Aparicio propondrá a la subdelegada solicitar de forma conjunta la instalación de cámaras

R. TRAVESÍ / Burgos

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, está cansado que la pelota de las cámaras de videovigilancia en las zonas de bares de copas de la ciudad vaya de un tejado a otro y que ni el Ayuntamiento ni la Subdelegación del Gobierno no tomen cartas en el asunto.Es por ello que Aparicio propondrá a la subdelegada Berta Tricio, durante la próxima Junta Local de Seguridad del viernes, que ambas administraciones «vayan de la mano» y soliciten de forma conjunta el permiso a la Comisión Regional de Videovigilancia para instalar cámaras en Las Llanas y Las Bernardas.

Este ofrecimiento llega después de que el equipo de Gobierno municipal haya mostrado su malestar tras comprobar que el orden del día de la Junta de Seguridad no incluye ningún punto acerca de las cámaras de videovigilancia. Tan sólo se abordará la planificación y los servicios de cara a las fiestas navideñas. La concejal responsable de Policía Local, Gema Conde, esperaba que la próxima reunión de Seguridad abordaría este tema, sobre todo tras las últimas declaraciones de Berta Tricio, en que anunciaba su intención de estudiar la instalación de cámaras de vigilancia. Sin embargo, fuentes de la Subdelegación precisan que el asunto se trataría si existía una petición expresa por parte del Ayuntamiento de Burgos.

El ofrecimiento del alcalde de la ciudad será cerrar un convenio, u otra forma jurídica, para solicitar el permiso a la Comisión así como fijar el reparto de la instalación de las cámaras, el control de cada una de las zonas de bares y el mantenimiento de los aparatos.

La concejal Gema Conde quiere dejar claro que la iniciativa que lleva a cabo el Consistorio de solicitar cámaras de videovigilancia no debe ser interpretado como una responsabilidad municipal. «El Ayuntamiento es quien toma la iniciativa pero el Gobierno de la Nación es quien tiene la competencia exclusiva en materia de seguridad ciudadana», asevera Conde. Pese a ello, reconoce que la Policía Local cuenta con los recursos materiales y humanos que permiten la instalación y control de esos dispositivos de seguridad. Recuerda que el control del botellón corre a cargo de la Policía Local pero la seguridad ciudadana es de la Nacional.

La subdelegada, en cambio, apuntó en una entrevista a este periódico que «la norma es que las cámaras de vigilancia las pidan los ayuntamientos y no vamos a ir contra la norma». Además, fuentes de la Subdelegación apuntan que al tratarse de un espacio urbano, la colocación de esos dispositivos debe corresponder al Ayuntamiento. Berta Tricio también explicó que cualquier institución tiene competencia para solicitar las cámaras, siempre y cuando tenga cuerpos y fuerzas de seguridad a su cargo.Ejemplo de León y Salamanca, pero también Málaga y MarbellaBurgos estudiará seguir los pasos de León y Salamanca a raíz de la demanda de colectivos como la Asociación Cívica Burgalesa, que demandó la instalación de cámaras de vigilancia urbana después de las muertes de tres jóvenes en poco más de un año en las zonas de copas de la ciudad. El último suceso grave tuvo lugar en la madrugada del 14 de diciembre con la muerte violenta del joven Aitor del Álamo. También las asociaciones de propietarios de bares de la ciudad reclaman más vigilancia.

La instalación de cámaras de videovigilancia suele estar motivada por dos motivos fundamentalmente como es la vigilancia de edificios públicos o de especial valor histórico-artístico y para luchar contra el vandalismo. El Ayuntamiento leonés aprovechó las ayudas del PlanE del Gobierno para colocar una decena de cámaras en el casco histórico, todas ellas vinculadas al patrimonio histórico. El Ayuntamiento de Salamanca también instaló en el casco histórico 16 cámaras, tras presentar datos sobre delincuencia e intervenciones relacionadas con el consumo de alcohol en la calle, actos vandálicos, pintadas e incautación de armas.

El Consistorio burgalés reclamó en la pasada legislatura que se implantara este sistema en una de las zonas de copas de la ciudad, pero la comisión de videovigilancia rechazó su petición. «Pero se puede volver a intentar», consideró la subdelegada en una entrevista que publicó ‘El Mundo- El Correo de Burgos’. En el año 2005, la Asociación de Comerciantes de Las Bernardas solicitaron, a través del Ayuntamiento, este tipo de cámaras aunque fue rechazada al no aportar datos objetivos sobre la inseguridad en la plaza ni acotar el espacio de grabación en los emplazamientos que propusieron.

La concejal Gema Conde pone el ejemplo de otras ciudades de Andalucía. Apunta que los ayuntamientos de Málaga y Marbella solicitaron la instalación de cámaras de videovigilancia en las calles pero la Comisión encargada de dar el permiso en esa Comunidad Autónoma lo denegó. Finalmente, se concedió la licencia después de que la Subdelegación del Gobierno en Málaga lo solicitara de forma conjunta con los municipios. «Este es ejemplo que proponemos para Burgos», afirma Conde.