Las pymes exigen que las nuevas medidas anticrisis no aumenten los costes laborales

Por si tuvieran poco frentes abiertos, las pequeñas y medianas empresas afrontan con temor añadido el actual escenario de creciente incertidumbre marcado por la situación geoestratégica internacional. Aguardan, de hecho, con notable preocupación las medidas anticrisis que el Gobierno aprobará el Consejo de Ministros extraordinario previsto para este jueves. Cruzan los dedos para que las decisiones que allí se tomen no supongan un nuevo incremento de costes laborales ni una mayor carga burocrática. «Si esas dos variables aparecen, muchas pymes se quedarán fuera», aseguró en Burgos la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. La dirigente empresarial lanzaba esta advertencia en el Club de Prensa organizado por EL CORREO DE BURGOS e Ibercaja, en el que, en conversación con el director de este periódico, Ricardo García Ureta, analizó la cartografía de la pequeña y mediana empresa en la España de 2026.

De Miguel indicó que la inestabilidad internacional, con tensiones geopolíticas que impactan en la energía, la logística y los costes de producción, enfría las expectativas y añade presión a unas empresas que operan con márgenes ajustados y afrontan numerosos retos que debilitan sus fuerzas.

La presidenta de Cepyme alertó de que el heterogéneo sector al que representa llega a este momento con una capacidad de resistencia cada vez más limitada. «Hemos absorbido muchas subidas», lamentó, anticipando posibles efectos inflacionarios y dificultades de financiación derivadas de la subida de los tipos de interés que llegará de mantenerse o agravarse el escenario actual. A su juicio, el problema no es únicamente coyuntural, sino estructural, y responde a un entorno que «demoniza» al empresario en términos generales y «penaliza especialmente a las empresas más pequeñas», aquellas que, precisamente, deben cuidarse por ser «el germen de futuras grandes multinacionales». No en vano, recordó que España cuenta actualmente con 25.000 microempresas menos que antes de la pandemia, una pérdida que atribuyó, en gran medida, al aumento continuado de costes y exigencias.

De Miguel centró su intervención en desglosar los lastres que soportan en su día a día y que hacen que quienes se plantean emprender «se lo piensen dos veces antes de dar el paso». Al respecto, la presidenta de Cepyme incidió en una carga regulatoria «desproporcionada» que impide «competir». «Los pequeños comercios tienen que cumplir 3.000 normas. Surgen de media al día 3,5 leyes que deben estudiarse para trabajar. Y no todo depende de Europa. La prueba es que el 60% de los empresarios españoles ven esta complejidad como un grave problema, mientras que el porcentaje que tiene esa percepción cae al 25%», detalló, para precisar, como ejemplo, que en materia laboral aparecen medidas cada vez más «originales y disparatadas», anuncios constantes «que dificultan planteamientos a medio y largo plazo y ahogan la inversión».

En relación con la normativa, De Miguel reclamó un cambio de enfoque y reclamó dejar de pensar primero en las grandes empresas, pues lo que a ellas les sirve a las pequeñas no y promover medidas ideadas para las que tienen tres trabajadores, pues «lo que esa puede cumplir, lo puede cumplir cualquiera». Esa desconexión entre normativa y realidad empresarial se traduce, en su opinión, en una menor competitividad y supone una notable traba para emprender y crecer.

A ello se suman, indicó, una elevada presión fiscal y el alza sostenida de los costes laborales en los últimos años, que dificultan la organización empresarial.. «No es solo cuánto sube, es que no sabemos qué va a pasar mañana», apuntó. Esta situación, añadió, contribuye a la desaparición de tejido productivo, especialmente entre microempresas, que son las más vulnerables ante el aumento de costes.

Otro de los factores que más preocupa a Cepyme es el absentismo laboral, que su máxima responsable desde hace apenas un año califica como «un problema de gestión más que de salud». «Tenemos identificado dónde está el problema; lo que falta es actuar», subrayó. Lanzaba así por enésima vez el guante a la Administración, a la que urgen medidas concretas como una mayor colaboración con las mutuas, el refuerzo de la inspección y un seguimiento eficaz de los procesos. En paralelo, señaló el desajuste entre oferta y demanda de empleo, con vacantes sin cubrir pese a niveles elevados de paro, lo que evidencia fallos en el sistema formativo y en los incentivos.

De Miguel criticó especialmente lo que considera «un intervencionismo» innecesario, agravado por una falta de reconocimiento al papel del empresario. «Las empresas no somos el problema, somos la solución», sostuvo, para reivindicar el papel de las pymes como motor económico y social, especialmente en territorios como Burgos, donde el tejido industrial y empresarial tiene un peso determinante.

En relación con las mencionadas injerencias del Estado, la presidenta de Cepyme cuestionó en particular iniciativas como la campaña del Ministerio de Trabajo dirigida a fomentar «democratización de la empresa», que, a su juicio, parte de un planteamiento erróneo, un «disparate». «Se habla como si nuestras empresas no fueran democráticas, cuando lo son plenamente dentro del marco legal», afirmó, para advertir de que este tipo de propuestas buscan, en realidad, lo contrario de lo que ‘venden’, pues pretenden controlar desde fuera la organización interna de las compañías. La patronal nacional, de hecho, plantaba a la responsable del área, Yolanda Díaz, en la negociación de medidas en este sentido por considerar su planteamiento un ataque populista, lo que, según De Miguel evidencia la fortaleza que otorga la unidad del empresariado, capaz de «hacer frente» a este intento de «sindicalizar» los más de tres millones de pymes que existen en España.

La también presidenta de CEOE Valladolid alertó de que esta tendencia se enmarca en una dinámica más amplia de creciente intervención, con medidas que, a su juicio, reducen el margen de actuación de las empresas. En este punto, aludió directamente al peso que ha adquirido el salario mínimo interprofesional, que en muchas provincias ronda el 80% del salario medio, lo que, según advirtió, deja «sin espacio» a la negociación colectiva. A su entender, la fijación de estos umbrales desde arriba limita la capacidad de adaptación de las pymes a su realidad productiva y territorial y complica la organización interna.

Con todo, De Miguel quiso lanzar un mensaje de cierto optimismo y confianza en el tejido empresarial. Subrayó la capacidad de adaptación de las pymes y su fortaleza contrastada para superar escenarios adversos. «Si alguien tiene la capacidad de darle la vuelta a los problemas y ver las oportunidades que encierran son todos nuestros pequeños empresarios», afirmó, para reivindicar su esfuerzo diario, ese que les consagra como «motor» de la economía y, sobre todo, como «héroes» cotidianos.

Talento femenino

Por otra parte, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, defendió en este mismo foro que «si alguien ha hecho los deberes en materia de igualdad en España es la empresa». Y es que, más allá de los problemas a los que se enfrentan los negocios más pequeños, la representante del sector abundó en el turno de preguntas en aspectos como el avance del talento femenino, la falta de relevo o las oportunidades que entraña la digitalización.

Al respecto, explicó que la incorporación de la mujer en puestos de responsabilidad en las pymes se ha producido «con absoluta naturalidad»y subrayó que el carácter pragmático del empresariado facilitaba entender con rapidez que «la diversidad aporta valor». Es más, precisó que los equipos heterogéneos pueden mejorar hasta un 20% la cuenta de resultados.

No obstante, reconoció que en el ámbito de la pequeña y mediana empresa este proceso presenta un ritmo más pausado que en las grandes compañías, debido a estructuras más estables y a una menor rotación en los cargos directivos. Aun así, apuntó que el relevo generacional favorece este avance en particular.

Precisamente, en opinión de De Miguel, la sucesión constituye otro de los grandes desafíos para el futuro de las pymes. Al hilo, advirtió de que muchos negocios viables desaparecen por falta de continuidad, especialmente en territorios como Castilla y León. «Perdemos empresas que funcionan», lamentó, para reclamar mecanismos que faciliten la transmisión empresarial más allá del ámbito familiar y permitan preservar el tejido productivo.

En paralelo, la presidenta de Cepyme situó la digitalización como un factor determinante para la competitividad. A su juicio, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial abren oportunidades inéditas para las empresas más pequeñas, al permitirles acceder a herramientas antes reservadas a grandes compañías. Consideró, no obstante, que este proceso debe abordarse desde la utilidad y no desde la imposición. «No puede convertirse en una carga más», señaló, para defender la libertad de cada empresario a la hora de adoptar estas soluciones en función de su modelo de negocio.