El PSOE propone crear un nuevo Plan Integral de Ruinas dotado con 600.000 euros para desbloquear expedientes

«Poner en marcha un nuevo Plan de Ruinas de carácter integral». Ese es el objetivo de la iniciativa que el grupo socialista presentará en el pleno ordinario de la Diputación que se celebra este viernes. Así lo avanzó la diputada provincial Nuria Barrio, quien puso de manifiesto «las carencias del actual modelo y la necesidad de dotarlo de mayor agilidad, presupuesto y recursos técnicos» para dar solución «a estos inmuebles en estado ruinoso que generan una mala imagen en los municipios, además de acarrear graves problemas de seguridad y salubridad para los vecinos».

El antecedente se remonta al plan 2023 y 2024, «al que concurrieron 57 ayuntamientos con un total de 97 intervenciones». Tras un informe inicial que clasificó los inmuebles según su nivel de riesgo en muy alto, alto, medio y bajo, «se aprobó un primer paquete de 28 expedientes de riesgo alto y muy alto». Posteriormente, «en abril de 2024, se sumó una nueva encomienda con otros 28 casos, a los que se incorporaron 35 más en febrero de 2026».

En total, de las 97 peticiones iniciales, «se aceptaron 56 encomiendas». «Hay 33 expedientes ya tramitados, 22 han concluido en declaración de ruina, uno en orden de ejecución, seis han sido desistidos y uno continúa en fase de evaluación», recopiló la socialista.

Precisamente el desistimiento «se ha convertido en la causa más habitual por la que los proyectos no llegan a materializarse». Este abandono del proceso «suele deberse a la extrema complejidad de los expedientes, la falta de presupuesto municipal, lo farragoso que es el procedimiento y a la escasez de fondos», señaló Barrio.

Ante este escenario, el PSOE defiende que las resoluciones firmes de ruina no deben quedar «sin efectos prácticos por la falta de recursos económicos para acometer las ejecuciones subsidiarias». Para ello, la proposición plantea un plan integral que cuente con «un fondo inicial mínimo de 600.000 euros con partidas diferenciadas para la asistencia técnica, jurídica y administrativas y una partida de ingresos».

La propuesta también señala la necesidad de «crear una línea específica y estable destinada a financiar o anticipar los costes de las ejecuciones subsidiarias y de aquellas medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los bienes». Además propone «establecer un procedimiento que permita que los municipios de menor capacidad económica y de gestión no tengan que afrontar íntegramente y con carácter previo el coste de las actuaciones de ejecución subsidiaria cuando ello pueda dificultar o impedir su realización, sin perjuicio de la posterior liquidación y exigencia de los gastos a propietarios o responsables legales».

Los socialistas también instarán al pleno a «revisar el actual límite general de inmuebles para que un mayor número de ayuntamientos pueda concurrir si los edificios presentan un riesgo especia y «realizar un diagnóstico provincial actualizado que refleje la dimensión real del problema, reforzando los medios personales y técnicos de la institución y dando cuenta periódica en la comisión correspondiente».

Por otra parte, la propuesta recoge la necesidad de «arbitrar fórmulas complementarias para valorar inversiones en inmuebles que cuenten con algún tipo de protección material histórica o ambiental, así como ofrecer asesoramiento jurídico claro para afrontar los expedientes con comunidades de herederos».