Villarcayo muestra su rechazo a la eliminación del partido judicial

M. M. / Burgos

«Queremos mostrar nuestro rechazo al posible cierre del Partido Judicial de Villarcayo, ya que nadie se ha molestado en preguntarnos antes de elaborar esta propuesta que hoy se lleva ya a aprobación, y en la que no vemos nada de ahorro sino antes bien, graves perjuicios para los ciudadanos burgaleses».

Con esta contundencia explicaba ayer la alcaldesa de Villarcayo, Mercedes Alzola, la razón de ser del escrito que desde el Ayuntamiento que encabeza, se ha enviado a los responsables del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),. «Y dejar bien clara nuestra postura en contra de la propuesta de reforma del mapa de partidos judiciales que han hecho» -la cual supondría la desaparición del existente en Villarcayo- «y que se lleva a aprobación hoy», añadió la edil burgalesa. Afirmó que la cuestión también se llevará a las Cortes regionales para su tratamiento.

Como argumentos que apoyen su postura, desde el Consistorio de Villarcayo recuerdan en su escrito que la zona a la que atienden los dos juzgados que configuran el Partido Judicial de Villarcayo, cuenta con una población flotante de más de 130.000 personas repartidas en las más de 400 entiudades locales que configuran sus 26 municipios, «lo que lo convierte en el segundo Partido Judicial más extenso de toda España», recalcó Alzola. Ambos juzgados resolvieron en 2011, más de 4.800 asuntos civiles y penales.

Asimismo, remarcan que la eliminación de Villarcayo del mapa judicial y el traslado de sus servicios al Partido Judicial de Miranda de Ebro, supondrá que los ciudadanos tendrán recorridos de más de una hora cada vez que necesiten realizar cualquier trámite. «Y eso por carreteras francamente mejorables, lo que pone además en peligro la seguridad de la población».

Alzola también destacó que no se sabe qué va a pasar con los edificios de los juzgados, ni con el personal - -los dos juzgados de la localidad cuentan con una veintena de trabajadores-, con lo que no tenemos nada claro su futuro». Por ello han pedido aclaraciones al CGPJ, «lo que trasladaremos también al Ministerio de Justicia y al presidente del Gobierno, para que nos digan dónde están la optimización de servicios y el ahorro, porque nosotros no los vemos por ningún sitio».