La Diputación reúne a 156 municipios en el convenio de calidad del agua

N.E. / Burgos

Un total de 156 ayuntamientos de la provincia de Burgos se han adherido al convenio marco promovido por la Diputación para la prestación del servicio de control de la calidad del agua de consumo humano. Más del 70% de las localidades que se han unido (111) son poblaciones de menos de 200 habitantes ya que eran, precisamente, los núcleos que mayores problemas tenían para hacerse cargo de esta competencia municipal que entró en vigor el 1 de septiembre.

Además, otras nueve pedanías han solicitado su adhesión. En este caso, se ha informado que son los ayuntamientos quienes deben firmar el acuerdo y no los alcaldes pedáneos por lo que se ha remitido información a los consistorios para que soliciten participar en el convenio si están interesados. 

El diputado provincial de Agricultura y Medio Ambiente, Ramiro Ibáñez, indicaba ayer que una vez que la Institución Provincial conoce el número de municipios interesados en participar en el acuerdo marco, el siguiente paso -que será inmediato- será sacar a concurso la prestación del servicio para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. La Diputación optó por esta fórmula con el fin de abaratar a los ayuntamientos los costes de las analíticas necesarias para determinar la calidad del agua de consumo humano.

Ibáñez indicaba que en los próximos días saldrá publicado el concurso en el BOP que incluirá los servicios de análisis de control, análisis completo y análisis de grifo, así como la toma de muestras en los municipios y la introducción de los datos en el  Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac). Estos son todos los parámetos que exige el Real Decreto 140/2003 que otorga a los municipios las competencias sobre la calidad del agua de consumo humano.

Desde el área de Medio Ambiente de la Diputación precisan que un ayuntamiento tiene obligación de realizar al año un control de depósito, un análisis de control de red y cuatro análisis de grifo. Además, cada cuatro años debe acometer un análisis completo.

El precio estimado en el convenio para un núcleo de menos de 200 habitantes es de unos 600 euros, sin embargo indican que los laboratorios están ajustando los precios debido a que la oferta ha crecido considerablemente desde el pasado 1 de septiembre cuando entró en vigor el Real Decreto. De esta manera, esperan que en el concurso las empresas ofrezcan este servicio a la baja y que pueda salir por unos 500 euros anuales para cada municipio que participe en el convenio.

Estos detalles se precisarán una vez que los laboratorios presenten sus ofertas en cuanto se haga pública la licitación del servicio.

Por otro lado, la Diputación se ha encargado de elaborar los protocolos y dar de alta en el Sinac a 240 municipios. En la actualidad, se está trabajando con las localidades de menos de 200 habitantes. Con el fin de evitar las sanciones por el incumpliento de la normativa de calidad de las aguas, cuya revisión compete a la Junta de Castilla y León, se está actuando «a la par» que la Administración regional. Según explica el diputado del área, si la Junta ha comenzado a inspeccionar la prestación del servicio en las localidades por las que discurre el Camino de Santiago, es precisamente, en ellas en las que los técnicos de la Diputación están ultimando los protocolos de autocontrol de agua y asesorando a los municipios. 

Los ayuntamientos que no se han adherido a este convenio marco de colaboración con la Institución Provincial han contratado de forma directa con los laboratorios la prestación de este servicio. Las localidades más grandes, que cuentan con personal municipal, son las que mejor han podido afrontar la realización de los distintos análisis.