CONTROL E INFORMACIÓN
PRCAL pide a la Junta un plan integral de gestión de residuos
Critica que no se hayan creado las 10 plantas previstas, ni estén regulados los espacios y precios acordados con empresas privadas
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M. M. / Burgos
El Partido Regionalista de Castilla y León (PRCAL) pidió ayer que la Junta elabore un plan integral de residuos provenientes de los movimientos de tierras, en el que establezca dónde deben llevarse este tipo de materiales, así como qué precios deben pagar los municipios y empresas que los utilicen. Pero exigen también, que desde el área de Medio Ambiente del Gobierno regional se lleve a cabo de forma paralela a la elaboración de dicho plan, una campaña informativa sobre dónde se hallan esos espacios habilitados.
«Y sobre todo, sobre qué sanciones se impondrán a todos aquéllos que de forma totalmente incívica abandonan este material en espacios no habilitados para ello, en cualquier lado de nuestros campos», explicaba el presidente de la agrupación, José Ignacio Delgado.
Acuerdos sí, pero regulados
El responsable regional del grupo añadió que en este momento existe un total descontrol al respecto, ya que si por un lado se están clausurando vertederos, por otro sin embargo se está generando -en su opinión- un nuevo problema «al no haberse construido las diez plantas previstas por el Gobierno regional como destino de estos materiales, lo que está haciendo proliferar los vertederos incontrolados por toda la provincia».
Delgado explicó que desde su partido entienden perfectamente que la Junta haya pactado con Asemtibur (Asociación de empresarios de Movimientos de Tierra de Burgos), poder contar con las instalaciones propias de algunos de sus asociados, «algunas de las cuales sabemos que se están poniendo a disposición de los empresarios del sector en la provincia -o que están realizando trabajos en ella- tras el pago por su uso, como es normal», afirmó.
Pero aclaró que «no debe permitirse que éstas pongan los precios a conveniencia, dando lugar a costes diferentes en unos lugares que en otros», reprochaba. Por ello, insistió en que la Junta marque esos precios en los convenios con estas empresas, «así como un canon a modo de fianza recuperable tras demostrar que se han llevado los residuos donde se debe».