Las empresas burgalesas entre el estupor y el alivio ante el retraso de Verifactu

Más del 90% del tejido empresarial burgalés, unas 23.800 empresas, observa con asombro cómo la adaptación de su facturación al sistema Verifactu ha quedado en el limbo. Unos están indignados por un cambio hecho, y pagado, antes de tiempo. Otros aliviados, porque no llegaban.

Verifactu es el nuevo sistema de rendición de cuentas de cada factura que emite un negocio a Hacienda. Busca reducir la contabilidad B y, aunque no supone un cambio de cara al cliente, sí lo es en el funcionamiento interno de las empresas. Estaba previsto aplicarse a partir del 1 de enero para las empresas y del 1 de julio para los autónomos. De manera «sorpresiva», a un mes de su puesta en marcha, el Consejo de Ministros aprobó una prórroga de un año, punto que está registrado en el acuerdo de Gobierno suscrito entre el PSOE y Junts.

El empresariado burgalés se divide en dos. Muchos lo ven como una «decisión política que perjudica a quien ha hecho los deberes y se ha adaptado con tiempo al nuevo sistema de Hacienda con un coste que se podía haber ahorrado», explica la presidenta de la Federación de Empresarios del Comercio, FEC, Consuelo Fontecha. Es «un alivio» para quienes no habían cerrado el proceso. Desde FAE se considera que esta medida «supone un ejercicio de realismo y reconoce que miles de pymes y micropymes operan con recursos y tiempos que no pueden compararse grandes corporaciones». Desde la patronal piden dedicar este año de margen a «trabajar con mayor rigor y asegurar que el despliegue del sistema sea efectivo y viable».

«A mí me ha venido bien, tenía previsto cerrar la adaptación total al sistema el miércoles por la tarde, cuando el martes vi que se había pospuesto, lo paramos todo, pero para quien ha pagado la adaptación, especialmente si están a punto de jubilarse, es una faena», reconoce el presidente de la Federación Provincial de Hosteleros, Enrique Seco.

El cambio afecta a todo tipo de negocios. Una transformación obligatoria para todo aquel que realiza facturas de manera digital. En la realidad supone un cargo más en quien se delega la gestión informática de la facturación. Incluir Verifactu en el sistema tiene un coste adicional. Va desde los 600 a los 2.000 euros, dependiendo del tipo de adaptación, sistema y tamaño de la empresa. También plantea cambios. Hay empresas que han incorporado al Sistema Inmediato de Información (SII) que es obligatorio para negocios con más de seis millones de euros de facturación y al que se han sumado de manera voluntaria otras compañías para evitarse Verifactu. «Al aprobar la prórroga de un día para otro y en diciembre, a un mes de su entrada en vigor, quien ha cambiado de sistema solo tenía de plazo hasta noviembre para revocarlo, o quien ha incluido ya este servicio en la contratación de su sistema informático que ha hecho con tiempo como se lleva recomendando desde agosto ya lo está pagando, es una falta de planificación total que genera inseguridad», explica Fontecha.

Entre los sectores que se han adaptado a la nueva normativa, los talleres. «Hay quien ya lo tiene contratado, hemos trabajado mucho con webinars y demás para informar... Este retraso es más una cuestión política que por la situación de las pymes y es algo que molesta», señala el secretario general de Adeabur, Gabriel Martínez.

En la misma línea, hosteleros y comerciantes han realizado esa labor de formación y asesoramiento. Para ello, desde FAE ha desplegado una serie de programas de apoyo desde 2024. Acciones formativas y técnicas, un servicio de asesoramiento y la Oficina Acelera Pyme ha llevado a cabo un calendario de jornadas presenciales y on line con la participación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y proveedores tecnológicos. Reconocen que no todos estaban preparados. «FAE, a través de sus organizaciones nacionales, ya trasladó formalmente a la Administración Tributaria que numerosas empresas no llegarían a tiempo», afirman desde la patronal burgalesa.

Especialmente pequeñas empresas de hostelería y pequeño consumo «dependientes de básculas de pesaje cuyos tickets funcionan como facturas simplificadas y se veían abocadas a realizar inversiones relevantes en muy poco tiempo con alternativas menos competitivas o con tiempos de cobro más largos». De ahí que FAE remarque que la prórroga suponga un cambio de enfoque que «facilite que la mayoría pueda cumplir y no penalice a quienes carecen de capacidad técnica o económica para afrontar una ampliación inmediata».

El próximo 11 de diciembre se debatirá el Decreto-Ley sobre la nueva prórroga de Verifactu en el Congreso de los Diputados.