el 1 de agosto. 

Desde Vox, que durante la comisión solicitó que el cese de López tuviese lugar en «un mes», la «responsabilidad política» del caso Prepay no solo recae sobre el PP. También sobre el PSOE, ya que la deuda contraída por la adjudicataria empezó a resultar llamativa en el anterior mandato, llegando incluso a rondar los 300.000 euros.  

Raúl Martínez, vicepresidente del Smyt cuando Vox gobernaba en coalición con el PP, se pregunta «por qué nadie trasladó al Consejo de Administración lo que pasaba». De ahí que su grupo también respalde el acuerdo, aprobado en la comisión, para depurar responsabilidades entre los técnicos si las hubiese. Según su relato, idéntico al de los 'populares', no tenía constancia de que los impagos de la empresa cuando accedió al cargo. 

Bien distinta es la versión del PSOE. Su portavoz municipal, Daniel de la Rosa, asegura que «no hubo ningún agujero millonario» durante su mandato. De hecho, insiste en que ha quedado «sobradamente demostrado» en la comisión que no se produjo «ninguna irregularidad» antes de la llegada del PP a la Alcaldía. Sobre el cese de López, «de sentido común» al considerar que «ocultó información» deslegitimando la «opinión técnica», cree que la dimisión por parte del edil hubiese sido «lo más elegante». 

Más allá de los matices de cada grupo sobre lo ocurrido, existe unanimidad a la hora de respaldar la creación de una empresa pública que gestione el servicio. En este sentido, Vox avala la propuesta al considerar, entre otras cosas, que en otras ciudades que apuestan desde hace años por dicha fórmula el perjuicio causado por Prepay ha sido mucho menor al actuarse con mayor celeridad. No obstante, el portavoz municipal de la formación verde, Fernando Martínez-Acitores, matiza que realizarán «aportaciones y sugerencias» porque, de entrada, perciben ciertas «pegas» al proyecto.

Tampoco ponen en duda desde Vox que los administradores de Prepay son unos «estafadores profesionales», máxime cuando su entramado empresarial les ha conducido a concursos de acreedores en al menos cinco ocasiones. Así las cosas, Martínez avanza que el Ayuntamiento ya se ha personado como acusación en la causa. Y aunque nadie sabe lo que pasará con el millón de euros sustraídos de las arcas públicas, se conformaría con «recuperar al menos una parte».