Vía libre desde el Gobierno para que Burgos refinancie 83,5 millones de la deuda de los consorcios
Ayala asegura que el importe pendiente de pago rondará los 121 millones antes de acabar el año. El PSOE urge la convocatoria de un pleno tras ver «la luz al final del túnel»
Juan Manuel Manso, Cristina Ayala y Ángel Manzanedo.
Pendiente de respuesta y sin otra alternativa en el horizonte, el Ayuntamiento de Burgos ha obtenido el visto bueno del Ministerio de Economía para refinanciar la deuda de los consorcios de Villalonquéjar y de la variante ferroviaria. Así, el plazo de amortización se extiende hasta 2042 rebajando considerablemente las cantidades consignadas para cada ejercicio. De aquí en adelante, el desembolso ascenderá a 83,5 millones de euros.
Sacando pecho de la respuesta gubernamental, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, afirmó este viernes que la deuda rondará los 121 millones antes de acabar el año. No obstante, hay una parte que no se refinancia. En concreto, el denominado tramo B se mantiene en los mismos términos porque el tipo de interés es inferior al 1,6%. El desembolso por tales condiciones, según apuntó el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, será de unos 8 millones.
El equipo de Gobierno del Partido Popular respira aliviado porque el espaldarazo de Economía permitirá solicitar un crédito para inversiones que, en principio, se estimaba en 25,2 millones. Pero es probable, tal y como precisó Manzanedo, que dicho importe se rebaje. Para ello, habrá que buscar el «equilibrio» entre los proyectos en cartera que se puedan ejecutar y los contratos de emergencia derivados del incendio de las cocheras de los autobuses municipales.
Lo fundamental, en cualquier caso, es que el Ayuntamiento capitalino destinará 5,28 millones de euros anuales para saldar la deuda en 16 años. Nada que ver con las cantidades contempladas de antemano, in crescendo hasta alcanzar los 32 millones en 2031.
Retrotrayéndose al inicio del mandato, el vicealcalde, Juan Manuel Manso, quiso enfatizar que el Ejecutivo municipal asumió una deuda de 193,1 millones cuando se firmó la disolución de los consorcios. Se había reducido paulatinamente, eso sí, durante la etapa del PSOE al frente del Gobierno. Sin embargo, el edil del Partido Popular destacó que el gabinete de Ayala tomó una «decisión valiente» porque el grupo socialista, en coalición con Ciudadanos, «no quiso hacer nada».
De forma más directa, Ayala acusaría posteriormente al PSOE de «mentir descaradamente a los burgaleses» alegando que, según el Ministerio, «el Ayuntamiento es solvente» y tiene una «situación fiscal saneada».
«Ponerse las pilas»
La lectura del PSOE sobre el pronunciamiento de Economía es a priori positiva porque «nos permite ver la luz al final del túnel». Pese a ello, la edil socialista Sonia Rodríguez achacó la situación actual del Ayuntamiento a la «mala cabeza» de un equipo de Gobierno cuyos presupuestos exigían un crédito de 25 millones para hacer frente a las inversiones planteadas. Aparte, recordó que el Consistorio no cumplía, al menos de entrada, las condiciones necesarias para acogerse a una medida «totalmente excepcional».
Después de subrayar que esta ampliación del plazo conllevará un gasto aproximado de 9 millones, Rodríguez reclamó a Ayala la convocatoria de un pleno a la mayor brevedad posible habida cuenta de que «la pelota está en el equipo de Gobierno», máxime con un crédito pendiente de solicitarse.
A expensas de que el Ejecutivo analice el encaje jurídico de dicha petición, tal y como explicó previamente la regidora, la concejala del PSOE instó al equipo de Gobierno a «ponerse las pilas» con el fin de «avanzar en obras pendientes como el edificio de las piscinas de El Plantío, que está adjudicado desde marzo».