Diputación deberá adaptarse a la norma de transporte de agua en cisternas

J.C.R. / BurgosLa Diputación deberá resolver un nuevo problema que la aplicación del Real Decreto de Vigilancia Calidad de las Aguas de consumo humano ha generado: el servicio de cisternas a poblaciones con problemas de agua, sobre todo en el verano. La diputada socialista Esther Peña aseguró ayer que la nueva normativa impide realizar el servicio «tal y como se venía desarrollando hasta ahora con camiones de bomberos» y que la Diputación deberá transportarla en cisternas «exclusivas para agua o distribuir agua embotellada en las poblaciones que tengan problemas», subrayó.Son las dos soluciones posibles a un problema que «con la cercanía del verano» puede dejar sin agua potable a los pueblos que necesiten este servicio ya que la opción de servir agua en camiones de bomberos queda «eliminada» y sin posibilidad de moratoria ni plazos posibles para subsanar el problema.Unos camiones cisterna específicos que «deberán llevar como personal, además del conductor, un químico para realizar el control del agua en su salida». La solución es la doble ya indicada, la de suministrar garrafas de agua o sacar a concurso los camiones cisterna aunque «hay poco tiempo para ello», precisó Peña. Eso o que la propia Diputación compre un camión cisterna para uso exclusivo de este servicio.Un problema que debería cerrarse si existiera un Plan de Sequía aceptable y la Junta de Castilla y León colaborase en el asunto. Y es que la reducción para este año de los fondos regionales ha descendido un 64% pasando de 2,5 millones de euros el año pasado «a 900.000 que están previstos este año en el borrador», una cantidad que se «debe firmar en pocas fechas» y que deja a Diputación en una situación muy complicada.Y es que el año pasado, la Diputación sirvió 4,6 millones de litros de agua en cisternas a 43 poblaciones, una cifra casi tres veces superior a 2008, cuando se transportaron 1,5 millones de litros.Un Plan de Sequía que no parece convencer a nadie porque incluso sube la aportación que han de hacer los ayuntamientos para las obras ‘pequeñas’, las de rápida ejecución. Hasta ahora no aportaban apenas nada porque el 10% que les correspondía lo abonaba la propia Diputación. «Ahora, el 50% lo aporta la Junta de Castilla y León, el 30%, la Diputación y un 20% los ayuntamientos», precisó Esther Peña.Son «reducciones muy drásticas que complican Una reducción drástica que va a complicar la situación de muchos pueblos de la provincia». Hay que recordar que Burgos es la provincia de la Comunidad que más usa de estos servicios . Por eso, desde el PSOE se pide a la Diputación que «exija a la Junta una rectificación en el Presupuesto para que incremente estas cantidades la partida y que no se justifiquen en «que este año ha llovido mucho y por eso se puede rebajar la inversión, como dijo la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León , María Jesús Ruiz», sentenció Esther Peña.