En pie de guerra contra la incineradora de Burgos: «Es un peligro para la salud de los vecinos»

La plataforma Burgos sin incineradora luchará hasta el final, desde distintos frentes, con el fin de evitar la polémica instalación proyectada por el Ayuntamiento en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Cortes. A través de movilizaciones, campañas de sensibilización o reuniones con los vecinos de las zonas más afectadas; sin descartar la posibilidad de difundir folletos informativos, buzón a buzón, por toda la ciudad. 

«Esto es un despropósito, un peligro para la salud de todos los vecinos en diez kilómetros a la redonda», advertía este miércoles, a las puertas del CTR, la alcaldesa de Cardeñadijo, Mariela Grijalbo (PSOE). En su caso, la inquietud es máxima al tratarse del municipio más cercano a la incineradora. De hecho, la vivienda más próxima se ubica a menos de 700 metros. 

Desde Izquierda Unida, la gran preocupación más allá de la implantación de esta infraestructura es la sospecha de que la Junta de Castilla y León prevé instalar una macroincineradora en este complejo para quemar los restos domésticos de toda la Comunidad. Lo advertía a principios de abril Ecologistas en Acción, tras acceder al borrador de un convenio propuesto a las diputaciones, consorcios de residuos y los ayuntamientos de Burgos, Soria y Valladolid. Y aunque el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, lo desmintiese posteriormente, la formación desconfía totalmente. 

«Sospechamos que se va a instalar aquí por dos motivos. El primero, y fundamental, es porque ya tienen la base. El segundo es porque la misma empresa gestionaría ambas incineradoras», apuntaba la responsable de Política Municipal de IU en Burgos, Marga Arroyo, en alusión a Somacyl. 

Haciéndose eco del malestar de sus compañeros en Miranda de Ebro después de que el Ayuntamiento se opusiese al proyecto el pasado mes de marzo en el Consejo Provincial de Residuos, el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón, tampoco se fía de Quiñones. Básicamente, porque el Gobierno regional se mostró partidario -en el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio- de construir una única planta de valoración para toda la Comunidad.  

De ello da fe la edil de Medio Ambiente en Miranda, María Cueva (IU), quien reafirmó el voto en contra de la Corporación este mismo mes. No solo por una cuestión ecológica, sino también por la intención de suscribir un convenio con una duración de 40 años. Aparte de que en ese tiempo «pueden pasar muchas cosas», no le parece de recibo que se abra la puerta a «quemar otro tipo de residuos» si «no se pudiera mantener la viabilidad de la planta». Por no hablar de que una macroincineradora regional generaría «un montón de emisiones de CO2 debido al transporte» y «una subida de la tasa que se paga por la gestión de basuras».

A pesar de que la incineradora proyectada junto al barrio de Cortes y Cardeñadijo contaría con filtros para evitar la quema de materiales tóxicos, lo cierto es que la declaración de impacto ambiental, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) el 2 de julio de 2024, constata que se producirán emisiones a la atmósfera de «malos olores» y agentes  «contaminantes» como «dioxinas y furanos». En este sentido, Grijalbo teme que ocurra lo mismo que en el entorno de la planta de Valdemingómez (Madrid), donde un estudio de la Universidad Carlos III señala que «el índice de cáncer de pleura pulmonar en varones es mucho más alto que en el resto de zonas y, en el caso de las mujeres, son cánceres de tipo digestivo» . 

El PP, en sus trece

Preguntado por las movilizaciones vecinales que se oponen a la instalación de la incineradora, el vicealcalde de Burgos, Juan Manuel Manso, salía al paso esgrimiendo que el proyecto «proviene del anterior equipo de Gobierno» mientras defendía que la postura del actual es de «continuidad». Arroyo, concejal de Unidas Podemos por aquel entonces, lo niega taxativamente. «Es absoluta y rotundamente falso», replicó antes de puntualizar, con las actas en la mano, que «en ningún momento se votó». A lo sumo, añadió, hubo varias comisiones en las que «Somacyl nos explicaba el proyecto de gestión del Ecoparque (...) y lo que hicimos fue una encomienda de gestión».

Al margen de lo acontecido en el anterior mandato, Manso aseveró que las incineradoras son «una solución a los residuos adaptada el todo el mundo desarrollado, no solo en España». Asimismo, recordó que «están regidas por la normativa europea» antes de indicar que, en las reuniones mantenidas Somacyl, tanto la alcaldesa, Cristina Ayala, como él mismo han solicitado que «las mediciones de emisiones de la incineradora sean de carácter públicos». Es decir, que «cualquiera pueda consultar online los valores de las emisiones en cada momento». Una media que, a su juicio, «garantizará que no hay afección ni al medio ambiente ni a la salud de las personas».

Finalmente, el edil del Partido Popular justificó la decisión alegando que «ningún equipo de Gobierno sería tan desalmado de crear algo que sepa que va afectar a la población». De lo contrario, «seríamos los primero en irnos del Gobierno». En cualquier caso, la plataforma Burgos sin incineradora tratará de impugnar la autorización ambiental.