Treviño fecha el inicio del proceso de divorcio de Burgos el 8 de marzo

M. M. / Burgos

Los responsables de los ayuntamientos de Treviño y de Puebla de Arganzón llevarán al Pleno extraordinario del día 8 de marzo la petición de segregación del enclave de la provincia burgalesa, así como de la Comunidad de Castilla y León, con la intención de pedir su posterior integración en la vecina comunidad vasca. Con este anuncio cumple el alcalde de Treviño, Ignacio Portilla, la afirmación realizada hace apenas dos semanas a este periódico en la que aseguraba que dicha petición sería llevada a Pleno antes de un mes, abriendo así la puerta a un proceso 'de divorcio', que como recalcó entonces «era reclamado por los treviñeses».

El anuncio sin embargo, no 'pilló' de sorpresa al presidente de la Diputación, el popular César Rico, quien ya tuvo oportunidad de conocer las intenciones del edil de boca del propio Portilla, con quien se reunió en la Diputación. Por ello, tras conocerse ayer la fecha en que Treviño prevé iniciar oficialmente los trámites para intentar lograr su segregación de Castilla y León, César Rico quiso reiterar la posición unánime del Partido Popular al respecto, «que es la defensa de la permanencia de Treviño como parte de la provincia burgalesa, ya que así lo marca el estatuto de Castilla y León».

Rico sin embargo, no dudó en puntualizar que si bien desde la institución provincial que preside la postura es idéntica, «eso no significa que esta postura vaya en perjuicio de la labor de servicio que la Diputación tiene para con todos los ayuntamientos que forman parte de la provincia burgalesa, entre los cuales por supuesto está Treviño y su entorno, en los que los ciudadanos tienen iguales derechos que en el resto de la provincia».

Por ello, calificó de «peregrino» y de tener «nulo sustento», el argumento defendido por el edil treviñés para iniciar el procedimiento legal con el que buscar lograr la segregación, de la falta de servicios que sufre la población treviñesa. «Es una argumentación que no se sustenta, ya que en su momento se llevaron a cabo convenios de colaboración entre el presidente Herrera y el entonces lehendakari vasco, Patxi López, con los que se aseguraban la atención sanitaria. «Además de ser necesario dejarse de argumentos peregrinos basados en que se tengan derechos según se viva en una región u otra, ya que el derecho a la sanidad es universal para todos».

No dudó así en calificar este proceso como «fruto de intereses personales y no en razones objetivas», reprochó, «los mismos que llevaron a que se buscara retirar de la Alcaldía a Inmaculada Ranedo y su equipo - quienes habían sido elegidos por los propios treviñeses, mediante una moción de censura», criticó.

De todas formas reiteró la intención de la Diputación de solicitar el pertinente informe jurídico al respecto de la propuesta de Treviño, la cual afirmó en Burgos Portilla, les será remitida a la institución provincial y regional para su conocimiento, dando así los pasos legales que marque  la Ley», afirmó entoncesa.