El Pleno declarará a Miranda como ciudad ‘libre de fracking’

J. C. R. / BurgosFaltaba por pronunciarse contra la técnica del ‘fracking’ un gran ayuntamiento en la provincia. Y ya ha llegado. El Pleno del Ayuntamiento de Miranda aprobará pasado mañana jueves en su sesión ordinaria una proposición presentadas por el grupo socialista e IU en la que se declara a Miranda como municipio libre de fracturación hidráulica (fracking). La moción recoge que no se permitirá «que se utilice esta técnica en todo su territorio».Así, el Consistorio se opone «a cualquier licencia concedida o que se pueda conceder para la investigación y explotación de hidrocarburos en el término de Miranda» y su entorno.Al mismo tiempo se instará a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España a que «deniegue la concesión de permisos» tendentes a búsqueda de gas por medio «de la fractura hidráulica» y «suspender los permisos en vigor, así como a elaborar una norma que prohíba dicha técnica».La declaración de Miranda llega apenas una semana después de la primera gran protesta ciudadana en Burgos contra la técnica de extracción de gas por estos medios. En la provincia ya se han pronunciado en contra ayuntamientos como los de Merindad de Valdeporres, Medina de Pomar, Espinosa de los Monteros, Valle de Mena, Partido de la Sierra de Tobalina, Junta de Traslaloma, Valle de Valdebezana, Trespaderne, Frías, Valle de Manzanedo y la Merindad de Montija. A la ciudad de Miranda y su entorno le afecta el permiso ‘Libra’ de 37.893 hectáreas y que cubre, además, territorios de Álava; un permiso concedido a Frontera Energy Corporation SL.800 firmasCon respecto a la manifestación del pasado sábado entre El Crucero y Villarcayo, la Alianza por la Unidad del Campo de Burgos ha informado de que después de repasar el acto reivindicativo y después de haber recopilado todas las informaciones, apunta que «salieron 22 tractores, 200 vehículos, once bicicletas y se recogieron 800 firmas» contra el ‘fracking’.JusticiaEn el Pleno del jueves se debatirá otra moción de PSOE e IU a través de la cual se exige al Gobierno que «promueva la retirada de la Ley 10/2012» por la que se regulan las tasas de la Administración de Justicia y «se deje sin efecto».Al mismo tiempo, reclaman que el Gobierno «garantice que nadie vea limitado su derecho» de acceso a la justicia «por no poder hacer frente a una tasa judicial».  El Pleno se celebrará el jueves que viene a las 12.00 horas.