La regularización revela 7.775 trabajadores extranjeros invisibles
Colombia y Venezuela lideran el quinto proceso de este tipo. «A penas hay resoluciones definitivas». «El objetivo era aflorar a las personas en economía sumergida y dignificar a quienes llevan años entre nosotros».
Cartel informativo sobre el proceso en las nuevas oficinas del padrón que abrió el Ayuntamiento.
La quinta regularización extraordinaria de extranjeros en España, que cerró el pasado 30 de junio, ha permitido aflorar la actividad laboral de 7.775 inmigrantes que llevaban años desempeñando su labor en la economía sumergida en Burgos. Colombianos, venezolanos, peruanos y marroquíes encabezan una iniciativa que busca reconocer su aportación a la sociedad y garantizarles derechos laborales básicos.
«El objetivo era sacar a la luz esa bolsa de personas que vivían en la economía sumergida. No es otra cosa que dignificar a quienes llevan años entre nosotros», señala el responsable de Accem Castilla y León, Daniel Duque Virseda. Desde Burgos Acoge comparten ese diagnóstico. «Era una medida necesaria, especialmente después del varapalo sufrido por muchos solicitantes de protección internacional que quedaron en situación irregular de la noche a la mañana con la entrada en vigor del último reglamento», explica la abogada Montse Martínez.
En Burgos, ambas organizaciones han acompañado a más de un millar de usuarios durante la tramitación. Accem ha atendido a 590 personas, una cifra especialmente significativa en la provincia «gracias al trabajo estable que ya se mantiene con la Diputación Provincial». En toda Castilla y León, la entidad ha prestado apoyo a unas 3.000 personas. Por su parte, Burgos Acoge ha realizado 1.034 atenciones correspondientes a 480 beneficiarios. Además, durante el primer mes fue la única organización que emitía informes de vulnerabilidad, con un total de 735 documentos expedidos.
En apenas dos meses y medio se han presentado las solicitudes que permiten obtener una autorización provisional para trabajar mientras llega la resolución definitiva. «Queda mucho camino por recorrer. A día de hoy apenas existen resoluciones definitivas, principalmente entre solicitantes de protección internacional, y calculamos que a más de la mitad aún no les ha llegado siquiera la autorización provisional», explica Martínez.
«Ahora toca hacer un seguimiento de los expedientes. Debemos recordar que la resolución llega por correo electrónico y es importante revisarlo con frecuencia. No sabemos cuánto tardarán las notificaciones, lo deseable sería un mes, pero solo con la autorización provisional ya se abandona la situación irregular y, por eso, muchos nos dicen que les cambia la vida», añade Duque.
España no afrontaba una regularización extraordinaria desde hace dos décadas y tanto la sociedad burgalesa como la española han cambiado profundamente desde entonces. «Muchos llevan años entre nosotros y, para algunos, esta oportunidad llega tarde. Poder acceder a un contrato de trabajo o firmar legalmente un alquiler supone normalizar su vida», explican ambas entidades. La Administración también obtiene beneficios. «La medida tiene un efecto muy positivo en la inclusión laboral y social, pero también incrementa la recaudación fiscal del país», subrayan.
La iniciativa, impulsada tras una recogida de más de 500.000 firmas, estuvo marcada por semanas de incertidumbre y abundantes rumores. «Vivimos meses de dudas tanto antes como durante el primer mes de aplicación. Hasta el día anterior no sabíamos si se iba a exigir contrato de trabajo, informe de vulnerabilidad o si bastaría con acreditar la situación irregular. Tampoco conocíamos cómo iba a funcionar el sistema de citas», recuerdan desde Burgos Acoge.
En ese contexto se extendió la creencia de que el certificado de empadronamiento era imprescindible, lo que provocó largas colas desde la madrugada y el colapso del departamento de Estadística del Ayuntamiento de Burgos que tuvo que abrir una sede adicional. Sin embargo, ese documento no era tan determinante como se pensaba. «Únicamente debían acreditar que habían permanecido en España durante los cinco meses anteriores. Ese malentendido fue el principal motivo del colapso y las entidades colaboramos con el Ayuntamiento para aliviar las colas mediante la presentación telemática de solicitudes», explica Montse Martínez.
La vía digital fue prioritaria y las asociaciones desempeñaron un papel esencial en ese acompañamiento. «Al principio recibimos muchísimas consultas para comprobar si cumplían los requisitos. Poco a poco esa demanda informativa disminuyó y nos centramos en la tramitación telemática», resume Daniel Duque.
esfuerzo y satisfacción
La labor de ambas organizaciones no comenzó con esta campaña. Las dos cuentan con una larga trayectoria en el acompañamiento a la población migrante y ya habían participado en los cuatro procesos extraordinarios anteriores. La principal diferencia de esta convocatoria es que la autorización inicial permite trabajar desde el primer momento, lo que «adelanta una necesidad fundamental tanto para los inmigrantes como para las empresas».
El volumen de expedientes, sin embargo, ha supuesto un importante esfuerzo para los equipos. «Ha sido un trabajo ingente, sin financiación específica de ninguna administración, que hemos podido sacar adelante gracias al compromiso personal y profesional de trabajadores y voluntarios. Ha sido bonito remar todos en la misma dirección», destacan desde Burgos Acoge. En Accem recuerdan que «para la mayoría de los compañeros era el primer proceso de estas características que gestionaban, ya que habían pasado veinte años desde el anterior. Con recursos limitados hemos estado a la altura gracias a un enorme sobreesfuerzo», concluyen.