Los vecinos de la central temen por el empleo y la despoblación tras el cierre

GABRIEL DE LA IGLESIA / Miranda

Uno de los argumentos que más está siendo utilizado por partidos políticos, sindicatos, administraciones, ecologistas y organizaciones empresariales a la hora de hablar -a favor y en contra- sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña es la incidencia de la instalación en el empleo. No en vano, de la planta del Valle de Tobalina depende la economía de un millar de personas y sus correspondientes familias. Alrededor de 700 de ellas trabajan diariamente en la central, ya sea a través de Nuclenor o de alguna de las 48 empresas subcontratadas, y durante las últimas semanas están sumidos en la más absoluta incertidumbre. 

Así lo manifiestan los propios trabajadores, que destacan, como ya quedara reflejado en la manifestación que recorrió las calles mirandesas el pasado jueves, que «la central es segura». No en vano, ellos son «los primeros interesados en que funcione bien». «Si no fuera segura, ni trabajaríamos allí ni viviríamos con nuestras familias en el entorno», afirman con contundencia.

Es por eso por lo que no les parece razonable que la posible clausura de la planta dependa de «una decisión política». «El CSN, que es el que más sabe de esto, ha dicho que es fiable. ¿Por qué debería cerrar?», se preguntan.Dudan, además, de que el hipotético desmantelamiento posterior a la decisión del cierre les garantice el empleo.