Miranda insta a la Junta a asumir su «responsabilidad» en el consorcio de residuos
Dos «demoledores» informes cuestionan la actuación del Ayuntamiento de Burgos
GABRIEL DE LA IGLESIA / Miranda
Los «demoledores» informes redactados por el secretario general de la Diputación de Burgos y por la gerencia del Consorcio Provincial de Residuos han servido para dar mayor consistencia a la postura mantenida desde hace tiempo por los Ayuntamiento de Miranda y Aranda a respecto de la «deficiente» gestión de la entidad encargada de tratar los residuos de la provincia.
Ayer, el concejal de Medio Ambiente del Consistorio mirandés, Jesús Ángel Visa, tomaba la palabra para denunciar públicamente los «abusos» que está cometiendo sistemáticamente el Ayuntamiento de Burgos gracias a su «mayoría de bloqueo» en el consejo de administración de la institución. Según se expone en dichos informes, el Consistorio burgalés está cobrando al consorcio 23 euros por tonelada depositada en Abajas mientras que su gestión le cuesta apenas 13. Es decir, el Ayuntamiento de Burgos se está lucrando a razón de casi 10 euros por cada tonelada que el resto de municipios de la provincia depositan en mencionado vertedero.
Déficit
A juicio de Visa, esta es una situación que «no podemos permitir», máxime cuando el elevado coste del servicio está provocando un enorme déficit de las cuentas del consorcio de tratamiento de residuco que se pretende rebajar mediante el incremento de la tasa de recogida y tratamiento, que ya ha sido aprobada de manera definitiva gracias a los votos emitidos por el Ayuntamiento de la capital. «Burgos no participa en el consorcio mas que para imponer sus normas», subraya el concejal mirandés.
Ante tal tesitura, Visa considera que debe ser la Junta de Castilla y León la que tome cartas en el asunto para solucionar un problema que, según se plantea desde Miranda, tiene un origen muy concreto. «Lo que no podemos tolerar» es que Burgos sea la única provincia con consorcio de residuos pero sin un vertedero de titularidad provincial. De esta forma, el concejal mirandés insiste en la necesidad de abordar medidas correctoras que permitan mantener una buena gestión en una institución «necesaria» para cumplir la normativa en materia medioambiental.Posible salida
En el caso de que la Junta desoiga las exigencias elevadas desde la ciudad del Ebro y otros municipios afectados por la imposición de la nueva tasa, Jesús Ángel Visa se hace eco de las recomendaciones de los informes y pone sobre la mesa la posibilidad de que el Ayuntamiento de Burgos abandone el consorcio, ya sea de manera voluntaria o forzosa.
De momento, y a la espera de que tanto la Junta de Castilla y León como el resto de entidades involucradas en el conflicto den un paso al frente y comiencen a buscar una solución factible, el Ayuntamiento de Miranda mantendrá la misma postura defendida hasta ahora. Esto es, luchará por una gestión más adecuada de la institución utilizando los mecanismos articulados hasta la fecha en forma de presiones en el consejo de administración y presentación de recursos ante unas normas que «están viciadas».