Una empresa de demolición arroja escombros en una zona prohibida

J. MAIQUES / Burgos

La empresa Herrero Temiño, subcontratada por la constructora Javier Herranz para eliminar los residuos de la demolición de un ala del colegio Antonio Machado de la capital, podría enfrentarse a una importante sanción por incumplir la Ley de Residuos 10/1998 y arrojar los escombros en un vertedero no autorizado junto al municipio de Villayerno Morquillas. Una circunstancia que llama especialmente la atención por el hecho de que la empresa incumple una normativa que, sobre el papel, debería dominar a la perfección. Y es que Herrero Temiño es una de las tres empresas que gestionan en UTE, junto a Excavaciones Saiz y Julio, la planta de valorización para el Ayutamiento de Burgos en el barrio de Cortes.

Según ha podido saber este periódico, varios agentes del Seprona se desplazaron hasta el lugar para comprobar la veracidad de las irregularidades advertidas por una llamada telefónica e hicieron fotos en el lugar para dejar constancia del supuesto incumplimiento de una ley que es clara en este sentido y que obliga a que el escombro se traslade forzosamente a una planta de machaqueo (en Burgos sólo hay dos y Herrero Temiño participa en una de ellas).

Para conocer su versión de lo sucedido, este periódico se puso en contacto con la empresa pero no consiguió una explicación sobre lo sucedido. Sin embargo, sí la pudo saber a través de la delegación de la Junta de Castilla y León. Allí, la justificación dada por Herrero Temiño a la administración regional destacaba que lo ocurrido había sido poco menos que un accidente o un despiste (concretaron que porque el jefe se encontraba de vacaciones) y que sólo se habían desescombrado dos remolques. Es más, se ofrecieron a excavar en las tierras para demostrar que había sido un vertido menor.

Con todo esto, desde la delegación burgalesa Junta de Castilla y León se mostraron prudentes y afirmaron que esperarán a conocer los detalles de la denuncia.

Con todo esto, lo que sí parece que pudiera quedar probado es que, a l menos en una parte de los residuos, la empresa no habría pasado por caja y no habría efectuado el pago de unas tarifas que, en función del peso, establece el Ayuntamiento de la capital.

Sin licencia ni autorización

Pero el vertido irregular no es la única falta que supuestamente podría haber cometido la empresa. Según las informaciones que maneja este periódico, la empresa carecería de la licencia medioambiental exigida por el Ayuntamiento, y le faltaría, además, la autorización expresa de la Junta de Castilla y León. A todo esto, hay que añadir que la empresa no estaría autorizada a trabajar como gestor valorizador (para la eliminación del escombro) ya que se sólo podría recogerlo y transportarlo. Para su eliminación debería trabajar como parte de la UTE con la que trabaja o con la otra planta de machaqueo de residuos que existe en la capital.

En cuanto a una de las posibles sanciones derivadas por el incumplimiento de la Ley de Residuos 10/1998, de 21 de abril, la normativa discrimina entre leves, graves y muy graves. Según las consultas realizadas por este medio, Herrero podría haber cometido una sanción tipificada como grave y que la ley establece una sanción que oscilaría entre los 600 y los 30.000 euros.