Ayala advierte a PSOE y Vox: si vetan la subida de las basuras, cargarán con las consecuencias

Poco o nada ha cambiado la propuesta del equipo de Gobierno para aplicar la subida de la tasa de basuras impuesta por la Unión Europea respecto a la que a comienzos de verano suscitaba el rechazo público de la oposición. Tras incorporar las indicaciones del Tribunal Económico Administrativo formuladas durante el verano y ante la "callada por respuesta" de Vox, la alcaldesa, Cristina Ayala, decidía someter el texto definitivo a votación en la comisión de Coordinación Tributaria, paso previo obligatorio a su traslado al Pleno que se celebrará el 5 de septiembre. 

La regidora aseguraba que el concejal de Hacienda se había puesto en contacto de forma reiterada con Vox, sin éxito, para solicitar sus aportaciones al texto, con el fin de alcanzar un acuerdo que el portavoz de los de Abascal declinaba por considerar "insuficiente" la compensación de la subida de la tasa con la rebaja del IBI contemplada.

Pero será ahora cuando las declaraciones habrán de transformarse en votos y a Ayala no le bastan los de su grupo. Necesita una mayoría simple de síes para aprobar la iniciativa, que solo podrá obtener si el PSOE se abstiene -aunque Vox vote en contra- o si, con el PSOE en el 'no' los de Martínez-Acitores cambian de parecer y se suman al planteamiento, pues serían 15 ediles a favor frente a los 12 liderados por Daniel de la Rosa.

Sabedora de lo complejo del panorama, la alcaldesa comparecía para recordar en qué consiste la medida -el incremento se mitiga con la reducción del tipo del IBI del 0,4568% al 0,4382%- y advertir a la oposición de que si la propuesta no sale adelante "las consecuencias que deriven de ello serán responsabilidad suya".

Porque no hay plan B. Ayala aseguró que si no cuenta con el apoyo necesario no habrá subida, pues consideraba que "desde el equipo de Gobierno hemos hecho todo el esfuerzo necesario para llegar a un acuerdo" y materializar lo que denomina "el tasazo de Sánchez". Respondía así a las críticas de PSOE y Vox y defendía que la primera reunión para abordar este asunto se mantuvo cuando tuvieron perfilado el planteamiento, "como es lógico, no podíamos empezar de cero, necesitábamos un documento sobre el que debatir". Ese encuentro tuvo lugar el 27 de junio, un mes después de recibir el estudio técnico encargado para fundamentar la propuesta, que pasó el 11 de junio por la comisión de Medio Ambiente y quince días después por la Junta de Gobierno Local, según relató la alcaldesa. 

El 'periplo' culminará la semana que viene sin alternativa. "Nosotros responsablemente tenemos que plantear la subida de tasas de basuras porque así nos obliga a la ley, pero si enfrente todo es no o ponerse de perfil, pues no tenemos ningún margen de maniobra", zanjaba, tras recordar que la primera decisión en este ámbito fue postergar al máximo el incremento para ahorrar dinero a los burgaleses. El plazo para hacer efectivo este mandato culmina en enero de 2026, que es cuando el PP pretende que entre en vigor la modificación de la ordenanza fiscal, si se produce. 

Por su parte, el responsable del área económica municipal, Ángel Manzanedo, recordaba que la guía elaborada por el Ministerio de Economía y Hacienda sobre la aplicación en cuestión aborda la posibilidad de incumplimiento y determina que "al ser una disposición europea, la UE podría imponer una serie de sanciones al Gobierno de España y este derivarlas a los ayuntamientos" insumisos. "Tiene esa potestad y aunque no hay nada definido sobre la naturaleza de las penalizaciones, entendemos que podría optarse por limitar o suprimir el acceso a futuras convocatorias de fondos europeos, tan necesarios para impulsar las inversiones municipales e incrementar las actividades", señaló, por lo que llamó a los concejales de la oposición a emitir un voto "muy, muy, muy meditado".

No será el único asunto fiscal que se eleve al Pleno -y se estudie, por tanto, en la comisión de Coordinación Tributaria-, pues también se someterá al escrutinio de los corporativos una rebaja en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como el de plusvalías. Se trata en este caso de una adaptación a la nueva normativa estatal y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Cristina Ayala explicó que si, de entrada, el ajuste implicaría un incremento de la recaudación de 200.000 euros, la propuesta que trasladará el equipo de Gobierno es  reducir el tipo de gravamen del 21% actual a un 20%, lo que implicará una merma de ingresos de 500.000 euros.

Por otra parte, al hilo de lo expuesto, pese a que la medida no se formalizará de inmediato, la alcaldesa confirmó que en 2026 no habrá subida de la tasa de aguas, tal y como avanzó ayer el concejal responsable del área, Juan Manuel Manso, dado el importante montante de fondos europeos recibidos, que permitirán acometer las inversiones previstas si elevar la presión fiscal a los ciudadanos para tal fin.