Greenpeace y Ecologistas en Acción recurren la prórroga de Garoña

GABRIEL DE LA IGLESIA / MirandaApenas un día después de que Nuclenor presentara ante la Audiencia Nacional la denuncia correspondiente al recurso interpuesto en septiembre contra la Orden Ministerial de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, Greenpeace y Ecologistas en Acción hicieron lo propio ayer.Eso sí, la intención de las dos organizaciones ecologistas más importantes del país es bien diferente a la de la empresa propietaria de la planta del Valle de Tobalina. Mientras Nuclenor ha recurrido la decisión del Gobierno con el objetivo de operar hasta 2019 como avaló en su día el Consejo de Seguridad Nuclear, los grupos ecologistas pretenden clausurar la planta de manera inmediata.En este sentido, la demanda de Greenpeace y Ecologistas en Acción se basa fundamentalmente en un aspecto: el incumplimiento reiterado de la normativa de Impacto Ambiental. Y es que, según manifiestan ambas agrupaciones, Garoña ha venido funcionando desde su puesta en marcha sin haber obtenido nunca licencia de actividad o licencia ambiental. Ni siquiera, subrayan, con ocasión de la última prórroga concedida por el ejecutivo central, en cuyo trámite no se ha tenido en cuenta la Evaluación de Impacto Ambiental de la instalación.«Dado que no se han respetado las normas reguladoras de las licencias que deben obtener estas instalaciones, procedería dejar sin efecto la Orden y, en consecuencia, la central nuclear de Garoña debería haber cerrado al expirar el plazo de la autorización provisional que tenía en vigor», señala Luis Oviedo, abogado de Ecologistas en Acción y Greenpeace en este recursoPero esta no es la única carencia legal que denuncian ambas agrupaciones en la actividad de la planta del Valle de Tobalina. A ella se le añaden otros incumplimientos, como por ejemplo el no disponer de una autorización legal de vertido y de suministro de agua proveniente del Ebro. Tampoco se está cumpliendo, según las organizaciones ecologistas, la propia normativa del Consejo de Seguridad Nuclear, entre otras la Ley 33/2007 de creación del CSN, y a la Ley 26/2007 y al Convenio de Aarhus, sobre derecho a la información ambiental y reguladora de la participación pública en materia de medio ambiente. De hecho, han sido multitud las ocasiones en las que Greenpeace y Ecologistas en Acción han criticado el, a su juicio, escaso flujo de información proveniente de Nuclenor.Por todo ello, ambas organizaciones sostienen que la Orden Ministerial es nula de pleno derecho. De esta forma, inciden, la central debe ser cerrada de manera inmediata.Con todo, mientras la Audiencia Nacional estudia todos los recursos presentados (hay otra decena), una cosa está clara: la decisión del ejecutivo nacional de clausurar Santa María de Garoña en 2013 no ha gustado ni a los defensores de su continuidad ni a sus detractores. Mientras los primeros afirman que la Orden Ministerial del pasado mes de julio se firmó manchada por tintes ideológicos, los segundos entienden que la prórroga de la actividad durante cuatro años más se debió a las presiones del «lobby nuclear».A este respecto, las organizaciones ecologistas también cargan contra Nuclenor, a quien acusan de mirar únicamente por sus intereses económicos, y no por la utilidad del mantenimiento de la planta del Valle de Tobalina.Cierre «caprichoso»A los recursos planteados por empresa y organizaciones ecologistas se les suma el presentado recientemente por la Junta de Castilla y León, favorable a la continuidad de la planta nuclear hasta 2019, siguiendo los preceptos de seguridad planteados por el CSN. Ayer, el portavoz del Gobierno regional, José Antonio de Santiago-Juárez, apoyó abiertamente la presentación de otros recursos contra la Orden Ministerial. No en vano, el también consejero de Presidencia entiende que la decisión de cerrar Garoña en 2013 es «caprichosa» y surge «fruto de devaneos progresistas» del ejecutivo.En este sentido, de Santiago-Juárez incidió en la necesidad de desarrollar en España un mix energético similar al de los países del entorno, en el cual la nuclear siga teniendo un peso importante a pesar de la proliferación de instalaciones de energía renovable.Además, desde el Gobierno autonómico se entiende la petición de indemnizaciones por parte de los ayuntamiento y Nuclenor.