«Si quisiera haber robado algo, lo hubiera hecho cuando no había nadie»

Menos de cuatro minutos y contestando únicamente a las preguntas de su abogado. El exconcejal de Licencias del Ayuntamiento de Burgos, Julio Rodríguez-Vigil, reafirmó este miércoles su inocencia durante el juicio, en la Audiencia Provincial, por un presunto delito de prevaricación por omisión y otro de denegación de auxilio entre administraciones. Encausado a raíz de la desaparición de expedientes sancionadores que afectaban a un negocio de hostelería ubicado en la plaza Huerto del Rey, aprovechó su último turno de palabra para manifestar que «si quisiera haber robado, lo hubiera hecho cuando no había nadie». Antes de la vista, se buscó un acuerdo entre las partes que no fructificó. 

«No he robado absolutamente nada», enfatizaba el acusado después de que su letrado subrayase que ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular, en representación del Consistorio, «han podido quebrar la presunción de inocencia» debido a que no se aporta «ninguna prueba de cargo». Aparte, no dejó de insistir a lo largo de la sesión en que su cliente fue víctima de una «conspiración», fruto de un conflicto político en el seno del equipo de Gobierno -en manos, por aquel entonces, del PSOE y Ciudadanos- porque «era molesto para el poder que estaba instalado en el Ayuntamiento». 

La versión de la defensa choca de pleno con los testimonios de las funcionarias que en su día dieron la voz de alarma. Todas coinciden, y así lo ratificaron en sede judicial, en que Rodríguez-Vigil se personó el 13 de octubre de 2021 en la Sección de Servicios y Obras «a media mañana» para firmar cinco expedientes sancionadores. Dos de estos documentos correspondían al citado negocio: uno nuevo y otro que ya había desaparecido hasta en dos ocasiones.  

A las funcionarias les llamó la atención que el entonces edil acudiese por la mañana, ya que habitualmente realizaba esta clase de gestiones en horario de tarde e incluso domingos y festivos. El caso es que, según la declaración de varias de las testigos, cerró la puerta del despacho y salió al menos un par de veces antes de abandonar la estancia. En un momento dado se le vio hablando por teléfono y en otro solicitó un «expediente de Obras» a una administrativa. 

Con la mosca detrás de la oreja después de que el expediente sancionador contra dicho hostelero se volatilizase a mediados y finales de septiembre, las jefas de Negociado y de la propia Sección, así como la adjunta a esta, comprobaron el día 13, a primera hora de la mañana, que todos los expedientes pendientes de firma por parte del concejal estaban sobre la mesa. Por otro lado, tanto ellas como el resto de compañeras llamadas a testificar consideran del todo improbable que alguien ajeno al Ayuntamiento pudiese acceder al despacho. 

En aquella época, también quedaba pendiente de resolver un procedimiento administrativo relacionado con una transmisión de licencias de otro negocio propiedad del hostelero cuyos expedientes sancionadores nunca aparecieron. A este respecto, la entonces jefa de Sección recibió el encargo, por parte de Rodríguez-Vigil, de tratar el asunto con «cariño». 

El hostelero en cuestión, propuesto por la defensa en calidad de testigo, negaría a continuación cualquier relación personal con el exedil de Ciudadanos. No en vano, reconoció que habló con él «varias veces» para que arbitrase en la transmisión de licencias que pretendía resolver porque «nadie» le atendía en el Ayuntamiento. En cuanto a la sanciones que abrieron la caja de los truenos, interpuestas por la Policía Local en enero de 2020 y mayo del 21, se limitó a esgrimir que los agentes visitan con «cierta frecuencia» su local y que le han abierto expedientes por diversas causas. 

Ya en el turno de las conclusiones finales, la defensa de Rodríguez-Vigil remarcaría que las declaraciones de las funcionarias son «manifiestamente manipuladas», amén de estimar que no se puede probar la culpabilidad de su cliente con «pruebas tan débiles». Sea como fuere, la Fiscalía decidió mantener su petición de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por supuesta prevaricación omisiva y un año a mayores, más una multa de seis meses a razón de 12 euros diarios, por un presunto delito de denegación de auxilio. Entre otras cosas, por la «ausencia de explicaciones» y la «conexión» de los documentos desaparecidos, lo cual «induce a pensar que había una razón de fondo». Entretanto, la acusación considera «claro y meridiano» que el 13 de octubre «estaban todas las certificaciones encima de la mesa» hasta que el acusado entró en el despacho.