Diálogo Social en Burgos. 45 millones nutren un acuerdo que pone el foco en el empleo, la vivienda y la formación

Casi un año después de saltar por los aires el bipartito entre PP y Vox al frente del Ayuntamiento de Burgos, cuya alianza derivó en un enfriamiento de la relación entre la Administración local y los sindicatos (a los que, de hecho, a petición de la formación de Abascal, retiró ayudas destinadas al asesoramiento laboral de inmigrantes), el puente entre ambas partes parece parcialmente reconstruido. Así, al menos, se deduce de la imagen de unidad que protagonizaba la propia alcaldesa, Cristina Ayala, las representantes de UGT y CCOO, Sara Gil y Carmen Álvarez y el nuevo presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE), Ignacio San Millán, tras la rúbrica del nuevo acuerdo del Diálogo Social. 

Con un horizonte temporal de 2025-2027, que movilizará 45 millones de euros en políticas activas de empleo, formación, vivienda y sostenibilidad, el documento se presentó como el fruto consensuado de "muchos meses de trabajo" entre los agentes implicados con "la prosperidad de la ciudad" como objetivo común, según relató la regidora municipal, que incidió en la unión como clave del éxito.

El convenio suscrito se asienta sobre cuatro grandes pilares, que a su vez articulan un conjunto de 15 medidas a desarrollar en el plazo marcado, durante el que habrá un estrecho seguimiento para garantizar su cumplimiento, tal y como detalla el propio texto. En concreto, los ejes en cuestión abordan asuntos clave como el empleo y la formación, la cohesión social y la vivienda, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades.

Para Ayala, el empleo ejerce de "motor del círculo virtuoso de la economía", de ahí la relevancia que cobra en este Diálogo Social. De hecho, entre las medidas más destacadas, la primera edil señaló el Plan Local de Empleo, con un presupuesto superior a 2,5 millones de euros, "que dará oportunidades tanto a jóvenes como a mayores de 55 años, con especial atención a los colectivos más vulnerables".

En esta área de actuación, el Ayuntamiento se compromete también a ultimar e implementar la estrategia denominada 'Burgos Industrial 2024-2030', a mejorar los polígonos industriales, con una inversión prevista de 14 millones en los próximos dos años, y la competitividad de las empresas locales, en particular las pymes, a las que se facilitará el acceso a la contratación pública.

La alcaldesa hizo además especial hincapié en el papel de la formación como eje de desarrollo económico y social. "Sin formación no hay buen empleo, ni sueños", afirmaba al respecto, para incidir en la necesidad de adecuar las titulaciones de FP a las necesidades de la industria local.

El acuerdo incorpora medidas de capacitación en colaboración con la Universidad de Burgos y la Junta de Castilla y León, enmarcadas a su vez en el Plan de Talento, y programas de inserción y apoyo para colectivos desfavorecidos. También contempla actuaciones vinculadas con la promoción de la salud, con 200.000 euros de dotación para distintos proyectos, iniciativas de fomento de la movilidad sostenible, la economía circular y las energías renovables, con el desarrollo de tres comunidades energéticas en colaboración con los polígonos de Villalonquéjar y Burgos Este o la Cámara de Comercio. Además, el acuerdo aspira a propiciar la igualdad de oportunidades, a través de talleres en centros educativos y programas de asesoramiento a personas migrantes.

Las dificultades manifiestas en el acceso a una vivienda motivan un importante bloque de medidas, por tratarse de un asunto que tanto el Ayuntamiento como los agentes sociales implicados consideran prioritario. Ayala, sabedora de que esta es una de las principales preocupaciones de los burgaleses, defendió que la estrategia ideada se centrará especialmente en el "alquiler asequible" porque la construcción resulta "demasiado onerosa" para las administraciones públicas: "Queremos ofrecer alternativas reales que permitan vivir en la ciudad con calidad de vida, para convencer a los que residen en grandes urbes de que les interesa trasladarse aquí, donde la vivienda es más barata", añadía, convencida de que una adecuada política en este ámbito redundará en el empeño de atraer y retener talento.

La alcaldesa recordó que el Ayuntamiento ha promovido 56 viviendas mediante colaboración público-privada, y tiene en marcha nuevos proyectos en San Cristóbal, Casa la Vega, Condes de Berberana, Gamonal y el sector S-7, que suman en total más de 250 viviendas asequibles, dirigidas principalmente a jóvenes.

Al respecto, el presidente de FAE, Ignacio San Millán, coincidió en que la vivienda es un factor esencial para acercar trabajadores y evitar la fuga de profesionales. "Los empresarios queremos tranquilidad y estabilidad y estamos dispuestos a colaborar en soluciones de alquiler que favorezcan la llegada del personal cualificado que necesitamos", señaló.

Por su parte, Carmen Álvarez, de CCOO, insistió en la importancia de movilizar también el parque de vivienda vacía (entre 7.000 y 8.000 inmuebles en la ciudad) mediante garantías y ayudas que fomenten el alquiler y reduzcan los precios. De hecho, el acuerdo suscrito propone incentivar a propietarios a ofrecer viviendas con garantías de pago y seguridad jurídica. "Para ello, en colaboración con la Cámara de la Propiedad, se subvencionará un seguro o aval contra daños e impagos para quienes alquilen a jóvenes de hasta 35 años", precisa el texto. Estas medidas forman parte también del Plan de Talento en ciernes.

Los representantes de los agentes sociales coincidieron en que el Diálogo Social de Burgos es un ejemplo de cooperación institucional y madurez democrática. Sara Gil, secretaria general de UGT Burgos, celebró el impacto positivo que, de cumplirse, tendrá este acuerdo, al favorecer que los trabajadores puedan desarrollar su autonomía personal y laboral, pero insistió en que "no puede quedar en papel mojado". En el mismo sentido se pronunció Álvarez. "El trabajo empieza ahora", recordó la portavoz de CCOO, que, como Gil, reclamó activar cuanto antes la mesa de seguimiento para garantizar la ejecución de las medidas.