El PSOE de Medina lleva al Procurador del Común las irregularidades de Aguas

J. C. R. / BurgosEl grupo socialista en el Ayuntamiento de Medina llevará ante el Procurador del Común ante las «irregularidades» que según el portavoz socialista en el Consistorio, Isaac Angulo, ha cometido el alcalde popular, José Antonio López Marañón, con la concesionaria del servicio de Aguas de la ciudad, la empresa Aquagest. La raíz del conflicto está en la modificación de un contrato que el Ayuntamiento de Medina firmó en el año 2005 con esa empresa encargada de gestionar ese servicio y el alcantarillado de la villa burgalesa.La empresa se había comprometido, además, a hacer una obra por valor de 2,4 millones de euros que finalmente no realizó. A cambio entregó al Consistorio un talón de 2,1 millones y los socialistas pregunta ahora, «¿dónde está el dinero que falta?».El contrato, que en su día aprobó el Pleno, ordena que Aquagest debe pagar todos los años al Consistorio un 20% de sus beneficios como canon durante 45 años por la gestión del agua. Sin embargo, «Marañón decide que en lugar del 20%, sea el 3% y se calcula esa diferencia en una inversión que debe hacer el Ayuntamiento por valor de 2,4 millones de euros», explicó el secretario provincial del PSOE, José María Jiménez.Según los cálculos que maneja el PSOE, el 17% que supone el cambio de contrato, representa «en torno a los seis millones de euros», y no los 2,4 que decide el Ayuntamiento de Medina.Los socialistas entienden que «ya hay una primera pérdida» en los intereses generales de Medina y «además un gran beneficio para le empresa». Después, en lugar de hacer una obra de 2,4 millones de euros, la empresa ingresa 2,1 porque decide no hacer esa obra de mejora. Además, denuncia que «siguiendo con el trato de favor» les adjudican la gestión de las piscinas de invierno, recordó el portavoz del PSOE, Isaac Angulo.Jiménez también criticó la decisión del Ayuntamiento de Medina de autorizar la instalación de la planta de reciclado de neumáticos en Moneo «sin ningún informe ambiental». Y que ante las dos manifestaciones, las más importantes de la historia de la ciudad, «la respuesta sea la callada o el insulto», detalló Jiménez. O utilizar a «funcionarios y fondos públicos» para repartir «folletos atacando a las personas que desde su convicción constituyen una plataforma en defensa de Moneo», denunció. Una actitud, la de López Marañón que «también se manifiesta en la Diputación» con el conflicto con los Bomberos de Aranda por la contraprestación económica al cuerpo arandino en sus salidas a la provincia.