El PSOE defiende su Plan Estatal de Vivienda frente al «bloqueo» de la Junta
Peña sostiene que Burgos presenta «condiciones privilegiadas» para un «nuevo modelo» habitacional y exige al Ayuntamiento un «inventario de parcelas edificables»
Ana Casado y Esther Peña, en la sede del PSOE de Burgos.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2023 impulsado por el Gobierno central dará sus primeros pasos a partir de septiembre. Hasta entonces, el PSOE quiere dar a conocer las medidas incluidas en su programa a los alcaldes de aquellos municipios susceptibles de beneficiarse de las ayudas contempladas. En el caso de Castilla y León, con 378 de los 7.000 millones de euros presupuestados a nivel nacional, los socialistas confían en que su labor promocional sirva para hacer frente al «bloqueo institucional» del Partido Popular y Vox desde el Ejecutivo autonómico.
«Están obligados a proporcionar soluciones», señalaba este martes la secretaria de Vivienda del PSCyL, Ana Casado, antes de mantener un encuentro con regidores de la provincia de Burgos para exponer las medidas de un plan cuya primera transferencia de fondos a las comunidades autónomas se producirá coincidiendo con el arranque del curso escolar. No en vano, advirtió que la Junta de Castilla y León «incumple» desde su nacimiento el artículo 9 de la Ley del Derecho a la Vivienda, centrado en las «previsiones, objetivos y programación de las actuaciones» que se pretendan llevar a cabo. En vez de eso, apostilló, el Ejecutivo regional «construye a ciegas».
En clave local, la secretaria general del PSOE burgalés, Esther Peña, recordó que el alquiler aumentó el pasado mes de junio un 6,4% respecto al año pasado situándose por encima de la media en Castilla y León. Dicho esto, aseguró que Burgos capital atesora «condiciones privilegiadas» para el desarrollo de un «nuevo modelo» habitacional gracias a su elevada disponibilidad de suelo público. El problema, sin embargo, reside en que «no hay un inventario de parcelas edificables» de titularidad municipal que pudiera servir de guía para afrontar la «principal preocupación de los burgaleses» a día de hoy.
Aparte de preguntarse «en qué están» el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta, Peña incidió en que «las necesidades habitacionales de los burgaleses no pueden esperar a los desmanes del PP». En este sentido, Casado agregaría posteriormente que la economía de Burgos «crece más rápido que la oferta», por lo que resulta «cada vez más difícil» que los trabajadores logren encontrar «vivienda asequible».
Más allá de defender la construcción de vivienda pública con «protección permanente y alquiler asequible», los socialistas también abogan por financiar la rehabilitación de inmuebles residenciales en el medio rural. Para ello, incidió Peña, es necesario que «la Junta cumpla con sus competencias» y que, a nivel municipal, «Cristina Ayala se ponga a trabajar de una vez por todas».
Sobre el futuro reparto de fondos a Castilla y León, Casado indicó que no se puede concretar aún qué cantidad le correspondería a la provincia de Burgos porque todo dependerá de «lo que cada municipio solicite» y, en última instancia, la decisión que tome el Ejecutivo regional en función de los requerimientos y necesidades detectadas. De hecho, los gobiernos autonómicos deberán aportar en un futuro el 40% de la cuantía global consignada. La primera anualidad, eso sí, será cubierta íntegramente por el Estado.