Blanca Subiñas / Presidenta de la Audiencia de Burgos
«Los jueces que conozco somos hijos de trabajadores y hemos llegado tras una oposición con mucho esfuerzo»
Asume el cargo con «mucha ilusión», un puesto al que ya había optado hace diez años y ha conseguido uno de sus objetivos, una sexta plaza de juez en la sección Penal

Blanca Subiñas, presidenta de la Audiencia de Burgos.
Blanca Subiñas ha iniciado su cargo de presidenta de la Audiencia Provincial de Burgos con la consecución del que era uno de los principales puntos de su programa para aspirar al cargo, la creación de la sexta plaza en la sección Penal, una decisión adoptada por el Consejo Judicial del Poder Judicial días después de que concediera esta entrevista, lo que permitirá que pueda funcionar de hecho como dos secciones y asumir mejorar la carga de trabajo.
Pregunta. ¿Cómo asume el cargo de presidenta de la Audiencia?
Respuesta. Pues lo asumo con mucha ilusión. Hace diez años me presenté a la Presidencia de la Audiencia. En aquel momento no tuve la confianza del Consejo y puedo asegurar que durante estos diez años me he preparado mucho para poder optar de nuevo al cargo de la Presidencia de la Audiencia y resultar elegida tanto a nivel organizativo como personal. Yo ya tenía plaza en la Audiencia Provincial de Burgos. He organizado muchos cursos, encuentros nacionales en España, he organizado el Encuentro Nacional de Decanos, el Encuentro Nacional de Jueces de Menores y me he preparado mucho. Lo asumo con muchísima ilusión, sobre todo porque es mi ciudad, soy de Burgos. Como dice la presidenta del TSJ de Castilla y León, Ana del Ser, que es leonesa, los de Burgos decimos, cuando decimos que somos de Burgos, decimos, somos de Burgos, Burgos.
P. ¿En este corto periodo de tiempo que lleva al frente de la Audiencia qué necesidades ha percibido?
R. Las necesidades de la Audiencia ya las conocía porque formaban parte de mi programa. La necesidad principal de la Audiencia es contar con un magistrado más en la sección Penal y estoy poniendo de mi parte todo lo posible para que mi incorporación pudiera suponer la creación de este nuevo magistrado. Aunque hay que tener en cuenta que nos encontramos en momentos difíciles desde el punto de vista presupuestario y está siendo complejo.
P. La creación de la sexta plaza [tiene el visto bueno del CGPJ] en la sección Penal permitiría reducir la demora en la celebración de juicios
R. Entonces podríamos funcionar como dos secciones de hecho. Si me incorporara yo como sexta, evidentemente se aliviaría mucho de la situación. Podríamos señalar dos secciones funcionales.
P. Del resto de objetivos que se planteó para presidir la Audiencia, ¿cuáles serían los más inmediatos?
R. Quiero revitalizar la Comisón de Policía Judicial. Quiero constituir la Comisión de Violencia de Género sobre todo para de alguna manera contribuir a la nueva situación que se va a producir en breve porque a partir del 3 de octubre la Ley Orgánica 1 de 2025 de Eficiencia del Sector Público en la Justicia, que es la que regula los tribunales de instancia, esa ley también dice que los juzgados de violencia sobre la mujer a partir del día 3 de octubre van a asumir la competencia para todos los delitos contra la libertad sexual. Independientemente de que exista relación de afectividad entre autor y víctima. Hoy los juzgados de violencia sobre la mujer conocían de los delitos en el ámbito de la pareja que fue o que era, siempre y cuando existiese una relación de afectividad. Esta ley supone un paso más puesto que amplía el concepto de violencia de género a la violencia sexual, independientemente de que haya una pareja, y va a suponer un aumento de competencias del juzgado de violencia sobre la mujer. Y entonces, pues ahí tenemos un reto para ver si con un juzgado es suficiente o haría falta la creación de otra unidad judicial. Ahora no podemos hablar de juzgados, vamos a hablar de unidades judiciales de violencia sobre la mujer. Y ahí nos podríamos plantear incluso la comarcalización de los asuntos de violencia sobre la mujer. La comarcalización supondría que nosotros nos traeríamos a Burgos los asuntos propios de violencia sobre la mujer los de otros partidos judiciales.
P. Es más carga de trabajo
R. No es descabellado. Por ejemplo, el juzgado de menores, que yo he ocupado durante 18 años, el juzgado de menores tenía competencia provincial. Porque se entendía que la prestación del servicio propio de menores era mejor, porque aquí teníamos a los técnicos, teníamos al equipo técnico, era mejor hacerlo centralizado. Pues a lo mejor, en el caso de la violencia sobre la mujer, podemos plantearnos que se preste aquí para alguno o algunos partidos de la provincia, desde Burgos. Tenemos los forenses, tenemos los servicios sociales, se puede gestionar mejor. Entonces, a lo mejor, comarcalizando el juzgado de violencia sobre la mujer, que significa que además de llevar las competencias propias del partido judicial de Burgos, pudiera llevar de otros partidos limítrofes, pues a lo mejor sería una manera de poder conseguir una unidad más de violencia sobre la mujer.
P. Pero son muchos años pidiendo más juzgados y no se crean más
R. Y ahora más que nunca, porque no tenemos presupuestos. En el ámbito de la violencia sobre la mujer sí se ha concedido alguna unidad judicial más en el territorio, pero es muy complicado.
P. En su programa de gobierno daba una especial importancia a la atención a las víctimas y se ha hablado mucho de la oficina de atención a las víctimas, ¿hasta qué punto se pueden dar pasos definitivos?
R. Como todo requiere presupuesto. El estatuto de la víctima, que es del 2015, luego hubo un Real Decreto, un reglamento que lo desarrolló y desarrolló las oficinas de asistencia a la víctima. Nosotros, a efectos de dinero dependemos del Ministerio. Las competencias en materia de Justicia no están transferidas. No ha habido un desarrollo uniforme de ese Real Decreto a lo largo y ancho del territorio que depende del Ministerio. Se ha querido enmascarar esto con unas oficinas que ya existían, que eran las oficinas de víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Lo que pasa es que la oficina de asistencia a la víctima, de la que habla la ley del 2015 y luego su reglamento, va mucho más allá. Supone prestar acompañamiento a la víctima, supone asistencia psicológica, supone también asesoramiento de trabajadores sociales. Lo que tendría que haber es una oficina más generalizada, una oficina más centralizada en el ámbito judicial. Además de la asistencia de la psicóloga que actualmente existe, un trabajador social que pueda asesorar desde el edificio de los juzgados sobre cuáles son los pasos a seguir, una serie de personal que haga un acompañamiento a la víctima desde el momento en que entra por el edificio.
«Con un sexto magistrado en Penal podemos funcionar como dos secciones»
P. ¿Cree que debería haber más mediación penal?
R. La mediación penal es un servicio para la víctima, para reparar a la víctima. O se paga por la administración prestacional o nadie va a pagar para tener mediación. ¿Qué pasa? Pues que aquí dependemos del Ministerio de Justicia. ¿Qué nos dice la Junta? Que no depende de ellos, evidentemente. Es verdad, no depende de ellos, pero aquí dependemos de la Junta, del Ministerio. Entonces existen servicios de mediación penal, pero residuales, o sea que se proporcionan extrajudicializados. Me gustaría que pudieran organizarse desde el punto de vista judicial. El conflicto penal no se puede evitar, es el que hay, se tiene que resolver. Si se participa en una mediación, pues a lo mejor se te puede aplicar un atenuante de reparación del daño, pero no va a implicar que desaparezca el proceso penal. Es justicia restaurativa. A mí me interesa mucho la justicia restaurativa.
P. ¿Por qué?
R. Pues porque vengo de una jurisdicción en la que he visto lo bien que funciona, que es la jurisdicción de menores. Porque allí la justicia restaurativa la tenemos incorporada. En el procedimiento, los miembros de los equipos técnicos proporcionan justicia restaurativa, porque lo dice la ley. Entonces como veo lo beneficioso que resulta, pues siempre a petición de la víctima podría aplicarse.
P. ¿Cómo están de preparados los juzgados de Burgos para la puesta en marcha de los tribunales de instancia?
R. Pues yo creo que en Burgos no va a ser tan traumático, porque ya tenemos oficina judicial. Eso implica que el personal al servicio de la organización de justicia se dividía entre servicios comunes y unidades procesales de apoyo directo. Entonces los servicios comunes eran el de ordenación del procedimiento, el primero, el servicio primero de entrada y registro, el segundo ordenación del procedimiento y el de ejecución. Y luego UPADs, las UPADs eran las unidades de apoyo a cada uno de los magistrados, que se quedaron muy reducidas, para apoyar a los magistrados en las funciones que les eran propias. Pues ahora los tribunales de instancia, digamos que es una vuelta de tuerca más y desaparecen las UPAD, todos son servicios comunes. En el ámbito de los juzgados unipersonales preocupa mucho a mis compañeros cómo va a ser el contacto con el funcionario que lleve tu asunto. La oficina es instrumental para que el juez pueda dictar la sentencia. Entonces ahora lo que les preocupa sobremanera es cómo en un servicio tan grande qué herramientas vamos a tener para poder dirigirnos, a qué persona para preguntar. Y luego tenemos que tener el soporte, o sea tenemos expediente digital.
«Los tribunales de instancia no serán tan traumáticos en Burgos porque ya tenemos una oficina judicial»
P. Sobre el que se llevan pidiendo mejoras también desde hace tiempo
R. Tiene que ser un expediente digital más evolucionado, un expediente que nos permita a nosotros consultar en cada momento dónde está el expediente y que sepamos a través del expediente digital qué persona es la que lo lleva, de quién depende el trámite, mejorar el expediente digital, las prestaciones del expediente digital.
P. ¿Y el objetivo del papel cero?
R. Al papel cero todavía le queda tiempo. Yo creo que en el ámbito de la justicia siempre vamos a tener , me parece que se ha trabajado a favor del papel cero pero que nunca va a poder desaparecer el papel pero en ningún ámbito, no sé, pero sí que trabajamos todos en red. Por eso tengo dos pantallas, una es para el expediente digital y otra es para trabajar y todos tenemos dos pantallas.
P. El debate político en torno a la independencia judicial está cada vez más enconado, como demuestran la aparición de términos como ‘lawfare’.
R. Desde una capital de provincias, desde mi punto de vista, yo me considero completamente independiente. Es un término que resulta totalmente ajeno a mi experiencia. A mí me gusta siempre exaltar la garantía que supone para un ciudadano poder acudir a un juez independiente, a un juez que decida conforme al principio de legalidad, no conforme a una determinada política en uno u otro sentido. Nosotros decidimos conforme establece la ley. Y eso me parece que es súper importante para el ciudadano.
P. Los jueces y fiscales se han movilizado contra las reformas del acceso a la carrera judicial y el anteproyecto del reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal porque atentan contra la independencia judicial
R. A mí me parece que se parte de una premisa equivocada. Y es que los jueces son de una determinada ideología y proceden de determinados estamentos. Y como se parte de esa premisa equivocada se hacen unas conclusiones equivocadas. Porque eso es mentira. A todos los jueces que hay aquí en Burgos, a los que conozco yo, ninguno procedemos de un estamento alto de la sociedad. Somos hijos de padres trabajadores o de padres profesionales y hemos llegado aquí porque hemos preparado una oposición con mucho esfuerzo. Y quien pertenezca a una clase alta de la sociedad, que no necesite el dinero para vivir y que pueda tener un acceso al mercado laboral mucho más fácil no le veo estudiando una oposición seis años, no le veo con todo lo que supone estudiar, ahora que es la media, estudiar una posición de seis años. A mí me parece que a la carrera judicial se debe de acceder por méritos, capacidad, estudio, dedicación. Que la gente no vea que esto que estamos luchando es por privilegios que no, estamos luchando porque la carrera judicial sea como es hasta ahora y se parte de la premisa equivocada de que los jueces son de una determinada forma de pensar, los jueces sí que somos conservadores en el sentido de que nosotros no nos dejamos llevar por modas , todos los cambios que hay en la sociedad tienen que ser meditados. A veces las leyes se reforman después de que el cambio social se ha hecho evidente y se ha constatado pero hay otras veces que somos los jueces, en nuestras sentencias, en las que ponemos de manifiesto que determinadas leyes están obsoletas o tienen que modificarse porque nos damos cuenta de que hay cambios en la sociedad y que esa ley no responde, o sea que eso es un discurso que se puede entender en el doble sentido, muchas veces nosotros en nuestras sentencias pues criticamos o ponemos de manifiesto que con la ley que existe no se alcanza el objetivo que se pretende y que a lo mejor procede una modificación de la ley
P. ¿Se modifican las leyes con demasiada ligereza a veces?
R. Sí, por ejemplo la última, la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que es mucho más que veintitantos artículos del Código Penal que se modificaron, la llamada ley del Sí es Sí, no es sólo la modificación de 20 artículos del Código Penal, era una ley que daba un estatuto protector amplio a las víctimas de violencia sexual, lo que pasa que, como en el caso de los delitos, la modificación no fue bien hecha, de hecho al año hubo otra ley en el 2023 que modificó la modificación de la ley orgánica. A veces se legisla sin escuchar los criterios de los técnicos, porque una cosa es tener una ley y otra cosa es aplicarla y ver los problemas que se suscitan, entonces creo que nosotros somos una voz autorizada a los que nos tienen que escuchar cuando se trata de modificaciones de normas que van a afectar al Código Civil, al Código Penal. Hay que ver que si los cambios sociales responden a cambios estructurales tienen que dar lugar a modificaciones legales, pero cuando son cambios coyunturales, es una moda que pasa, que va y viene, claro, en ese sentido los jueces son conservadores, no en el sentido político de la palabra.
«Hay leyes que se han modificado con mucha ligereza como la llamada ley del Sí es Sí»
P. Siempre se habla de jueces conservadores y progresistas
R. Somos personas que tomamos las decisiones de forma meditada y cuando tomamos una decisión valoramos todas las circunstancias, en ese sentido, no nos dejamos llevar porque si está de moda ahora o no determinada cosa. A mí me molesta mucho que haga equiparación de asociaciones con partidos políticos, eso me molesta muchísimo.
«Me molesta mucho que se haga equiparación de asociaciones judiciales con partidos políticos»
P. ¿El problema puede estar en la manera en cómo está regulada la entrada de los jueces en política?
R. Sí, eso es una cuestión compleja, sí, porque da una muy mala imagen a la ciudadanía. Una persona que haya sido ministro seis años, pues luego se vuelva a la carrera judicial..., un ministro es de un gobierno, un gobierno es de un partido. Sí, habría que regularlo de alguna manera.