El Tribunal Superior vuelve a reclamar un sexto magistrado penal para la Audiencia de Burgos

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera que las 19 plazas judiciales aprobadas este año para la comunidad no son suficientes y ha acordado solicitar otras 16, entre ellas una sexta plaza de magistrado para la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Burgos, una necesidad que viene reclamándose desde hace tiempo por la carga de trabajo de este órgano. El acuerdo será remitido al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que lo tengan en cuenta en la programación de nuevas plazas.

En Burgos, la petición del Tribunal Superior, que tiene su sede en la ciudad, cuenta con un recorrido previo ya que la creación de esa sexta plaza penal había recibido anteriormente el respaldo de los órganos de gobierno judicial y vuelve ahora a incluirse expresamente entre las necesidades pendientes después del refuerzo aprobado para 2026. El propio Consejo General del Poder Judicial consideró el pasado año que crear una nueva plaza de magistrado en la Audiencia Provincial era la solución adecuada para que la Sección Primera pudiera funcionar con dos secciones funcionales, aunque recordó que esa ampliación exigía modificar la planta judicial y debía tramitarse a través del TSJCyL que preside Ana del Ser.

La presidenta de la Audiencia Provincial, Blanca Subiñas, ya había mencionado esa sexta plaza entre sus prioridades al asumir el cargo, con la intención de repartir mejor el trabajo penal y permitir que los seis magistrados pudieran organizarse en dos grupos funcionales. El CGPJ había dado pasos en esa dirección al prever que, una vez cubierta la vacante dejada por la propia Subiñas al asumir la Presidencia, la Sección Primera pudiera quedar integrada por seis magistrados y dividirse de hecho en dos secciones.

La resolución, aprobada el 7 de septiembre vuelve a situar esa ampliación dentro de una petición mucho más amplia para toda Castilla y León, y se produce después de que la Sala de Gobierno valorase un informe elaborado con estadísticas oficiales del Punto Neutro Judicial, datos sobre cargas de trabajo del Consejo General del Poder Judicial, información del Visor Horus y las valoraciones remitidas por los presidentes de las audiencias provinciales, y concluyó que, incluso después de incorporar las 19 plazas previstas en el Real Decreto 559/2026, siguen existiendo situaciones de sobrecarga estructural en distintos órganos.

El análisis tiene en cuenta la carga de trabajo, los asuntos pendientes, las demoras acumuladas, la complejidad de determinados procedimientos y las necesidades de especialización, con problemas especialmente relevantes en los órdenes social, civil, mercantil y penal. También contempla la necesidad de reforzar la atención a los asuntos de violencia sobre la mujer mediante la creación de nuevas secciones especializadas y comarcalizadas.

La propuesta inicial planteaba trece nuevas plazas judiciales y dos jueces de Adscripción Territorial, pero durante su examen la Sala decidió añadir una segunda plaza en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Palencia por el número de ejecuciones que tramita. El resultado final son 14 plazas concretas en distintos órganos judiciales y otras dos de juez de Adscripción Territorial para el conjunto de Castilla y León.

Además de la sexta plaza penal de Burgos, la relación incluye una novena plaza de magistrado en la Sala de lo Social del TSJCyL, con sede en Valladolid, y nuevos puestos en las audiencias provinciales de León, Salamanca y Valladolid. León recibiría también una segunda plaza mercantil y una tercera penal, mientras Salamanca sumaría otra plaza penal y una sección especializada y comarcalizada de violencia sobre la mujer.

Zamora y Ávila contarían igualmente con una segunda plaza penal en sus respectivos tribunales de instancia, Segovia dispondría de otra sección especializada de violencia sobre la mujer y Palencia incorporaría la segunda plaza penal añadida durante la deliberación. La petición se completa con dos jueces de Adscripción Territorial, una figura que permite atender necesidades de distintos órganos según la situación del servicio.

La jurisdicción penal ocupa buena parte de la relación aprobada por la Sala, con nuevas plazas en León, Salamanca, Zamora, Ávila, Valladolid, Burgos y Palencia, además de las dos secciones especializadas en violencia sobre la mujer. La Sala considera acreditada la necesidad de todas ellas por la carga de trabajo y las necesidades de especialización y organización, aunque el acuerdo no supone todavía su creación, ya que ahora debe elevarse al CGPJ y al Ministerio para que pueda incorporarse a la planificación de la planta judicia