El Estado vuelve a negar el IBI de la AP-1 a Briviesca

GERARDO GONZÁLEZ / BriviescaLa sorprendente negativa del Ministerio de Hacienda a atender el pago del 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del año 2009 al Consistorio briviescano será recurrida ante los tribunales. Según fuentes municipales, como en los casos precedentes, la Administración del Estado no ha abonado el importe del pasado años, alrededor de 200.000 euros, por lo que se reclamará ante los jueces.Este paso se dará una vez que se tome el acuerdo pertinente en el próximo Pleno Ordinario de la Corporación Municipal. Igualmente, se señala que, dado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento serán los encargados de la representación legal del Consistorio, la reclamación no devengará en gastos a las arcas locales.Vistos los procesos similares de años anteriores, se considera que, finalmente, se cobrará este impuesto local aunque los fondos llegarán con retraso hasta el dictamen de la Justicia. También han señalado que, en la petición de pago al Ministerio, se adjuntaron las sentencias favorables al Consistorio sobre este cobro de impuesto local, pese a lo cual se ha denegado formalmente la compensación.El procedimiento de negarse a pagar el noventa y cinco por ciento del IBI de la AP-1 ha sido sistemático por parte de la administración del Estado pese a las sentencias judiciales. De hecho, hace un año la larga batalla jurídica que el Ayuntamiento de Briviesca con el Estado, con gobiernos del PSOE y PP, en su reclamación del IBI de la AP-1 alcanzó dos claros éxitos. Así, en sendas sentencias de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 3 y 10 de junio se dio la razón al Consistorio.Unas sentencias que se concretaron en el pago a las arcas municipales los importes correspondientes a los dos periodos temporales objeto de reclamación ascendiendo uno a 448.813 euros y el otro a 428.172 euros sumando 876.985 euros.En ese momento también estaba en proceso de reclamación vía judicial otro pago por este mismo concepto de otro periodo ya que ha de reconocerse de forma explicita cada uno de ellos por los tribunales. Esta circunstancia de tratar de forma individual cada reclamación sin aplicación a procedimientos idénticos ha generado la necesidad de acudir de nuevo a los tribunales.Cabe recordar que el origen de esta situación, poco comprensible parte de la decisión del Gobierno, de ‘perdonar’ a la empresa concesionaria de la autopista AP-1 el 95% del impuesto de competencia exclusiva municipal. En el proceso judicial, el Consistorio briviescano logró su primer reconocimiento ante los tribunales en el periodo 1998-2003.Así, el fallo determinó que el Ministerio de Hacienda debería compensar al Ayuntamiento con un total de 626.000 euros ya que en este tiempo las arcas municipales sólo ingresaron el 5% de la cifra a la que tenían derecho.Tras este logro se dio continuidad al proceso de reclamación ya que en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se reconocía el derecho a percibir el pago del 95% en periodos sucesivos a los recogidos en la sentencia.Por ello, tras las dos nuevas sentencias, se presuponía que sería necesario continuar litigando, máxime tras la nueva prórroga que el actual Gobierno socialista ha concedido a la empresa concesionaria para la explotación de la autopista que se añade a la anterior que alargó de 2003 a 2017 la concesión, para cobrar el IBI.La singularidad del fallo al contencioso briviescano, que reconoce el derecho a percibir una deuda tributaria sin intereses devengados, pese a que la negativa a este pago partió de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, contrasta con la afirmación recogida en un caso similar en el mismo tribunal.En ese fallo se indicaba que «las corporaciones locales no deberán, en principio, soportar las exenciones y bonificaciones concedidas por el Estado» al tratarse de un impuesto de competencia exclusiva municipal. Además de esta inicial contradicción en el fallo, no se reconoció tampoco el derecho de percibir el pago del IBI de los siguientes años, concretamente 14, que rondaría el millón y medio de euros.La consecuencia es otra nueva negativa del Estado a pagar, obligando a retomar la vía judicial para percibir estos pagos que sólo supondría un perjuicio para el ayuntamiento.Esto es así ya que siguiendo la línea del fallo, Hacienda no pagaría intereses por el tiempo transcurrido entre la reclamación y el abono.Con este precedente del Ayuntamiento briviescano es muy probable que la reclamación del resto de los municipios del trazado burebano de la AP-1, gestionado por la Diputación, también se acabará dirimiendo en los tribunales, como se ha hecho hasta ahora.