Vox lleva al Pleno de Burgos una proposición sobre la soberanía de Ceuta y Melilla

El grupo municipal de Vox en Burgos ha registrado una proposición que será debatida en el Pleno Ordinario de septiembre de 2026, con el objetivo de reivindicar la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y otros territorios del norte de África. La iniciativa, presentada en rueda de prensa, forma parte de una acción coordinada a nivel nacional que el partido está impulsando en todas las administraciones donde tiene representación, incluidos ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos.

La proposición, titulada 'Iniciativa Coordinada sobre la Soberanía Española y la Invasión de Ceuta', surge como respuesta a las recientes declaraciones de miembros del Gobierno marroquí que han cuestionado la soberanía española sobre estos territorios. El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez Acitores, justificó la urgencia de la medida por "las circunstancias tan excepcionales, tan negativas y tan preocupantes para España" y por la "invasión que se ha producido en Ceuta", así como por la manifestación multitudinaria que tuvo lugar en la ciudad autónoma.

La iniciativa incluye un total de diez acuerdos que pretenden que el Ayuntamiento de Burgos, a través de su Pleno, adopte una posición firme sobre la cuestión territorial. Según explicó el representante de Vox, se trata de "reconocer la españolidad de Ceuta y defender a sus habitantes que están viviendo unos momentos dramáticos".

Diez acuerdos a debate

El primer acuerdo establece que el Pleno del Ayuntamiento de Burgos reafirma solemnemente la plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las Islas Chafarinas, el Peñón de Vélez de la Gomera, la Isla de Perejil y las Islas y Peñón de Alhucemas, calificándolos como "plazas y lugares de soberanía española en el norte de África".

El segundo punto contempla el rechazo a cualquier pretensión del Reino de Marruecos sobre estos territorios españoles. Por su parte, el tercer acuerdo propone condenar formalmente las declaraciones de representantes del Ejecutivo marroquí que califican estos territorios como "ocupados" y cuestionan su naturaleza española.

En cuarto lugar, la proposición considera que estas reivindicaciones territoriales resultan incompatibles con los principios del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado el 4 de julio de 1991, especialmente con el compromiso de respeto a la soberanía, integridad territorial e independencia política de ambas partes.

El quinto acuerdo establece que ninguna necesidad de cooperación migratoria, ningún interés económico ni conveniencia diplomática pueden justificar "la aceptación, el silencio o la ambigüedad del Gobierno de España" frente a reclamaciones extranjeras sobre territorio nacional.

Además se insta al Gobierno de la Nación a exigir formalmente al Reino de Marruecos, mediante comunicación diplomática, una declaración pública expresa e inequívoca de respeto a la soberanía e integridad territorial española, especificando todos los territorios mencionados.

En séptimo lugar, se propone que el Ejecutivo nacional convoque al Embajador del Reino de Marruecos en España para trasladar la queja correspondiente y reafirmar la voluntad de defender la integridad territorial "con todos los instrumentos y medios a disposición del Estado".

El octavo acuerdo plantea promover inmediatamente la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre ambos países, de conformidad con el artículo 96.2 de la Constitución Española.

El noveno punto propone revisar el conjunto de instrumentos de las relaciones bilaterales con Marruecos para garantizar que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática "quede presidida por los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía española y defensa de nuestra integridad territorial", procediendo a su denuncia o suspensión en cada caso.

La proposición se cierra instando al Gobierno a exigir a Marruecos que acepte, sin excepción ni excusa, todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español de personas de nacionalidad marroquí, mayores o menores de edad, adoptados administrativa o judicialmente, habilitando los medios y logística necesarios.

Estrategia coordinada por el partido

Durante la rueda de prensa, el portavoz de Vox en Burgos aclaró que no se trata de una iniciativa exclusiva del Ayuntamiento burgalés, sino de una proposición que se está presentando simultáneamente en múltiples instituciones a lo largo del territorio nacional. "Es una acción coordinada, obviamente", afirmó, explicando que el objetivo es "reclamar en todo el territorio nacional, en todas las administraciones, pues la españolidad y la defensa de los derechos de los ceutís".

Martínez Acitores justificó esta estrategia de alcance nacional argumentando que se trata de una cuestión de importancia y prioridad absoluta dadas las circunstancias que vive Ceuta. Por este motivo, el partido ha decidido llevar la misma proposición a ayuntamientos, diputaciones provinciales y parlamentos autonómicos donde cuenta con representación institucional.

La proposición será registrada de manera inminente y remitida a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Burgos. Desde Vox expresaron su esperanza de que el texto reciba el respaldo unánime de todas las formaciones políticas presentes en el consistorio burgalés, dada la naturaleza de la cuestión planteada.

Situación 

Esta proposición se enmarca en un contexto de tensión diplomática entre España y Marruecos respecto a la soberanía de los territorios españoles en el norte de África. Las declaraciones de diferentes representantes del Gobierno marroquí cuestionando el estatus de Ceuta y Melilla han generado malestar en diversos sectores políticos españoles.

Ceuta y Melilla son ciudades autónomas españolas situadas en la costa norte del continente africano. Ambas tienen un estatuto especial dentro de la organización territorial de España y cuentan con instituciones propias de autogobierno. Ceuta fue incorporada a la Corona de Castilla en 1668, mientras que Melilla pertenece a España desde 1497.

Además de estas dos ciudades, España mantiene soberanía sobre otras plazas menores en la costa norteafricana: las Islas Chafarinas (archipiélago de tres islotes), el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alhucemas (con sus islotes adyacentes) y la Isla de Perejil. Todos estos territorios tienen importancia estratégica desde el punto de vista de la seguridad, el control de las rutas migratorias y la soberanía marítima en el Estrecho de Gibraltar.

Aunque las proposiciones aprobadas en plenos municipales no tienen carácter vinculante para el Gobierno de la Nación, sí representan posicionamientos políticos institucionales que pueden tener repercusión en el debate público. En este caso, Vox busca que ayuntamientos de toda España se pronuncien sobre una cuestión de política exterior y defensa de la soberanía nacional.

La estrategia del partido consiste en generar un movimiento institucional coordinado que presione al Gobierno central para que adopte una postura más firme en sus relaciones diplomáticas con Marruecos. Al presentar la misma iniciativa en múltiples corporaciones locales, diputaciones y parlamentos autonómicos, se pretende crear un clima de opinión favorable a medidas contundentes.

El debate en el Pleno Ordinario de septiembre permitirá conocer la postura de cada formación política representada en el Ayuntamiento burgalés sobre esta cuestión, que trasciende el ámbito local para adentrarse en terrenos de política exterior y relaciones internacionales, competencias exclusivas del Gobierno de la Nación.