Nueve de cada diez concursos de acreedores son ya de particulares que buscan deshacerse de sus deudas

Nueve de cada diez concursos de acreedores son ya de personas físicas. Estos procedimientos, que se dispararon en el primer semestre del año un 71%, permiten un reinicio financiero para quien ha tenido un fracaso económico real y ya no puede asumir sus obligaciones económicas tanto con proveedores, empresas privadas y administraciones públicas como Hacienda o la Seguridad Social.

Así lo ponía de manifiesto Luis María Arnaiz, director y cofundador de Trademat, empresa burgalesa especializada en liquidaciones concursales, que los días 2 y 3 organiza junto a una veintena de magistrados de juzgados de lo mercantil y audiencias provinciales el IV Congreso de Derecho Ciudad de Burgos.

Los expertos analizan estos días los efectos y carencias de esta nueva Ley Concursal que «ha supuesto que los concursos de las personas físicas se disparen» porque «es muy favorable en la exoneración de las deudas», tal y como señala José María Tapia, magistrado de lo Mercantil en los juzgados de Valladolid.

«Estamos ante un incremento exponencial de este tipo de concursos», señaló, al tiempo que recordó que «este tipo de medida antes utilizada y pensada para empresas y pequeños autónomos está siendo cada vez más utilizada por familias».

Así lo ponen de manifiestos los datos. En Burgos, de enero a junio, se presentaron 79 solicitudes de concursos de acreedores, el doble que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, solo diez eran de empresas. El resto sobre personas físicas.

«Después de tres años de rodaje, la Ley Concursal ya está más o menos probada y ahora se están viendo las posibles modificaciones que se reclaman al legislador porque se augura que puede haberlas», explica Tapia, quien recuerda que la regulación nacional actual «permite, por ejemplo, exonerar deuda de hasta 10.000 euros con cada administración, mientras que a nivel europeo no existe limitación económica».

De hecho, algunas sentencias «ya han recogido la exoneración total de la deuda con las administraciones públicas, aunque sea superior a esa cuantías». Y es que, tal y como señala el magistrado, la Ley Concursal- mal llamada Ley de Segunda Oportunidad- «es un auténtico reinicio para muchas familias y particulares ahogados por las deudas».

En este sentido, el profesional señala que «la inmensa mayoría de las personas siguen conservando su vivienda» o «un vehículo si lo necesitan para seguir con su actividad profesional». Es «un recurso tremendamente beneficioso y sobre todo cada vez más conocido por la ciudadanía», añade Arnaiz.

Empresas

A pesar de la subida general, los concursos de empresa sí que rompen la tendencia alcista y en el último semestre se redujeron un 37% en la Comunidad en comparación con el mismo periodo del pasado año. En concreto, 56 empresas se declararon en concursos frente a las 89 del año 2024.

«Tras la crisis económica de 2008, muchas sociedades y empresas relacionadas con la construcción entraron en concurso», apunta Arnaiz. Un sector que vuelve a estar en el candelero y es que «a pesar de estar fuerte, los precios de los materiales se disparan cada poco tiempo». También se suma a esta lista de sectores afectados, el de la automoción, que «se encuentra en un momento crítico».

Otro de los grandes afectados es el comercio, que representa el 26% de las compañías que pasan por un proceso concursal, mientras que la hostelería empieza a perder peso entre las empresas concursadas.

El aumento de concursos conlleva, como es lógico, una mayor actividad en los juzgados. «Es más necesario que nunca que se invierta en Justicia porque estamos desbordados», sentenció el magistrado.