El PP rechaza pedir a la Junta que gestione las residencias de mayores

M. M. / Burgos

«Nosotros tenemos problemas económicos pero también las otras administraciones tienen las mismas cargas, así que como sabemos que es una utopía pensar que otras van a hacerse cargo de este alto coste, seguiremos realizando este servicio». Con estas palabras rechazó el popular Borja Suárez -en representación de su grupo-, la proposición que el grupo socialista de la Diputación llevó al Pleno que se celebró ayer. En ella, el PSOE pedía al Pleno aprobar que se exija a la Junta que se haga cargo de la gestión de las cinco residencias de mayores, en la actualidad a cargo de la Diputación.

Ante esta respuesta, el socialista José María Jiménez criticó al PP esta postura, «ya que para que nos den habrá que pedir, en lugar de aceptar esta situación que le cuesta a la Diputación más de 16 millones de euros, los cuales podrían destinarse a planes provinciales y de agua, que sí son tarea de la Diputación», reprochó. Asimismo, Jiménez recordó al popular que las competencias sociales están en manos del Gobierno regional, por lo que insistió en que con su proposición «sólo se pide que se exija a la Junta ocuparse de sus competencias», reprochó.

Desde el grupo de Unión Progreso y Democracia (UPyD) Rosario Pérez expresó el acuerdo de su partido con el PSOE, e insistió en que tener estas residencias «no es competencia de la Diputación, como tampoco lo son los colegios -de nuevo tarea de la Junta-, tema que también habría que revisar», afirmó. «O al menos pedir al responsable de dicha labor, la Junta, que mientras la Diputación se ocupe de ellas, cuente al menos con partidas regionales con las que ayudar a ésta a financiar esas competencias impropias».  

Sin embargo, Suárez matizó que si bien la Diputación seguirá con este servicio, «por considerarlo muy propio además de 'santo y seña' de la labor de esta Diputación», también matizó que «no renunciaremos a pedir que nos ayuden en esta labor», afirmó. Así, explicó que ya se están dando pasos adelante al respecto, con las reuniones que los responsables regionales y de las diferentes Diputaciones Provinciales están llevando a cabo, como parte del proceso de creación de la Ley de Ordenación Territorial. «Con la que se definirá el papel de las Diputaciones y las competencias de todas las Administraciones», comentó.  

Suárez insistió en que este servicio es fruto de acuerdos con otros ayuntamientos, «lo que da lugar a la atención de 801 personas». «De las que apenas la atención a medio centenar de ellas es, de verdad, fruto de acuerdos con otros ayuntamientos como son el de Burgos, Miranda o Aranda», apuntilló Jiménez.  

Por otro lado, quedó sobre la mesa la proposición de UPyD para que la Diputación pida al Congreso de los Diputados que modifique la Ley Hipotecaria permitiendo la dación de pago, a la espera de que -tal y como pidió el grupo popular- se elabore un texto común entre todos los grupos al respecto.

Asimismo, la liquidación del presupuesto de 2011 dio lugar a diversas lecturas de la misma en el Pleno, ya que mientras el PP destacaba el cierre de éste con un superávit de 780.000 euros sobre el del anterior año 2010, el PSOE recordó que este último ya traía consigo una deuda de 18 millones. El único punto en claro, el hecho de que la Diputación supera el 75% de endeudamiento permitido por la Ley de Entidades Locales, que le impedirá pedir más créditos para llevar a cabo su labor.