Un proyecto que subsane los errores desbloqueará la parálisis del S-4

JUAN FRANCISCO CORCUERA / BurgosEl desarrollo del S-4, uno de los mayores sectores urbanísticos de la ciudad, iniciaba ayer el periplo para su desbloqueo tras las sentencias judiciales que han paralizado la concesión de licencias para construir las más de 3.000 viviendas que incluye el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El S-4 se extiende sobre una superficie de 450.000 metros cuadrados que se ubican a caballo entre el Barrio de Vista Alegre, en el G-3, y Villímar.Una estancia de la primera planta del Ayuntamiento capitalino acogía ayer una reunión a la que acudían técnicos municipales, representantes del Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la urbanización de los terrenos, los recurrentes a los diferentes proyectos impulsados desde el Ayuntamiento, la Federación de Empresarios de la Construcción y la Asociación de Promotores; también estuvo presente la concejal de Licencias, Dolores Calleja. El objetivo es resolver un problema que se remonta al año 2000 y que no abandonaba desde entonces los tribunales.Calleja resaltaba la disposición de las partes implicadas -recurrentes y empresas de la UTE que urbanizó el suelo- para «llevar adelante» un nuevo proyecto de Actuación «que no sea objeto de nuevos recursos judiciales». Hay que recordar que sobre diferentes proyectos para el desarrollo urbanístico recaen siete sentencias dictadas por diferentes instancias judiciales que impiden la concesión de licencias.Ese nuevo Proyecto de Actuación debe incluir «las cuestiones más ásperas», según Calleja, mientras que aquellas a las que los fallos judiciales imputan la calificación como «de difícil o imposible ejecución» deberán negociarse aparte las compensaciones que los recurrentes crean como justas. A pesar de la buena disposición de las partes, ratificada por uno de los abogados de la parte que recurrió los acuerdos, el asunto «es muy complicado», reconoce la concejal de Licencias por los diferentes mandatos de las diferentes sentencias dictadas sobre diversos apartados de los planes elaborados para desarrollar ese sector urbanístico.A pesar de la disposición de las partes a negociar los términos de los acuerdos y que el nuevo Proyecto de Actuación recoja la mayor parte de los términos del pacto, el nuevo proceso podría extenderse por un plazo mínimo de dos años. Ese nuevo documento debe cumplir con las reivindicaciones de los recurrentes y subsanar las deficiencias que las diferentes instancias de lo Contencioso-administrativo han determinado como tales.Los sucesivos fallos judiciales afectan tanto al Plan Parcial -tres sentencias-, al Proyecto de Adaptación -otras tres- y al Proyecto de Reparcelación -otras dos-. La idea de los recurrentes es que la nueva reparcelación se haga efectiva «sin tener que alargar en exceso el proceso».Las promociones que se construyen en la actualidad y cuyas licencias se concedieron antes de que se iniciaran los procesos judiciales se quedan, por el momento, al margen de la negociación pese a estar afectadas por las sentencias. Es una muestra de  «generosidad» y «mano tendida» por parte de los recurrentes para mostras su disposición al acuerdo.