Abascal denuncia en Burgos «una violencia organizada desde La Moncloa» para «tapar la corrupción del Gobierno»

«Existe una violencia organizada y orquestada desde el Palacio de La Moncloa que busca impedir que mi partido pueda presentar sus propuestas en las calles durante la presente campaña electoral». Así lo aseguró ayer el presidente de Vox, Santiago Abascal, en una comparecencia ante los medios de comunicación que tuvo lugar en la Plaza Mayor de la capital burgalesa.

Abascal aseguró que «el hostigamiento sufrido por nuestros militantes y simpatizantes en recientes actos públicos responde a una estrategia deliberada del Partido Socialista y del Gobierno para desviar la atención de la actualidad judicial».

En este sentido, aseveró que «esta estrategia de hostigamiento» responde a un «intento deliberado por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez para tapar asuntos de máxima gravedad», entre los que enumeró «la mafia, las corrupciones de su entorno, las formas del presidente y los programas políticos de las fuerzas que presentan una alternativa».

Así, el líder de Vox acusó directamente a Sánchez de gobernar mediante «la desobediencia a los tribunales, la trampa de la Ley de Nietos, el intento de eliminar jueces incómodos que investigan a su familia y el despliegue de milicias violentas en las calles».

A juicio del dirigente, estas conductas confirman que España está gobernada por «una organización criminal que lleva tiempo mintiendo y traicionando a los españoles», situando su última traición en Ceuta «con la permanencia de invasores ilegales impulsados por Marruecos y permitidos por el Gobierno central».

A pesar de los altercados denunciados, el candidato de Vox desgranó los pilares de su programa económico y social asegurando que es de «sentido común». Abascal volvió a prometer la implantanción de la «prioridad nacional» para que las ayudas sociales «se destinen en primer lugar a los ciudadanos españoles». Asimismo, anunció un ambicioso plan de rebajas fiscales dirigido a desmantelar la «hiperburocracia» y a acabar con las normativas derivadas de los «fanatismos ideológicos, climáticos verdes de la Agenda 2030 y de género», los cuales «están ahogando a PYMES, autónomos, pequeños y medianos empresarios, agricultores, ganaderos e industriales».

Preguntado expresamente por lo que significaría la «desregulación» en la práctica, Abascal explicó que «cualquier profesional de mediana edad o mayor puede atestiguar que hoy en día gran parte del trabajo consiste en rellenar papeleo» para «cumplir normas puramente ideológicas que no aportan competitividad y lastran los salarios frente a otros países». Por ello, anunció que Vox ha abierto «buzones de desregulación» en aquellas instituciones donde gobierna para que los propios sectores productivos «señalen las trabas que les impiden trabajar, producir y contratar».

En materia migratoria y de servicios públicos, Abascal defendió su propuesta de remigración. Calificó de «insostenible» que en los últimos cinco años «hayan entrado en España cinco millones de personas sin un incremento proporcional en la construcción de hospitales, colegios, viviendas y refuerzo policial».

Esta situación, según argumentó, ha provocado «el colapso del mercado de la vivienda, con subidas del 74% en compraventa y 40% en alquileres», y de la atención sanitaria, y «ha destruido la seguridad en las calles». Abascal rechazó además que la vivienda siga siendo el eje del debate gubernamental, sosteniendo que «el PSOE ha dejado de hablar de ello al comprobar que los españoles no respaldan sus políticas».

Precisamente en el marco local, Abascal vinculó sus propuestas de seguridad con la actualidad de Burgos, citando de forma explícita «el triste suceso y homicidio a una mujer de 83 años». Interpelado por la autoría del crimen, el líder de Vox señaló que «los propios hechos e informaciones publicadas confirman la implicación de ciudadanos extranjeros» y , afirmó que «una gran parte de los delitos violentos, violaciones, robos con fuerza y asaltos a viviendas son perpetrados por personas que vienen de fuera y no deberían estar en España».

A este tenor, recordó que la formación apuesta por «la deportación inmediata de todos los extranjeros que cometan delitos en España, se encuentren en situación legal o ilegal», la «repatriación de quienes hayan accedido ilegalmente al país» y la «remigración de aquellos que viven de ayudas sociales necesarias para los españoles».

Precisamente preguntado por los altercados ocurridos en La Coruña y Avilés, Abascal formuló una denuncia «muy firme y tajante» contra el delegado del Gobierno en La Coruña por permitir una contramanifestación a escasos metros del mitin de Vox y afirmó que «esta actitud se repite sistemáticamente en toda España para crear un clima de violencia que sufren tanto los asistentes como los agentes de la Policía Nacional».

El líder de Vox calificó a los manifestantes como «milicias separatistas de Pedro Sánchez», equiparándolas a «las milicias de Sol que hostigan a periodistas» y «las milicias de la playa del Trampolín compartidas con el régimen marroquí» y auguró que «esta campaña sucia continuará hasta el 29 de noviembre si el Gobierno ve que le resulta útil para atemorizar a la población, garantizando que Vox no se dejará amedrentar».

El dirigente destacó además, la presencia habitual de «grupos de jóvenes magrebíes» junto a colectivos autodenominados antifascistas en los altercados contra las carpas y mítines de Vox y acusó a Sánchez de impulsar una regularización masiva de inmigrantes con la intención de «sustituir al pueblo español» que le da la espalda y fabricar «sus futuros votantes».

Durante la comparecencia, Abascal también se refirió a la Ley de Nietos, manifestando su «profunda preocupación» por lo que calificó una norma de «trampa y gigantesco fraude» mediante la cual «se está nacionalizando e inscribiendo ilegalmente en el censo electoral a bisnietos y tataranietos de personas que se fueron hace uno o dos siglos». El líder de Vox acusó directamente a la hermana del ministro Óscar Puente de dictar una instrucción que fue «mucho más allá de la ley aprobada en el Congreso» para favorecer este fraude. Asimismo, denunció que Vox, en calidad de principal acusación en la causa, solicitará al Tribunal Supremo la ejecución de la sentencia correspondiente para «fiscalizar y exigir responsabilidades a las autoridades que estén incurriendo en desobediencia al no retirar del censo a quienes han obtenido la nacionalidad de forma irregular».

Negociaciones

Preguntado sobre la marcha de las conversaciones con el Partido Popular relativas a una alianza en las listas del Senado y su posible extensión a la provincia de Burgos, Abascal rehusó adelantar detalles concretos. «Es un asunto muy serio e importante enfocado a neutralizar el desafío del frente socialista, comunista y separatista». El político apeló «la máxima prudencia» y aseguró que «cualquier acuerdo se anunciará públicamente en cuanto se concrete». De igual modo, acusó a «las fuerzas de izquierda, acusándolas de «hacer el ridículo y pelearse permanentemente en los medios» durante sus negociaciones y garantizó que Vox pondrá todo de su parte para que el cambio institucional en España sea «total» y no se limite al Congreso de los Diputados.

Milei

Por último y a tenor de las declaraciones del presidente argentino Javier Milei, quien tildó de «dictador» al jefe del Ejecutivo español, Abascal calificó las palabras de «muy certeras y cercanas a la realidad». Recordó que él mismo ha tildado a Sánchez en el Congreso de «autócrata y aprendiz de tirano», recriminándole ordenar el borrado de intervenciones de la oposición en el diario de sesiones. El líder de Vox concluyó afirmando que calificar a Sánchez de dictador «se queda corto» para definirlo después como el «jefe de una mafia que ha intentado convencer a unos narcos para que eliminaran a una juez».

Así, tachó al Partido Socialista de «hipocresía andante, mentiroso y falsario», recordando que el actual Gobierno llegó al poder enarbolando las banderas del feminismo y la lucha contra la corrupción», mientras que hoy «las violaciones se han multiplicado» y «el entorno político y familiar de Pedro Sánchez está juzgado o en prisión».