El PSOE ve "casi imposible" que la Escuela Municipal de Música arranque el curso en plazo

El grupo municipal socialista teme que la Escuela Municipal de Música de Burgos no pueda comenzar el próximo curso con normalidad debido al retraso acumulado en la adjudicación del contrato de gestión del servicio. La concejala Nuria Barrio cuestionó el nuevo procedimiento de contratación aprobado por el equipo de Gobierno y advirtió de que los plazos hacen "muy difícil, por no decir imposible" que el Ayuntamiento pueda tener formalizado el contrato antes del inicio de la actividad lectiva.

La edil socialista recordó que la Junta de Gobierno Local aprobó la pasada semana, por la vía de urgencia, un nuevo procedimiento para adjudicar la gestión de la escuela después de que las dos licitaciones anteriores quedaran desiertas. A su juicio, el recurso a un procedimiento negociado por imperiosa urgencia evidencia la falta de planificación y no responde a una circunstancia sobrevenida, sino a un problema que ya se conocía desde hace más de un año cuando se obligó al adjudicatario anterior a continuar con el contrato, pese a que estaba ya caducado. 

La edil defendió que la urgencia alegada por el equipo de Gobierno no puede considerarse imprevisible cuando se conocía con antelación la fecha de finalización del contrato y el calendario habitual de la Escuela Municipal de Música. "Todo el mundo sabe que el curso comienza en septiembre y termina en junio", afirmó para rechazar que concurran las circunstancias extraordinarias que exige la legislación para acudir a este tipo de procedimientos.

"El artículo 168 b de la Ley de Contratos del Sector Público dice que cabe un procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia y con tramitación urgente, pero se ha publicado para que las empresas manifiesten su interés, por tanto, no es ni un procedimiento negociado sin publicidad ni uno con publicidad, sino una fórmula intermedia que no está prevista en la normativa", aseguró, añadiendo que es un procedimiento híbrido o "un desaguisao" que da una "inseguridad jurídica máxima".

Barrio sostuvo que el calendario administrativo hace muy complicado cumplir el objetivo de que la escuela pueda iniciar el curso con normalidad. Aunque el plazo para presentar ofertas se ha ampliado hasta el 13 de agosto, recordó que posteriormente será necesario valorar las propuestas, adjudicar y formalizar el contrato, sin descartar además la posibilidad de que se presenten recursos.

A ello añadió que, una vez adjudicado el servicio, todavía deberán abrirse los plazos para que el alumnado actual confirme su continuidad, tramitar las nuevas matrículas, organizar los grupos y horarios y gestionar las nuevas inscripciones, un proceso que, según explicó, requiere varias semanas. "Se va con la soga al cuello y generando una incertidumbre que se podía haber evitado", lamentó.

Desde su punto de vista, el perjuicio de esta situación recae sobre las familias usuarias de la escuela, que, dijo, no deberían asumir las consecuencias de una "mala gestión de la Administración".

Asimismo, criticó la falta de información sobre las conversaciones mantenidas con empresas del sector, a las que el propio expediente hace referencia para justificar algunos cambios introducidos en el contrato. Según explicó, el Gobierno municipal no ha identificado con qué compañías se ha negociado ni quién actuará como interlocutor durante el procedimiento.

Barrio también puso en duda la coherencia de la justificación económica del nuevo expediente. Recordó que el equipo de Gobierno atribuye el fracaso de las dos licitaciones anteriores a las dificultades para calcular correctamente los costes laborales derivados de la subrogación de la plantilla. Sin embargo, aseguró que el nuevo estudio económico mantiene sin variación la partida destinada a salarios y Seguridad Social y concentra el incremento del contrato en otros conceptos, como herramientas informáticas, plataformas digitales, material o beneficio industrial. 

A ello añadió que el anterior pliego continúa pendiente de resolución por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCYL), después del recurso presentado por un sindicato, una circunstancia que, según advirtió, podría condicionar también el desarrollo del nuevo procedimiento.

Apertura del Castillo

Durante la comparecencia, la concejala socialista aprovechó también para criticar la apertura parcial del Castillo de Burgos, que calificó de "puesta en marcha" y no de inauguración al considerar que el proyecto sigue incompleto. Según señaló, todavía faltan actuaciones relevantes, como la musealización o la implantación del modelo de gestión previsto inicialmente, por lo que acusó al equipo de Gobierno de haber priorizado una apertura "para hacerse la foto" antes de finalizar el conjunto de la intervención.