Campo reclama que se retire la reforma de la Administración local
El vicepresidente de la FRMP se abstuvo en la votación de las alegaciones que se presentaron a la ley, y pide que se redacte otra ley «con la participación de todos»
Y. P. E. / Burgos
El alcalde de Miranda de Ebro y vicepresidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Fernando Campo, solicitó ayer la retirada de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local.
El debate no deben ser las alegaciones al anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que propone el Gobierno sino la retirada de la Ley, sostuvo tras la reunión celebrada en Valladolid de la FRMP.
Campo considera que «algunas alegaciones presentadas pueden ser hasta razonables», pero insistió en que la normativa propuesta por el Ministerio de Hacienda «es perjudicial para los ayuntamientos de la Comunidad».
En este sentido, aseguró que la reforma de la Administración Local debería volver a redactarse «con la participación de todos» y no «impuesta por el Gobierno».
Añadió que debería adjuntarse un proyecto de reforma de Haciendas Locales en el que se aborde la financiación local, según un comunicado emitido por el PSOE.
El alcalde de Miranda se abstuvo en la votación de las enmiendas que la FRMP enviará a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La Federación Regional de Municipios y Provincias aprobó un total de ocho enmiendas a la ley. Dos de ellas solicitan un trato difeerencial para los municipios de Castilla y León, comunidad que agrupa al 25% del total de ayuntamientos de España. También, se pide al Gobierno que permita a los alcaldes de municipios de menos de 1.000 habitantes tener una remuneración de 10.000 euros brutos anuales, el 10% del salario de un secretario de Estado, según recoge Ical.
El resto de las alegaciones a la reforma local se centran en la autonomía municipal, las competencias sobre los consultorios locales y los colegios, el denominado ‘coste estándar’ de los servicios, la figura del interventor o los plazos para los procesos de traspaso competencial. La FRMP pide que las comunidades autónomas asuman la ejecución y financiación de las competencias en sanidad y educación, mientras la Junta sostiene que la limpieza de los colegios corresponde a los ayuntamientos. Según el Gobierno autonómico, asumir estas intervenciones supondría un gasto anual de entre 700 y 1.000 millones.