El PP será «más exigente» con el retorno de las ayudas al comercio
Barriada admite que el plan ejecutado entre 2023 y 2025 carece de indicadores suficientes para medir su impacto real y avanza que se recurrirá a un asesor externo para diseñar el próximo y «huir de la endogamia»
Imagen de archivo de la última edición de la Feria del Stock de Burgos.
El Ayuntamiento de Burgos quiere cambiar la forma de evaluar el éxito de las ayudas públicas al comercio y será "más exigente" con la comprobación del retorno real que el dinero aportado tiene para el sector. Así lo indicó el concejal responsable del área, César Barriada, tras presentar el informe de balance del IV Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad, correspondiente al periodo 2023-2025, que reconoció que una de las principales carencias detectadas es la falta de indicadores que permitan medir el impacto de las actuaciones más allá de registrar el número de participantes.
Durante los tres años de vigencia de la iniciativa, el Ayuntamiento destinó más de 825.000 euros a las cinco entidades que colaboran en su desarrollo (Zona G, Centro Burgos, FAE, Cámara de Comercio y FEC) para actuaciones de formación, digitalización, sostenibilidad, promoción y dinamización comercial. La evaluación final, según Barriada, arroja resultados positivos en términos generales, pero también "áreas de mejora" como la necesidad de medir los logros de las distintas medidas implementadas.
El informe, subrayó, constata que "no existen referencias suficientes para conocer el alcance" y que, aunque se dispone de datos sobre la implicación de los asociados en campañas y talleres, falta información que permita determinar si esas iniciativas se traducen en "más clientes, mayor facturación o mejores resultados para los establecimientos", que según el edil han de ser el objetivo final.
Ese será precisamente uno de los cambios que el equipo de Gobierno quiere introducir en el quinto plan de comercio, aún por redactar. Barriada apuntó que el retorno económico será uno de los parámetros a tener en cuenta, que se evaluarán durante la vigencia del propio programa, y no únicamente al final, para concluir si las actuaciones funcionan y si, en consecuencia, deben mantenerse, reforzarse o sustituirse.
El próximo plan tendrá además una participación más amplia en su elaboración. El Ayuntamiento prevé contar con las entidades del sector y con los distintos grupos políticos de la corporación, pero también incorporará a un asesor externo para aportar una visión diferente y evitar la "endogamia" que, a juicio del concejal de Comercio, ha podido marcar los planes anteriores.
Este apoyo se materializará mediante un contrato menor y si bien su cometido inicial será ayudar a diseñar el nuevo documento, que podrá inspirarse en "experiencias e iniciativas que se desarrollan en otros puntos del país, adaptándolas a las características del comercio burgalés", podría prolongar su papel durante la posterior ejecución de su contenido, entre 2027 y 2029. Barriada insistió en que "no se trata de repetir automáticamente las actuaciones de años anteriores". El objetivo es elaborar un plan "ambicioso" y "potente", que pueda modularse en función de los datos.
Respecto al concluido en 2025, el concejal detalló que Zona G gestionó 121.206 euros, mientras que la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ejecutó 123.358 euros. Ambas entidades centraron buena parte de sus actuaciones en la dinamización y promoción comercial, con iniciativas vinculadas a los barrios y al espacio urbano. Entre ellas destacó la Feria Stock, organizada conjuntamente, que alcanzó los 38 establecimientos participantes en su última edición y una afluencia aproximada de 27.000 personas.
La FAE recibió 153.704 euros, centrados principalmente en el emprendimiento y la continuidad empresarial. Su Oficina de Transferencia de Negocios atendió 94 consultas o expedientes en 2023, 64 en 2024 y 54 en 2025, y facilitó 26 traspasos con éxito en 2023, 13 en 2024 y 14 en 2025. La entidad también realizó diagnósticos sobre cuestiones como la distribución de mercancías y la carga y descarga, además de auditorías energéticas a empresas.
La Cámara de Comercio gestionó 187.566 euros, con el foco puesto en la digitalización, la sostenibilidad y la innovación, mientras que la FEC ejecutó 238.957 euros, la mayor cuantía de las cinco entidades, destinados a formación, digitalización, promoción y conexión entre comercio, cultura y ciudad.
Más de 93.000 euros para la Junta Arbitral de Consumo
Por otra parte, Barriada anunció que el Ayuntamiento de Burgos recibirá 93.159 euros del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para su Junta Arbitral de Consumo. Se trata, destacó, de la mayor cuantía concedida en la convocatoria entre las 30 entidades que concurrieron.
El importe se concede en función de parámetros como las solicitudes de arbitraje, los laudos emitidos, las mediaciones o la actividad desarrollada, por lo que el edil lo interpreta como un reconocimiento al trabajo realizado por el servicio municipal.
En cuanto a la OMIC, la plaza de director está pendiente de cobertura y desde el área de Personal se trabaja para completar ese recurso. Además, el contrato para la gestión de la oficina quedó desierto y el equipo de Gobierno estudia ahora si recurre a un procedimiento negociado sin publicidad o si modifica los pliegos, especialmente en lo relativo a la exigencia de solvencia económica.