El rechazo de la Subdelegación deja sin videovigilancia a las zonas de ocio
El Ayuntamiento descarta reclamar en solitario las cámaras para Llanas y Bernardas
N. VILLAMIL / Burgos
La presencia policial seguirá siendo la única medida de prevención de incidentes en las zonas de copas. El Ayuntamiento descarta solicitar la instalación de cámaras de vigilancia en las Llanas y en las Bernardas después de que la Subdelegación del Gobierno le haya negado su respaldo. El Consistorio burgalés entiende que «no tiene sentido hacer esta petición sabiendo de antemano que la respuesta va a ser negativa», según recalcaron desde esta institución. El alcalde acudió ayer a la Junta Local de Seguridad con la esperanza de que la subdelegada aceptara cursar una petición conjunta a la Comisión Regional de Videovigilancia, pero obtuvo una respuesta negativa.
El equipo de Gobierno local (PP) considera que los tres fallecimientos que se han registrado en las zonas de ocio en otras tantas peleas en poco más de un año justifican la medida, pero la subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, discrepa. Sostiene que a lo largo de este año se han registrado menos faltas por lesiones que durante 2008 e invita al Consistorio burgalés a reclamar por su cuenta la instalación de cámaras de vigilancia.
La ‘norma’ en la Comunidad
Entre las razones que Tricio aduce para negarse a suscribir la petición del Consistorio destaca el cumplimiento de «las normas». Asegura que,aunque cualquier administración que tenga a su cargo fuerzas y cuerpos de seguridad tiene competencias para efectuar esta solicitud, en Castilla y León esa tarea corresponde a los ayuntamientos. «Así lo establece el delegado del Gobierno, Miguel Alejo, que es el encargado de resolver las solicitudes previo informe y resolución de la Comisión Regional de Videovigilancia», dijo.
El otro argumento que Tricio esgrime para explicar su rechazo a la propuesta del alcalde está relacionado con el «criterio restrictivo» de la Comisión y del propio Alejo a la hora de autorizar la instalación de cámaras en la calle. «Se debe sobre todo a cuestiones relacionadas con la intimidad y privacidad de las personas», arguyó la subdelegada.
León y Salamanca
Las ciudades de León ySalamanca sí tienen el permiso para implantar este sistema en algunas calles, puesto que las cámaras autorizadas «están dirigidas a aspectos relacionados con el patrimonio», apuntó la subdelegada. En cambio, precisó, «se han desestimado algunas cámaras que se pidieron para zonas confilictivas» desde el punto de vista de la seguridad.
La Fiscalía Superior del TSJCyL calificó el sistema de cámaras urbanas de vigilancia instalado por el Ayuntamiento de León de modélico para otras ciudades, por conjugar el derecho a la intimidad y el interés público de la seguridad.
Allí las cámaras se encuentran junto a edificios históricos y de valor artístico; en zonas de concentración de actos vandálicos. Lo mismo ocurre en Salamanca, la primera ciudad de la Comunidad en solicitar el permiso para implantar la videovigilancia.
La propuesta de Burgos
La oferta que puso sobre la mesa de la Junta Local de Seguridad el alcalde, Juan Carlos Aparicio, consistía en la firma de un convenio «u otra forma jurídica» entre el Ayuntamiento y la Subdelegación para solicitar el permiso a la Comisión. El acuerdo que proponía el regidor burgalés contemplaba también consensuar el reparto de la instalación de las cámaras, el control de las zonas de concentración de bares y el mantenimiento de los aparatos.
La respuesta negativa de la Subdelegación se suma al rechazo de la Comisión a la petición de permiso para la videovigilancia que el Ayuntamiento presentó en el año 2005.