El PP critica los incumplimientos del Gobierno con el Plan Garoña

G. DE LA IGLESIA / Miranda

El Plan Garoña «no se está cumpliendo y además es imposible que se cumpla» antes de que se clausure la central nuclear del Valle de Tobalina. Así al menos lo afirma el portavoz del Grupo Popular en las Cortes regionales, Carlos Fernández Carriedo, que ayer se desplazó hasta Miranda para presentar los detalles de una proposición no de Ley mediante la que se pretende instar al Gobierno a «presentar un informe completo de evaluación y seguimiento del Plan Garoña» que permita conocer con certeza el nivel de ejecución de los proyectos planteados y la previsión de cara a los próximos ejercicios.

«Han pasado más de dos años» desde que el Plan fuera anunciado por el Gobierno y «todo hace pensar que para nada se van a cumplir» los compromisos adoptados, subraya Carriedo. De hecho, algunas de las grandes inversiones planteadas, como el desdoblamiento de la N-1 entre Burgos y Miranda, ya han sido directamente eliminadas del Plan tras los recortes efectuados por el Ministerio de Fomento.

Tampoco se sabe nada en torno a la construcción del Parador Nacional proyectado inicialmente en Las Merindades. Y eso a pesar de que recientemente se ha aprobado la construcción de dos Paradores en Galicia y Guadalajara. A este respecto, Carriedo critica que el Ejecutivo central «se ha olvidado del compromiso» adoptado en 2009.

Por todo ello, el PP defenderá la proposición no de Ley en la sesión plenaria de las Cortes regionales programada para la semana que viene. Y lo hará buscando el apoyo de todos los grupos, incluido el PSOE. No en vano, subraya su portavoz, «no pedimos que se mantenga» la actividad de la central, sino simplemente «que nos digan la verdad» en torno al Plan Garoña. «Ni siquiera estamos pidiendo que lo cumplan», concluye.

Continuidad

Eso sí, a pesar de que la proposición no menciona para nada la continuidad de la planta nuclear del Valle de Tobalina más allá de 2013, desde el PP se sigue exigiendo su continuidad en base a los informes favorables emitidos en su día por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). No en vano, «este es el peor momento» para plantear el cierre de la instalación, ya que su clausura supondrá la pérdida de alrededor de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

En este sentido, Carriedo insiste en que «nuestro compromiso» pasa por derogar la orden de cierre en el caso de que el PP gane las elecciones generales del próximo mes de noviembre. «Estamos en condiciones» de pedir un nuevo informe al CSN para empezar a trabajar en la concesión de una nueva prórroga hasta 2019 si los técnicos de la institución así lo avalan.

Así, «si todo está conforme a lo previsto», sostiene Carriedo, la planta podría funcionar hasta 2019, tal y como solicitó Nuclenor en su día. A partir de ahí, subraya, el próximo Gobierno tendrá siete años para preparar un plan alternativo con mejores expectativas que el actual, el cual fue aprobado por Consejo de Ministros en noviembre de 2009. Desde entonces sólo una pequeña parte de los 950 millones de euros previstos han sido invertidos y apenas se han consolidado algunas decenas de puestos de trabajo a través de las ayudas del Reindus.