Denuncian irregularidades en la contratación del proyecto de Vía 10

G.I.T. / Miranda

Un año después de iniciar el proceso de contratación, el Boletín Oficial de la Provincia publicaba ayer una resolución mediante la que se adjudicaba definitivamente al Estudio DAU la redacción del proyecto de construcción de viviendas en régimen de alquiler con opción a compra promovido por Vía 10 en la zona de ampliación del PR-1. Una adjudicación que ha conseguido inflar los ánimos de varios de los estudios de arquitectura que se presentaron al concurso.

Y es que, un grupo de arquitectos está dispuesto a recurrir la resolución ante los tribunales al considerar que el concurso no se ha llevado a cabo según las condiciones estipuladas inicialmente que planteaban la necesidad de presentar una propuesta arquitectónica y urbanística que cumpliera los criterios mínimos planteados por Vía 10 en el anteproyecto.

Según explica José Antonio de Juana Alústiza, uno de los afectados por el proceso, Vía 10 ha adjudicado el proyecto «con un criterio distinto» al planteado en la licitación. El arquitecto asegura que todas las empresas invitadas a participar en el proceso cumplieron este trámite a excepción de la adjudicataria.

«Se presentaron los proyectos básicos», pero, según denuncia Alústiza, Estudio DAU «no ha elaborado ningún plano ni documento técnico». «Lo único que han hecho ha sido adherirse al anteproyecto asegurando que, en caso de resultar adjudicatario, resolverían el proyecto». Y todo eso sumado al retraso con el que se ha llevado a cabo el proceso. «Empezó hace más de un año y han estado esperando para resolver una modificación del PGOU que permitiera aumentar la superficie edificable» y que, finalmente, no ha logrado llevarse a cabo, explica.

Vista la situación, varias de las empresas que acudieron al concurso decidieron alegar contra la adjudicación inicial, si bien, «todavía no nos han contestado» y la operación ha sido aprobada de manera definitiva. «Ni siquiera se nos han tenido en cuenta las alegaciones» a pesar de que, a juicio de los arquitectos afectados, el proceso debería «estar sometido a la Ley de Contrataciones de la Administración Pública». No en vano, subraya Alústiza, «Vía 10 es una sociedad mixta, pero el capital mayoritario es público», ya que Viranda controla el 51 por ciento de la misma, mientras que Caja de Burgos controla el resto.

Además, insiste el arquitecto, el informe sobre el que se sustenta la propuesta de adjudicación, valorada en 225.000 euros, «no está firmado ni avalado por nadie», por lo que el resultado del concurso debería invalidarse.

Así las cosas, el grupo de empresas que alegaron en contra de la adjudicación están dispuestas a recurrir a la justicia ordinaria en caso de que Vía 10, y por extensión Viranda y el propio Ayuntamiento, no abra otro proceso debidamente regulado. «Parece que no nos va a quedar otra opción que seguir con el contencioso» en los tribunales y exigir «una indemnización» a Vía 10 por los gastos generados durante la redacción de las propuestas. «Tener a un equipo de arquitectos redactando un proyecto básico durante un mes es mucho dinero para que luego se desprecie ese trabajo de la forma en la que lo han hecho», sentencia Alústiza.