Las Cortes instan al Gobierno a evaluar la ejecución del Plan Garoña

GABRIEL DE LA IGLESIA / Miranda

Las Cortes regionales aprobaron ayer gracias a los votos a favor del PP y del Grupo Mixto una proposición no de Ley mediante la que se insta al Gobierno central a que presente un informe completo sobre el seguimiento del Plan Garoña.

A través de la propuesta presentada por los populares se pretende presionar al Ejecutivo de Zapatero para que dé cuenta de los incumplimientos que se vienen registrando en la aplicación del Plan. Y es que, según destacaba ayer Cristina Ayala, varias de las actuaciones más importantes de las contempladas en el documento han quedado relegadas a un segundo plano dos años después de que el Consejo de Ministros lo aprobara.

En este sentido, la procuradora del PP ponía ayer el ejemplo del Parador Nacional proyectado en la zona de influencia de la central, de cuya construcción todavía no se sabe nada a pesar de que el Gobierno ha dado luz verde a dos nuevos Paradores en los últimos meses.

También han pasado a ser papel mojado otros compromisos contemplados en el Plan, como el desdoblamiento de la N-1 entre Burgos y Miranda o la construcción de la autopista Dos Mares, paralizada desde hace meses.

Además, subraya Ayala, muchas de estas actuaciones ya estaban previstas antes de la aprobación del Plan, lo que a su juicio supone el «primer timo» por parte del Gobierno. Mientras tanto, señala la procuradora, la zona de influencia de la planta ha comenzado a perder población debido a la «caprichosa» decisión del Ejecutivo central de clausurar la instalación en julio de 2013.

En este sentido, desde el PP se sigue entendiendo que la mejor manera de asegurar el millar de puestos de trabajo directos e indirectos que genera Garoña en el entorno es mantener su actividad hasta 2019, fecha avalada por los informes del Consejo de Seguridad Nuclear.

Eso sí, la propuesta presentada ayer no mencionaba en ningún punto la continuidad de la planta, sino que se refería exclusivamente a la aplicación del Plan, por lo que el procurador de IU, José María González apoyó la iniciativa entendiendo que las actuaciones comprometidas son necesarias para el futuro de la zona.

Enmienda socialista

Por su parte, el PSOE rechazó la propuesta asegurando que el Gobierno «no tiene nada que ocultar» a respecto del Plan. De hecho, David Jurado, procurador socialista, insistía ayer en que la Administración central es la única que ha planteado propuestas en este sentido, mientras que la Junta de Castilla y León no ha hecho nada.

Por eso, el Grupo Socialista presentó una enmienda de adición mediante la que pretendía que la Administración regional también se implicara en la puesta en marcha de medidas que permitieran compensar los negativo efectos que tendrá el cierre de la instalación nuclear en la economía del norte de Burgos. Obviamente, la enmienda fue rechazada gracias a la mayoría absoluta de los populares.