El Correo de Burgos

La falta de administrativos asfixia a los centros docentes, con un 40% de las plazas sin cubrir

52 de los 128 puestos vinculados a Educación en Burgos están desiertos, denuncia CCOO. Los sindicatos urgen solucionar este problema "estructural" y el AMPA del Fernando de Rojas denuncia los efectos en su centro, que, con 900 alumnos, cuenta con atención tres días a la semana: "Es inaceptable"

Fachada del Colegio Público de Infantil y Primaria Fernando de Rojas, uno de los más grandes de la capital burgalesa. Su asociación de madres y padres denunciaba recientemente la falta de personal administrativo.

Fachada del Colegio Público de Infantil y Primaria Fernando de Rojas, uno de los más grandes de la capital burgalesa. Su asociación de madres y padres denunciaba recientemente la falta de personal administrativo.SANTI OTERO

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Al borde del colapso se sitúan buena parte de los centros docentes de Burgos, asfixiados por la flagrante falta de personal administrativo. Quienes ocupan estos puestos tratan de lidiar como pueden con los trámites cotidianos y, en gran medida, asumen una carga de trabajo que deberían repartirse entre varios. Los equipos directivos y profesores asisten a la situación y en no pocos casos añaden a su ya larga lista de tareas burocráticas alguna de las que competen a este perfil auxiliar, para aliviar la presión. Y las familias sufren -en silencio, conscientes casi siempre del percal- los rigores de esta escasez de personal y por épocas aguardan con paciencia su turno en las largas colas que se forman en colegios e institutos para presentar la documentación de turno. Estos días, sin ir más lejos, toca el programa Releo.

No es una percepción subjetiva. Las cifras oficiales evidencian un problema que, lejos de solventarse, se agrava. Así lo denuncia Marcos Citores, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO), tras recopilar y analizar los datos de personal administrativo en escuelas infantiles, colegios e institutos de la provincia. El panorama que describe es desolador: el 40% de los puestos están vacantes. El dato, a su juicio, constata un problema estructural que, lamenta, la Junta de Castilla y León "no hace nada por solucionar". "Estas vacantes no son coyunturales. Son puestos que llevan años sin cubrirse y que nunca llegan a estabilizarse", afirma, lo que impide que los centros tengan un funcionamiento administrativo normalizado.

Sin ir más lejos, la Asociación de Madres y Padres 'Paulo Freire' del centro de Educación Infantil y Primaria Fernando de Rojas daba recientemente la voz de alerta y manifestaba a través de un comunicado su "profunda preocupación y malestar ante la reducción del horario de atención de la secretaría del centro, abierta únicamente martes, jueves y viernes alternos". El documento difundido considera "inaceptable" que un colegio de sus dimensiones, con más de 900 alumnos y alumnas, carezca de personal administrativo a tiempo completo. "Esta situación está generando importantes dificultades en la gestión de trámites, documentación y comunicación con la comunidad educativa, además de sobrecargar al equipo directivo y a los conserjes, obligados a asumir tareas que no les corresponden", añadía el texto de denuncia, en el que se exige a la Dirección Provincial de Educación "las medidas necesarias para restablecer de manera urgente un servicio esencial".

Mientras tanto, la Administración, preguntada por este extremo, se limita a responder por escrito que "la Consejería de Educación trabaja constantemente en sustituir al personal administrativo de los centros educativos, prestando especial atención tras procesos de traslados". Precisa además que "hay que tener en cuenta que el personal administrativo puede moverse entre todos los ámbitos de la Junta de Castilla y León y es fundamental respetar el derecho de movilidad de los funcionarios" y asegura que "se trabaja para cubrir cuanto antes los puestos que quedan vacantes con personal interino". Hasta ahí las explicaciones.

De vuelta a los datos, cabe indicar que los centros burgaleses cuentan oficialmente con 84 puestos administrativos, a los que hay que sumar aquellos adscritos a la propia Dirección Provincial de Educación, lo que eleva la cifra total hasta 128 plazas. De ellas, según indica Citores, 67 están vacantes. Aunque algunos movimientos internos permiten cubrir temporalmente 15 puestos, 52 permanecen desiertos, lo que se traduce en un 39% de vacantes reales. En la práctica, esto significa que cuatro de cada diez puestos administrativos están sin ocupar, lo que evidencia que no se trata de una situación puntual. Tampoco es nueva. De hecho, a finales del curso pasado motivó una denuncia conjunta de todas las organizaciones sindicales. CGT en particular emitía comunicados en reiteradas ocasiones para alertar de las consecuencias de estas carencias, que achacaba a «la pasividad» de los responsables del área en la provincia, encargados de «velar por encima de todo por el buen funcionamiento de este servicio público tan esencial».

La magnitud del problema se agrava por la distribución de esos puestos. En muchos centros solo hay un administrativo para asumir la labor que corresponde a varios y en otros -como en el citado caso del Fernando de Rojas- ese único trabajador está compartido entre dos dependencias, lo que supone que ambos quedan desatendidos durante buena parte de la jornada. En estos casos particulares la carga de trabajo se dispara y, lógicamente, provoca la huida de quien la tiene que asumir en cuanto existe ocasión. De ahí la referencia de la Administración regional al derecho de movilidad de los funcionarios. 

Al hilo, el representante sindical insiste en que estos empleos no son intrínsecamente poco tentadores: "Con una plantilla completa, estos puestos serían incluso cómodos, con una carga de trabajo asumible y unas condiciones que harían atractiva la plaza".

Así, este panorama, provoca que trámites sencillos, como la mencionada inscripción en el programa de gratuidad de libros de texto, se conviertan en esperas interminables: "Una gestión de dos minutos llega a provocar colas de 40 o 50 personas en algunos momentos", relata Citores. El administrativo, en la mayoría de los casos, debe recibir dos copias, comprobar documentación, registrarla y sellarla manualmente.

La situación es aún más crítica en institutos con ciclos de Formación Profesional (FP), donde la actividad administrativa se multiplica: certificados, convalidaciones, acuerdos con empresas para prácticas o seguros, entre otros papeleos. Es el caso, por ejemplo, del Juan de Colonia, que ya en junio alertó del riesgo de quedarse sin este servicio en pleno proceso de matriculación, tras ‘perder’ al único administrativo de los dos que debía tener en el último concurso de traslados. Esa segunda plaza sigue vacante y la persona que recaló en el único puesto cubierto ha de hacer verdaderos malabarismos para atender el ingente volumen de requerimientos que registra el centro. 

Para el responsable de CCOO, el origen del problema radica en una "acumulación histórica de decisiones erróneas", tras años sin convocar concursos, jubilaciones y una tasa de reposición que en su momento impidió recuperar personal perdido. Aunque ahora la contratación es posible, las restricciones aplicadas durante años han dejado una plantilla profundamente mermada.

A ello, añade Citores, se suma la "ausencia total de criterios objetivos" para determinar cuántos administrativos necesita cada centro. "Una valoración así nunca se ha hecho. No es lo mismo un colegio de Primaria que un instituto de FP con varios módulos, cada uno tiene sus circunstancias que hay que conocer y valorar para dotar de una plantilla dimensionada", señala Citores. Sin embargo, lamenta, la Administración aplica una lógica uniforme que no tiene en cuenta ni el número de alumnos ni la complejidad de los trámites.

Las bolsas de empleo tampoco sirven para paliar estas carencias porque muchos aspirantes rechazan los destinos cuando saben que se trata de un centro especialmente desbordado. Con todo, el representante sindical insiste en que el problema no está en los aspirantes, sino en la Junta de Castilla y León, "que es la que genera esta situación" y a la que CCOO reclama "medidas inmediatas y estructurales", tales como cubrir el total de las vacantes, revisar y valorar los puestos para incrementar las plazas en aquellos centros donde sean claramente insuficientes, crear un ratio por número de alumnos y tipo de centro que determine las necesidades reales en este ámbito o explorar nuevos mecanismos para cubrir con celeridad puestos críticos. "Estamos llegando a un punto en el que el problema será insalvable si no se actúa ya", advierte Citores. 

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