Inician una campaña de firmas contra la supresión de los partidos judiciales

CARMELO GARCÍA  / SalasColectivos ciudadanos, formados por asociaciones empresariales y culturales, ayuntamientos, profesionales, comerciantes y otros movimientos cívicos, han puesto en marcha, en los partidos judiciales de Briviesca, Lerma y Salas de los Infantes, la recogida de firmas de apoyo a un manifiesto que pide el mantenimiento de los Juzgados de estas localidades, amenazados por un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que propugna su desaparición.La iniciativa ha partido del colectivo de abogados de los ámbitos judiciales que se verían afectados, que se ha puesto en contacto con el resto de los participantes en la nueva movilización que se pone en marcha en este sentido.En el texto del comunicado se recogen una serie de motivos para el mantenimiento de dichos partidos judiciales, que se fundamentan en destacar el carácter de servicio público de la Justicia, que debe estar accesible a toda la ciudadanía y no discriminar a la población del medio rural.También se apela a las características geográficas y humanas de la provincia de Burgos, que tiene una gran extensión territorial, a la par que una gran dispersión de la población en pequeños núcleos, y con una pirámide poblacional  en la que destaca el segmento de avanzada edad.En la recogida de firmas, que se extenderá hasta el próximo día 6 de julio, se expresa «el rechazo a la propuesta de supresión de los partidos judiciales de Briviesca, Lerma, Salas de los Infantes y Villarcayo», y la intención de los promotores es hacer llegar las signaturas recogidas a las autoridades pertinentes.El documento de firmas expone siete consideraciones para solicitar del Poder Judicial y de las Administraciones competentes el mantenimiento de los partidos judiciales expresados y la retirada de la propuesta que defiende su supresión. Dicen que «aleja la Administración de Justicia de los ciudadanos», «es contraria a su carácter como servicio público, accesible a toda la ciudadanía»,  «conllevará la reducción sustancial de otros servicios relacionados necesarios para el ciudadanos; dicen que «no supone ningún ahorro para la Administración y, por el contrario, supone un mayor coste para los ciudadanos por el gasto de desplazamiento y la pérdida de tiempo», «degrada aún más la economía de las poblaciones donde están situados los Juzgados, cuya presencia dinamiza los negocios de la zona» e «incrementa el coste y pérdida de tiempo que supondría para los ciudadanos de estas zonas sus desplazamientos a las cabeceras de los nuevos partidos concentrados, sin ningún ahorro paralelo para la Administración» son los motivos aludidos por los letrados en la campaña.Más iniciativasPor otro lado, se ha difundido a través de internet una campaña dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, similar a la recientemente realizada ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por medio de cartas nominales, y de la que se hizo eco este medio de comunicación.En este caso, los apelantes, indican, por correo electrónico, a Concepción, que «los problemas que tiene la Justicia en España no se arreglan con medidas de ese tipo, que más bien parecen de carácter endogámico, y si hay desajustes y dificultades en ciertos juzgados ¿no será más razonable y sensato proponer mejoras o reformas en ellos, y no hablar de una absurda ‘revolución’, que agravaría la situación económica en la que vive el país? (A lo que se podría añadir el escarnio relacionado con sedes judiciales recientemente estrenadas, como la de Salas de los Infantes, y otras que se están diseñando en la actualidad)», explican.