360 empresas burgalesas reciben más de 4,6 millones de la Junta para mejorar su seguridad laboral

La provincia de Burgos ha recibido desde 2022 más de 4,6 millones de euros en subvenciones destinadas a la mejora física de las condiciones laborales. En concreto, esta cuantía se distribuía entre 360 empresas, según detallaba el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios Costa, en su visita a las instalaciones de Talleres Marcos Carretillas, ubicadas en el polígono Burgos Este.

El representante de la Junta de Castilla y León destacó el incremento progresivo de las peticiones de ayuda para estos fines por parte de las empresas de la región. Detallaba al hilo que existen cuatro líneas diferenciadas y «con gran acogida» dado que en todos los casos se agota el crédito fijado.

Así, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo habilitaba este año una partida total de 3 millones para sufragar la línea destinada a la retirada de cubiertas de amianto, que persigue eliminar este material de gran peligrosidad y sustituirlo por «materiales más ligeros y seguros» con un doble objetivo: «prevenir caídas en altura durante la ejecución del trabajo y erradicar la exposición de los empleados a agentes cancerígenos» como el fibrocemento.

Así, la ayuda para eliminar las cubiertas cubre el 85% de los gastos subvencionables, no pudiendo superar el importe los 10 euros por metro cuadrado ni los 30.000 euros por centro de trabajo. En el caso de la dirigida a la nueva instalación, la cobertura es del 50%, con un tope de 40 euros por metro cuadrado o 20.000 en total.

Por su parte, la partida global dirigida a la renovación de equipos, para fomentar la inversión en «cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo» asciende a 2 millones de euros en la convocatoria de 2025.

A estas se suman la que Barrios denominó de «bienestar en el desarrollo de la profesión», que tiene como objetivo promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las pequeñas empresas, a través de acciones de información, asistencia técnica y promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, con un montante total a repartir este año de 581.000 euros, y las destinadas a «lugares».

El director general de Trabajo hizo especial hincapié en esta última línea, de la que en los dos últimos años se han beneficiado 173 empresas, con una inversión «superior a los 3,6 millones de euros».

Explicaba al respecto que esta subvención está enfocada «en la intervención directa en el centro de trabajo para hacerlo más seguro». Permite, pues, actuar sobre diversos ámbitos, tales como «elementos constructivos, como ventanas, puertas, suelos, niveles y barandillas; condiciones ambientales, como iluminación temperatura, exposición a ruidos y olores; o medidas de seguridad, en relación con la adaptación a la normativa contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo». En este caso concreto, la partida disponible en 2025 para atender peticiones en este sentido es de 2 millones de euros.

Barrios subrayó además que, de los 4.600.000 euros repartidos en lo que va de mandato en Burgos, «casi un millón lo recibía la Diputación Provincial», a modo de fondo dirigido a «impulsar acciones en materia de prevención de riesgos laborales en espacios de trabajo ubicados en municipios de menos de 2.000 habitantes, para llegar no solo a los grandes centros productivos, sino también al mundo rural y a las pequeñas empresas».

Preguntado por la respuesta de su área a las necesidades surgidas a causa de las recientes granizadas de intensidad, que provocaban daños en las cubiertas de varios centros de trabajo, el director general indicó que las convocatorias de ayudas se realizan anualmente, lo que permitirá a los afectados acogerse a ellas. Además, indicó que «se prevé un aumento paulatino del crédito destinado a la retirada de amianto, dada la gran cantidad de este material aún en uso en Castilla y León».

«En cuanto a los recursos personales destinados para la tramitación de esos expedientes, sin duda desde la Oficina Territorial se harán los máximos esfuerzos para aprobar los planes de desarrollo que se presenten en el menor tiempo posible y ejecutar las actuaciones necesarias. También es cierto que necesitamos la colaboración de la Administración del Estado, puesto que es necesario un informe de la Inspección de Trabajo, pero hasta ahora la coordinación entre ambas ha sido estupenda», apostilló.