La Diputación aprueba el alza del 30% de su plan de obras y el PSOE pide más
La convocatoria de Planes Provinciales para 2026 y 2027 impulsada por el PP se aprueba con el apoyo de Vox y Sentir Aranda, que celebran la línea específica para prevención de incendios. En total, serán 54,5 millones
Votación durante el Pleno ordinario de enero de la Diputación de Burgos.
Las bases de la convocatoria, condicionada y unificada de subvenciones del Plan Provincial de Cooperación para la realización de obras y servicios y del Plan de Prevención de Incendios a ejecutar entre 2026 y 2027 recibían la bendición del Pleno de la Diputación. No unánime, eso sí, pues el PSOE, empeñado en incrementar el presupuesto destinado a estas ayudas y dolido porque el equipo de Gobierno haya diseñado el documento sin contar con el principal grupo de la oposición, votaba en contra.
Sentir Aranda y Vox sí respaldaron la propuesta del PP, satisfechos en gran medida por la inclusión del ya citado subplan dedicado específicamente a sufragar actuaciones que faciliten la lucha contra el fuego a los municipios de menos de 20.000 habitantes del territorio burgalés.
En concreto, esta partida asciende a 12 millones de euros íntegramente financiados por la propia Institución -es decir, el ayuntamiento beneficiario no tendrá que asumir el tradicional 20% del coste- con el objetivo de que «cualquier pueblo se pueda dotar de medios ante cualquier emergencia».
Así lo subraya el presidente de la Diputación, Borja Suárez, en la presentación de la convocatoria y en este objetivo volvía a incidir durante su intervención en el Pleno, donde el asunto se abordó con carácter urgente al no haberse podido incorporar en el orden del día. Faltaba en el momento de su redacción un documento preceptivo que sí llegó después, lo que motivó su inclusión ‘in extremis’ con permiso de todos los partidos representados. «Evitamos perder un mes de tramitación. Es realmente un hito que esta convocatoria esté aprobada en enero y facilitará la ejecución de los proyectos que se acojan a ella», destacó el máximo representante de la Institución Provincial.
Entre las principales bondades de la nueva línea de ayudas, además del protagonismo absoluto de la prevención de incendios, Suárez destacó el incremento de la partida global en casi un 30% respecto a los ejercicios anteriores, hasta un total de 54,5 millones. El presupuesto para obras y servicios supera los 42 millones y su criterio de reparto establece un 40% lineal, un 30% en función de la población y el 10% dirigido a ayuntamientos con juntas vecinales.
Sin embargo, para el PSOE ese alza «no es real ni, en consecuencia, suficiente», lamentó Javier Lezcano, diputado socialista que recriminó que las bases «no tienen en cuenta el esfuerzo fiscal de los municipios» y son «demasiado farragosas», especialmente en relación a las acciones subvencionables relacionadas con la prevención de incendios. Consideró además que esta nueva línea de ayudas «acude en auxilio de la Junta de Castilla y León», administración competente en la materia. Suárez lo negó, porque, aseguró, la responsabilidad de los ayuntamientos en este ámbito dentro de la «interfaz urbana» es «clara».
También defendió la claridad del destino de unas aportaciones que aspiran a fortalecer la capacidad de respuesta y prevención de incendios en el ámbito municipal como respuesta a las necesidades detectadas tras los incendios sufridos en la comunidad recientemente y a las obligaciones derivadas de la estrategia Infocal. El presidente aseguró que con este plan la Diputación «marca una prioridad política clara» y defendió la claridad de las bases, que contemplan apoyo económico para «limpieza de cunetas, desbroces, podas y mejora de redes de agua o saneamiento con nuevas tomas de incendio, como la dotación de equipamiento técnico».
Suárez detalló además que los fondos cubren desde la construcción o adecuación de almacenes para maquinaria hasta el suministro de una amplia gama de herramientas profesionales (motobombas, equipos de protección individual, sistemas de alarma y material de extinción manual).
San Agustín y el Consulado del Mar, escaparates culturales de la provincia
Sentir Aranda y Vox consideraron positiva la medida y el PP, además, subió la apuesta, pues planteó extender la mejora al Monasterio de San Agustín, enclave que aspira a reformar con intención de abrirlo a la ciudad con idéntico fin al ideado para el Consulado del Mar, lo que exigirá coordinar la actividad de ambos espacios. La portavoz del equipo de Gobierno, Inmaculada Sierra, aseveró, en relación con el espacio del paseo del Espolón, que se quieren recuperar las convocatorias públicas de antaño, bajo concurrencia competitiva, que permitían definir la programación anual.
Con todo, indicó que la afluencia registrada tras la rehabilitación del edificio evidencia que la oferta cultural que ha albergado «ha despertado el interés de los ciudadanos», con muestras que han recibido decenas de miles de visitantes.
Por su parte, la socialista Nuria Barrio celebró la predisposición ‘popular’ e instó a trabajar en las líneas mencionadas en la comisión de Cultura.
Hasta ahí la unanimidad. La segunda moción, presentada por el PP, rompía la paz. Su pretensión de pedir explicaciones, tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno de España, sobre la gestión del lobo, habida cuenta del bloqueo administrativo que impide promover medidas acordes a la reducción de la protección de este animal acordada por la UE.
El PSOE rechazó el texto, que calificó de «pantomima» diseñada para decir «lo bien que lo hacen unos y lo mal que actúan otros». Lamentó que la Diputación promueva debates ajenos a sus competencias, una «espiral absurda» que, según Barrio, ignora «deliberadamente» cuestiones como «los impagos de las indemnizaciones por parte de la administración regional». Aclaró además que ese bloqueo responde a razones jurídicas, pues la norma que aterrizaba en España los postulados europeos en esta materia está recurrida en el Tribunal Constitucional.
Sierra defendió que la proposición «solo quiere pedir explicaciones» y lamentó las descalificaciones socialistas a una preocupación de ganaderos y ayuntamientos de la provincia, dado el incremento de los ataques de lobos, que pasaban de suponer 85 reses muertas en 2021 a más de 800 en 2024. En todo caso, la iniciativa salía adelante con los votos a favor de PP, Vox y Sentir Aranda.