El presupuesto de 2012 no se aprobará antes de fin de año

GABRIEL DE LA IGLESIA / Miranda

La convocatoria de elecciones generales para el próximo mes de noviembre obligará al Ayuntamiento a retrasar el debate y aprobación de los presupuestos del próximo ejercicio. Así lo anunció ayer el primer edil mirandés, Fernando Campo, que aseguró que el expediente no estará redactado antes de final de año, como ha sido costumbre durante los últimos ejercicios.

Y es que, tal y como señala el alcalde, «hasta que no sepamos cuánto dinero» va a ingresar el Ayuntamiento a través de las aportaciones del Estado y la Junta de Castilla y León -que también retrasará la aprobación del presupuesto por la misma razón-, no se podrá hacer un cálculo real de ingresos y gastos. «Eso nos lleva a una dinámica de lastre en todas las administraciones», explica Campo.

Eso sí, sea cual sea la cuantía de esas aportaciones, el presupuesto de 2012 se antoja restrictivo. No en vano, el propio alcalde reconoce que la falta de liquidez en las arcas municipales obligará a hacer «recortes fuertes» en numerosas partidas de «gastos voluntarios». Así, aunque todavía no hay nada decidido, el alcalde confirma que «ya estamos preparando una hoja de ruta» que marcará la línea de trabajo en esta materia y que será presentada «después de las fiestas de septiembre».

A la espera de conocer al detalle las propuestas del equipo de Gobierno, Campo destaca que «vamos a empezar de 0» en todos los departamentos, aplicando una política de priorización de servicios que obligará a replantear el futuro de alguno de ellos. «El criterio prioritario» será el de «mantener» todas aquellas subvenciones y convenios de ayuda a asociaciones que «trabajan con personas en una situación crítica». El resto, subraya Campo, serán susceptibles de revisión y muchas de ellas podrían recudirse significativamente o incluso  ser eliminadas por completo, aunque sea «traumático».

Por su parte, otra de las materias que sin duda marcará la planificación de los presupuestos del año que viene será la aplicación de la Ley de Dependencia, una normativa que «tiene que desarrollar la Junta» y no los Ayuntamientos, tal y como está sucediendo en la actualidad. «Me imagino que es porque tampoco tienen dinero», justifica Campo.

A este respecto, desde el Consistorio mirandés se apoyarán todas aquellas propuestas de la Federación Española de Municipios y Provincias que insten a las administraciones regionales a asumir las «competencias impropias» que hoy en día están siendo desarrolladas pos las corporaciones locales.

Paralelamente, el Ayuntamiento seguirá exigiendo a la Junta el pago de aquellas partidas comprometidas que aún no han sido transferidas. No en vano, la administración autonómica tiene actualmente «una deuda de varios millones de euros» con el Consistorio mirandés. «Nos debe casi un millón de euros del ARCH, no ha pagado ninguna certificación del Apolo, nos debe otro millón de euros por temas de Servicios Sociales y de la Ley de Dependencia no ha pagado ni un duro», resume.

Subida «razonable» de impuestos

A la espera de conocer el impacto que tendrá la crisis en las aportaciones de la Junta y el Estado, lo que parece claro es que será necesario incrementar los ingresos a través de los impuestos para cuadrar las cuentas municipales. En este sentido, Campo admitía ayer ser partidario de “hacer una subida de impuestos razonable” que en todo caso quedaría supeditada al incremento del IPC interanual.

Tampoco se descarta aplicar una subida de precios de las diferentes tasas municipales, sobre todo de las correspondientes a aquellos servicios más deficitarios, como puede ser el polideportivo, que desde hace años arrastra un déficit de cientos de miles de euros.

Por su parte, estos posibles incrementos de tasas e impuesto se intentarán compatibilizar con un ahorro de los gastos corrientes del Ayuntamiento. En este sentido, Campo adelantaba ayer que durante los primeros días de septiembre se remitirá una carta a todas las instituciones e infraestructuras dependientes del Consistorio para que procedan a aplicar nuevas medidas de ahorro en la factura eléctrica. Medidas que en algunos casos serán “dolorosas” pero que, según el alcalde, son “necesarias” para cumplir con los objetivos de contención del gasto corriente.

Se trataría, en definitiva, de dar un impulso más a las políticas de ahorro planteadas a raíz de la crisis y que hasta la fecha han tenido un efecto curioso. Y es que, a pesar de haber reducido el consumo energético, el incremento de los precios de la electricidad ha provocado un repunte en la factura.