INCERTIDUMBRE
La nueva ordenación territorial dejará 'en el aire' a 625 pueblos
Las palabras de Montoro hacer prever que muchos, con mínima población y escasos recursos, perderán sus competencias y su rango
M. M. / Burgos
La nueva ordenación territorial que el Gobierno central está ultimando podría suponer la 'casi' desaparición operativa de más de 600 pueblos de la provincia burgalesa, tal y como parece derivar de la anunciada supresión de las 3.725 entidades locales existentes, que hizo recientemente el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro. De ellas, 2.230 se encuentran en la región, de las que a su vez, 625 están el conjunto de la provincia de Burgos.
Montoro dio así a conocer el informe que completa las pautas recogidas en el borrador de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que desde su área se está llevando a cabo desde hace unos meses, y que ha pasado a denominarse 'Anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local'.
Notoria es la incertidumbre generada, sobre todo tras las palabras del ministro Montoro, ya que dicha iniciativa supondrá, entre otras medidas, que las pedanías y parroquias pasarán a los ayuntamientos de los que dependan, perdiendo así prácticamente toda potestad de decisión, al desaparecer con dicho paso, gran parte de sus competencias actuales.
El ministro Montoro se refirió a estas entidades como «parte de una Administración local opaca, que no rinde cuentas» y por ello, «hay que simplificar y calibrar las actividades que están realizando».
Asimismo, y como parte de dicho informe se recoge la desaparición de las mancomunidades- cerca de medio centenar en el caso de la provincia burgalesa- , siempre que su sostenibilidad financiera pueda estar en duda, siendo las diputaciones provinciales las que adoptarían las competencias ahora en manos de dichas mancomunidades. En el informe se detalla que el 71,3% de las mancomunidades españolas incumple la obligación de presentar sus cuentas anuales, algo que cumple, siempre según el informe estatal, el 90% de las diptuaciones provinciales.
Una de las finalidades destacada por el ministro es también agrupar servicios, ya que según Montoro, el gasto de ofrecer servicios a los ciudadanos es cuatro veces, más caro en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes -que el informe estatal cifra en unos 2.613 euros por habitante-, frente a los casi 653 euros por persona que suponen en el caso de municipios de más de 100.000 habitantes.