Crisis interna en la Policía Local de Burgos por «falta de transparencia y favoritismos»

La Policía Local de Burgos está pasando por una situación de «extrema gravedad» debido a problemas de organización y salud laboral, según denuncia el Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCYL) tras conocer los resultados de la Evaluación de Riesgos Psicosociales realizada en el cuerpo.

El informe, elaborado por la empresa externa G&M Prevención a petición del Ayuntamiento siguiendo la metodología del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), sitúa en «riesgo muy elevado» (zona roja) factores como el desempeño de rol o la participación y supervisión. El estudio, según fuentes del sindicato, se efectuó a raíz de la denuncia de un policía por un presunto caso de acoso laboral.

Más del 70% de los agentes y mandos que participaron en la evaluación califican las instrucciones diarias como «opacas, contradictorias o poco claras». En el apartado de participación y supervisión, el documento también establece un nivel de riesgo «muy elevado» y señala la falta de canales de consulta ante nuevas normas de trabajo, amén de una percepción de supervisión «arbitraria e insuficiente» por parte de la Jefatura en aspectos como la planificación y la calidad.

A estos problemas se suma el tiempo y la carga de trabajo, que el informe sitúa en un nivel de riesgo «elevado». Ante tales resultado, la organización sindical sostiene que esta situación afecta a la resistencia física y mental de los agentes y se traduce en dificultades para la conciliación y en una organización horaria irregular e imprevisible.

El informe recoge también las opiniones expresadas por los trabajadores a través del buzón de opiniones cualitativas. Según el SPPMCYL, el 80% de los trabajadores participó activamente en este apartado para trasladar sus quejas sobre el funcionamiento del Cuerpo.

Entre las cuestiones señaladas, figura una «total falta de transparencia y favoritismos» en el acceso a la formación y en el reparto de las horas extraordinarias. Del mismo modo, se denuncia la ausencia de asignación de horas extra como supuesto castigo por estar de baja o indisposición.

El documento recoge asimismo quejas por diferencias en las cargas de trabajo entre distintas unidades y por la política de permisos y los cambios en los plazos para solicitarlos. Circunstancias que, según el sindicato, dificultan la conciliación familiar de los agentes.

Las críticas internas alcanzan también a las órdenes verbales improvisadas, los cambios de calendario de última hora y la ausencia de un protocolo efectivo de desconexión digital. Por otro lado, el sindicato alude a una aplicación selectiva del régimen disciplinario y su utilización como herramienta de presión.

El SPPMCYL también critica, a través de un comunicado, una serie de designaciones que considera arbitrarias, adscripciones provisionales que se prolongan en el tiempo y amenazas de traslado forzoso, así como regulaciones unilaterales de las condiciones de trabajo por parte de la Jefatura.

Ante los resultados de esta evaluación, la delegación de SPPMCYL en Burgos carga duramente contra la actuación de la Jefatura de la Policía Local. El sindicato asegura que, durante la última reunión del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento, el jefe de la Policía presentó un documento «de índole personal» en el que calificaba de «percepciones subjetivas» los resultados del informe técnico.

Así las cosas, la organización considera «reprobable e inaceptable» que la Jefatura atribuya los problemas organizativos a la escala intermedia de mandos. Según el sindicato, el documento presentado acusa a estos responsables de mantener «conductas de evitación de responsabilidad» en la tramitación de expedientes disciplinarios y de «buscar excusas» para no instruirlos. Por todo ello, el SPPMCYL sostiene que la Jefatura es la máxima responsable del funcionamiento de la cadena de mando. 

Finalmente, el sindicato reclama al equipo de Gobierno que aplique «de forma inmediata» acciones correctoras. También la puesta en marcha de los protocolos frente al acoso y para la resolución de conflictos que, según apunta, exige el informe de prevención.

A tenor de esta situación, el SPPMCYL tacha de «grave irresponsabilidad» el hecho de que la concejala de Personal, Yolanda Barriuso, reste importancia al documento técnico de salud laboral. No en vano, la organización anuncia su intención de iniciar los trámites pertinentes para solicitar amparo institucional y trasladar su malestar ante la Inspección de Trabajo con el objetivo de que «se depuren las responsabilidades administrativas y las infracciones graves que correspondan en Derecho».