Condenado por estafar a Íñigo Cuesta con el patrocinio de un club ciclista

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenando a C.P.L. a una pena de dos años de cárcel y a indemnizar al exciclista burgalés Íñigo Cuesta y a los que fueron sus socios en la creación de un club ciclista femenino en más de 260.000 euros por estafarles al ofrecerse al patrocinio con un dinero que nunca llegó y que, sin embargo, tuvieron que adelantar los afectados.

En la sentencia, de conformidad entre las partes, también se condena al acusado a pagar 70.000 euros a una ciclista contratada por el club, así como a una empresa de comunicación (55.000 euros) y una empresa de diseño (122 euros), cantidades que se incluyen dentro de los más 260.000 euros que el acusado debe pagar a todos los afectados. El fallo aplica la atenuante de dilaciones indebidas al ser un caso que se remonta a comienzos del año 2019.

Los hechos probados que se recogen en la sentencia señalan que Íñigo Cuesta quería crear un equipo ciclista y necesitaba patrocinadores. El acusado aprovechó esta circunstancia y le ofreció la posibilidad de patrocinar un equipo ciclista de primer nivel con una cantidad muy elevada, a razón de 3 millones de euros anuales durante cinco años. Ante un ofrecimiento de tal magnitud, el ciclista de Villarcayo aceptó y llamó a un amigo que también había sido ciclista profesional, quien dejó su trabajo para unirse al proyecto.

Al ser necesario crear una sociedad limitada unipersonal que sería la que aportara la cantidad indicada, este exciclista contactó con un abogado para que el acusado creara la empresa Caprele Casa Dorada, con un capital inicial de 3.000 euros y que tenía como objeto social la construcción de plantas potabilizadoras en España, con el acusado como administrador único.

El 18 de febrero de 2019 se crea el club Women Cycling Sport y el 21 de junio de ese año se constituye la entidad mercantil, día en el que se firma el contrato de patrocinio por el que Caprele Casa Dorada se comprometía a pagar 3 millones de euros por cada una de las próximas cinco temporadas. Íñigo Cuesta era el presidente del club y, al tener confianza en la llegada del dinero prometido por el acusado, entre junio y diciembre de 2019 empezó a ofrecer contratos a masajistas, mecánicos y ciclistas. En el caso de estas últimas, ofreciéndoles cantidades superiores a las que cobraban para conseguir sus fichajes.

El acusado decía que la financiación venía de un fondo de inversión extranjero que se iba a materializar en su empresa de la planta potabilizadora. De hecho, C.P.L. mostraba un tren de vida muy alto y aparentaba ser alguien con numerosos contactos y con vehículos de alta gama, lo que hizo que las personas involucradas en el proyecto creyeran en sus promesas, además de recordar que era el dueño del equipo. 

Sin embargo, el dinero no llegaba, lo que hizo que los afectados empezaran a poner dinero de su bolsillo para que el equipo pudiera empezar a funcionar durante la temporada 2020 y que las corredores pudieran participar en carreras. Esto hacía que le pidieran al acusado que contara con dinero en efectivo para trámites, pero el acusado, que «nunca tuvo intención de aportar el patrocinio, sólo daba excusas diciendo que el dinero lo iban a traer de Paraguay», según recoge la sentencia.

Así, los 120.000 euros que reclamaba la UCI (Unión Ciclista Internacional) como aval no los cumplimentó el acusado al mandar una documentación que el organismo rechazó por considerar que podía ser fraudulenta. Tampoco pagó los seguros contratados, por lo que se anularon. La situación hizo que Cuesta adelantara pagos de bicicletas, la inscripción en la UCI, tasa a la Federación de Ciclismo o de una concentración en Andorra. Una aportación de su patrimonio personal que superaba los 85.000 euros. Adelantos y préstamos que también realizaron los otros miembros de la directiva del club.