La tramitación en los centros de salud dispara los testamentos vitales

La accesibilidad de los servicios determina el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos. Los datos lo demuestran siempre que surge la ocasión. Ocurría el año pasado, sin ir más lejos, en Castilla y León. Un indicador se disparaba de manera extraordinaria, avivado por la reciente cercanía de un trámite que hasta entonces implicaba un desplazamiento a las capitales de provincia que muchos residentes del medio rural reservan para cuestiones estrictamente necesarias.

Consciente del impacto de esta barrera en el registro de instrucciones previas, también conocido como testamento vital, la Junta apostó a finales de 2024 por facilitar su formalización en todos los centros de salud de la región, con la formación de 250 profesionales, capacitados así para asistir a los interesados en plasmar oficialmente por escrito su voluntad sobre los cuidados y tratamientos que desean recibir si llega el momento en que no puedan expresarla por sí mismos, que en eso consiste, en esencia, este trámite.

La medida funcionó incluso mejor de lo esperado. En 2025 Castilla y León registró 6.986 nuevas instrucciones previas, frente a las 3.451 del año anterior.

La cifra supone más del doble de documentos en un solo ejercicio y eleva hasta 30.445 el número acumulado desde que la Administración autonómica puso en marcha el registro en 2008. El informe de la Consejería de Sanidad atribuye el incremento al esfuerzo realizado para facilitar el acceso.

En ello abunda la directora general de Calidad, Evaluación e Inspección, Mónica Robles, que, dada la respuesta, celebra el éxito de la medida, aunque el objetivo en sí no sea meramente numérico. «No se trata de que estos documentos aumenten, sino de que más ciudadanos tengan fácil ejercer ese derecho reconocido», subraya, para destacar que la última estadística evidencia que, por la misma razón, la subida se concentraba en los testamentos vitales cumplimentados ante personal de la Administración, en detrimento de las otras dos vías posibles, ante notario y ante testigos.

En el conjunto de Castilla y León, 6.319 de las 6.986 nuevas instrucciones previas registradas en 2025 se formalizaron ante personal de la Administración. Fueron 389 ante notario y 278 ante testigos. Es decir, nueve de cada diez documentos pasaron ya por la vía administrativa, frente a los 2.610 de los 3.451 registrados en 2024 por este procedimiento. El cambio es especialmente visible al comparar el peso de cada fórmula. En 2024, la vía administrativa representaba alrededor de tres cuartas partes de las nuevas inscripciones; un año después supera el 90%. Mientras tanto, las formalizaciones ante notario bajaron de 417 a 389 y las realizadas ante testigos, de 424 a 278. El crecimiento, por tanto, se concentra claramente en la opción que la Junta extendía a los centros sanitarios.

Robles vincula este resultado no solo con la posibilidad de realizar el trámite más cerca del domicilio, aunque se revele crucial, sino también con la labor de «sensibilización que se ha hecho, tanto con los profesionales como hacia la población general», señala, para explicar que «cada vez tenemos una población más familiarizada con ejercer ese derecho de autonomía y de corresponsabilizarse en su proceso vital».

En Burgos, en concreto, el giro es todavía más acusado. La provincia registró 1.834 nuevas instrucciones previas en 2025, frente a las 507 del año anterior. Son 1.327 documentos más en un solo ejercicio, lo que convierte a Burgos en la provincia que más creció de toda Castilla y León.

De esos 1.834 documentos, 1.718 se formalizaron ante personal de la Administración, mientras que 95 se hicieron ante notario y 21 ante testigos. La proporción es todavía más contundente que la media autonómica. El dato adquiere especial significado si se tiene en cuenta que Burgos ya partía de una posición destacada. Hace una década, en 2016, había registrado 261 nuevas instrucciones previas, solo por detrás de Valladolid, con 312. En aquel momento, la provincia acumulaba 1.504 documentos desde 2008 y diez años después son ya 5.849, prácticamente cuatro veces más.

Pero Burgos no destaca solo por el número de documentos. También sobresale al analizar los datos en relación con el tamaño de su población. Al cierre de 2025 llegaba a 18,9 instrucciones previas por cada 1.000 habitantes mayores de edad, la tasa más elevada de la región y muy por encima de la media autonómica, situada en 14,7. Valladolid, con 16,4, y Salamanca, con 16,3, son las otras dos provincias que superan también ese parámetro.

CRECIMIENTO GENERAL

El crecimiento burgalés no fue, en cualquier caso, un fenómeno aislado. La medida de la Junta funcionó en todas las provincias y la evolución general confirma que el fenómeno ganaba dimensión en toda la comunidad durante esta década. Valladolid, que ya lideraba los registros en 2016 con 312 nuevas instrucciones previas, alcanzó 1.536 en 2025; León pasó de 200 a 1.185 y Salamanca, de 185 a 911.

También creció con fuerza Palencia, de 71 a 436; Segovia, de 48 a 331; Zamora, de 51 a 296; Ávila, de 65 a 232, y Soria, de 29 a 188.

En todos los casos, por tanto, los registros de 2025 multiplican ampliamente los que se contabilizaban diez años antes, en un periodo en el que Castilla y León en conjunto pasaba de registrar 1.234 nuevas instrucciones previas en 2016 a las ya citadas 6.986 en 2025.