El informe de la Secretaría desata una ofensiva de PSOE y Vox contra Suárez, que mantiene el respaldo de Ayala

La exigencia de responsabilidades políticas por el caso de los contratos adjudicados a una empresa participada por el edil popular Borja Suárez ha unido de nuevo a los grupos municipales del PSOE y de Vox en la crítica al Partido Popular, de tal forma que ambas formaciones han reclamado la dimisión del concejal y presidente de la Diputación nada más conocerse el informe de la Secretaría General sobre las facturas presentadas al Consistorio por Eventos El Espino, en la que el también presidente de la Diputación ostenta un 33% del capital.

Cada uno de los grupos de la oposición ha puesto el acento en aspectos distintos de esta nueva controversia con el PP y, mientras los socialistas sitúan a la alcaldesa, Cristina Ayala, en el centro de la responsabilidad política y le urgen a que destituya a Suárez, Vox apela a la dimensión ética e institucional del caso para reclamar una salida voluntaria inmediata de la Corporación del edil popular, aunque en caso contrario secunda a los socialistas en su petición a Ayala de que lo cese.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Josué Temiño, sostiene que su formación ya había advertido de la anomalía de fondo en estas contrataciones y de la incompatibilidad derivada de la participación de Suárez en la citada empresa. A su juicio, el contenido del informe del secretario municipal confirma esa tesis y desmonta la idea de que se tratara de una situación administrativa ordinaria. “Estamos ante un hecho de extrema gravedad que afecta directamente a la higiene de nuestro consistorio”, afirmó Temiño, quien reprochó que “el Partido Popular ha intentado camuflar esta situación bajo una supuesta normalidad administrativa”.

Según la posición del PSOE, el informe deja claro que el porcentaje que Borja Suárez posee en Eventos El Espino es incompatible con su condición de concejal y obliga a activar medidas para impedir que se repita un caso similar. Temiño considera además que no resulta creíble que un cargo público con experiencia desconociera el alcance de la normativa, como argumentó en los primeros momentos de la polémica el concejal señalado, a partir de lo cual se encargó el informe a la Secretaría Municipal. De ahí que haya reclamado su dimisión y, en caso de que no se produzca, exija a la alcaldesa que lo aparte de forma inmediata.

Los socialistas elevan también el foco sobre Cristina Ayala, dado que, en opinión de su portavoz municipal, “la responsabilidad política máxima debe recaer sobre la alcaldesa de Burgos” porque es quien “debe velar por el cumplimiento de la legalidad y la transparencia en cada contrato que firma el Ayuntamiento”. En esa misma línea, Temiño sostiene que “no es admisible que el consistorio haya estado contratando con la empresa de su propio presidente de partido mientras existía una prohibición legal de hacerlo”.

El portavoz socialista rechaza, además, que la respuesta a esta controversia pase por abrir un nuevo marco interno en el seno del Ayuntamiento para regular estas situaciones, por lo que “descarta” participar en cualquier tipo de protocolo en el convencimiento de que “la ley es clara y no tiene sentido que se reglamente lo que ya está regulado”. También reclamó a la regidora que “asuma su responsabilidad como primera edil del Ayuntamiento puesto que la institución no puede verse arrastrada por la negligencia o el favoritismo político” y remachó su posición con la advertencia de que “no podemos permitir que el Ayuntamiento de Burgos se convierta en el cortijo privado de nadie”.

“En política los perdones no valen, se actúa en consecuencia”, enmendó Temiño a Suárez y Ayala, a quienes insistió en que “la incompatibilidad existe” y que no es suficiente “con pedir perdón”, porque, a su juicio, “no cumplir la ley debe de tener consecuencias”. El dirigente socialista advirtió además de que su grupo seguirá pendiente de este asunto hasta el final porque “no dejaremos que se trate como un error administrativo lo que es una vulneración flagrante de las normas de incompatibilidad”.

Dimisión de todos sus cargos

Vox coincide en la petición de salida de Borja Suárez, aunque construye su argumentación sobre una censura más amplia de la conducta política e institucional del presidente de la Diputación. Su portavoz municipal, Fernando Martínez Acitores, ha exigido su dimisión como concejal y, por extensión, de sus responsabilidades al frente de la institución provincial y del Partido Popular de Burgos. “Nos hallamos ante una quiebra absoluta de la ética pública y un ejercicio de clientelismo subyacente que dinamita la confianza en la soberanía de nuestras instituciones”, afirmó Acitores, quien negó que las contrataciones de la ProBurgos con la empresa participada por Suárez sean “un mero error administrativo, sino un desprecio flagrante a la transparencia que exige la gestión del dinero de los burgaleses”.

La formación que lidera Santiago Abascal interpreta que el informe de la Secretaría General sitúa a Suárez en una “incompatibilidad legal manifiesta” y, a partir de esa conclusión, Vox considera que la continuidad del edil popular resulta insostenible, puesto que, según su valoración, la crisis abierta en este caso trasciende ya lo jurídico para convertirse en un problema de legitimidad. En palabras de Acitores, esa situación “descalifica a Suárez para continuar un minuto más en la vida pública”.

El portavoz de Vox insiste en que la ejemplaridad no puede ser una cuestión secundaria para quien concentra tanto peso institucional, como quien preside el Partido Popular y la Diputación, y calificó como “insulto” que “pretenda escudarse en el desconocimiento de sus propias empresas”. También cargó contra la reacción tanto del propio Suárez como de la Alcaldía y, frente a la propuesta de elaborar un protocolo de incompatibilidades, Acitores zanjó que “la ética política no requiere de manuales de instrucciones”.

En ese contexto, Vox da por agotado cualquier margen de continuidad para Suárez y aprieta las tuercas a sus exsocios de gobierno al argumentar que “la dimisión no es negociable” y que su renuncia “es la única salida digna para evitar que las instituciones burgalesas sigan degradándose bajo la sombra de la sospecha".

"Borja Suárez debe formalizar su renuncia esta misma mañana", remachó Martínez-Acitores, y además reclamó a la alcaldesa que, en caso de que esa salida no se produzca, proceda a su “cese fulminante”. “No vamos a aceptar que este escándalo de indecencia institucional se salde con disculpas vacuas o protocolos de maquillaje político”, concluyó.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha hecho oídos sordos a las críticas de PSOE y Vox y ha descartado la dimisión o el cese de Borja Suárez, anunciando al tiempo la elaboración de un “protocolo y un código de buena conducta” para regular este tipo de situaciones y tratar de evitar futuras incompatibilidades en contratos, subvenciones o dedicaciones. Tanto PSOE como Vox han rechazado esa vía. Los socialistas entienden que la normativa ya existe y que no hace falta volver a regular lo que ya está previsto por ley, mientras que la formación de Santiago Abascal en el Ayuntamiento sostiene que el problema no es de falta de manuales, sino de responsabilidad política y ética pública.

Al margen de esta polémica, Temiño aprovechó su comparecencia para abrir otro frente con la alcaldesa, a la que acusó de falsear el balance inversor anunciado para 2025. El portavoz socialista le reprochó haber presentado “a bombo y platillo” una inversión de más de 60 millones de euros en la ciudad cuando, según su versión, la cifra real apenas alcanza la mitad. “Menos triunfalismo con datos falsos”, concluyó.